Los agentes de la UDEF han iniciado esta martes una operación contra un posible caso de corrupción en la adjudicación de los concursos para la colocación de radares en decenas de ayuntamientos de España. 

Se trata de los radares que utilizan las policías municipales, además de la regulación del tráfico con semáforos y la gestión de multas. Se investiga si ha habido amaños para conceder estos concursos a una empresa filial de grupo Sacyr, Aplicaciones Gespol S. L.

La 'Operación Enredadera' afecta a decenas de municipios principalmente en Madrid, Barcelona y León, que estarían gobernados por distintos partidos políticos. Aunque las primeras investigaciones comenzaron en Cataluña, donde la empresa de Sacyr tiene su sede. 

Entre los detenidos está el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos. Se trataría del primer regidor de la formación naranja arrestado por corrupción. También se investiga a uno de los tenientes de alcalde y a un técnico del consistorio de esta localidad madrileña. La lista de delitos que se investiga en esta operación es larga: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes policiales han detallado a Efe que se han realizado 33 detenciones en distintos municipios y 15 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones.

La empresa Aplicaciones Gespol S. L. es una firma informática que tiene como objeto social la prestación de servicios propios de la actividad de ingeniería de tráfico y movilidad urbana.

La Operación Enredadera está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y bajo la vigilancia del juzgado de instrucción número 2 de Badalona que ha declarado secretas las actuaciones.

Ayuntamientos registrados

La Policía Nacional ha practicado 49 entradas y registros en varios Ayuntamientos, despachos y sociedades, así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de al menos 5 comunidades autónomas.

Uno de los consistorios registrado, dentro de esta operación, fue el Ayuntamiento de León. Tres furgones policiales permanecen en los aledaños del edificio  y se prevé que pueda haber alguna detención en esta localización.

También se ha personado en el de Teruel hacia las 09.30 horas y han procedido al desalojo de la mayor parte de funcionarios y trabajadores municipales. A esta hora continúa el registro de las dependencias con presencia de algunos altos funcionarios y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

Otro de los consistorios afectados es el de Oviedo. Allí están recabando información en el área de Seguridad Ciudadana y en la de Contratación. Están colaborando con los agentes el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, y el de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, que estos días es el responsable en funciones del área de Contratación.

Fuentes del Ayuntamiento han remarcado que ninguna de las empresas que supuestamente están relacionadas con los posibles amaños es la actual adjudicataria del contrato de semáforos de la capital asturiana.