Operación policial con 142 detenciones contra la mafia armenia por amaño de partidos y tráfico de drogas y armas

Un operativo policial coordinado por la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo este martes la detención de 142 personas presuntamente vinculadas a la mafia armenia. La operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarrasa (Barcelona), afecta principalmente a ciudadanos armenios residentes en Cataluña, Madrid y Valencia.

De acuerdo con información oficial proporcionada por Anticorrupción, la investigación se centra en presuntos delitos de organización criminal, contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contrabando de tabaco, tráfico de estupefacientes, corrupción entre particulares, extorsión, amenazas y coacciones, tentativa de asesinato y lesiones, receptación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y falsedad en documentos oficial y mercantil.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se habría comprobado la convivencia en España y otros lugares de Europa de ladrones en ley (cabecillas de las organizaciones mafiosas) de origen armenio que controlarían "poderosas estructuras en el primer escalón delincuencial" de estas bandas.

Anticorrupción explica en un comunicado que los ladrones en ley gobiernan uno o más territorios, que pueden coincidir o no con las fronteras políticas establecidas, siendo los responsables últimos y directos de las modalidades delictivas que en ellos se desarrollan. Los acuerdos para el reparto y asignación de territorios, así como las especialidades delictivas a desarrollar, se adoptan en las llamadas skhodkas, marco en el que los cabecillas establecen las líneas estratégicas básicas de actuación y donde tienen lugar las nuevas coronaciones.

Desde el punto de vista económico, estas asociaciones delictivas se dedican al manejo, custodia y blanqueo del dinero de la organización, que se deposita en la denominada obschak o caja común. La gestiona el ladrón en ley y a ella deben contribuir todos los integrantes con un porcentaje de los beneficios obtenidos de las actividades criminales, sobre la base de una distribución acordada.

Existen, además, aportaciones periódicas que realizan los miembros de la organización por el mero hecho de su pertenencia a la misma.

Las cajas comunes consideradas territoriales tienen, a su vez, que revertir parte del capital o dinero que contienen mediante aportaciones a una caja común global.

Además de las detenciones, que han sido practicadas por el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d’Esquadra, el Juzgado ha autorizado 73 entradas y registros en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid y Albacete. El juez también ha acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y diferentes muebles e inmuebles.