El 9 de julio es el gran día. Este lunes se reunirán en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. No parece probable que vaya a haber acuerdo alguno, pero el tono y las sensaciones de este esperado encuentro pueden marcar el devenir político de las próximas semanas.
Los dos políticos llegan a la reunión con posiciones que no pueden ser más distantes. Para Torra, lo prioritario e irrenunciable es la negociación de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Para Sánchez, esa consulta no es posible porque no está contemplada en la Constitución. Y, de hecho, las ofertas que presentará a su interlocutor tienen por objetivo forzar la renuncia a ese deseo independentista.
Sánchez puede exponer el traslado de los políticos presos a cárceles de Cataluña como un gesto en la senda del diálogo. Otro movimiento previo del Gobierno ha sido ampliar los límites de la discusión para lograr el apoyo de ERC y PDeCAT en RTVE. Pero, más allá de los pasos previos, presentará ofertas a Torra para intentar reconducir la grave crisis que se vive en Cataluña desde hace meses. A falta de sorpresas, estas son las ofertas que Sánchez planteará a su interlocutor.
"Reciprocidad y lealtad"
En su comparecencia en el Congreso, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ya dejó entrever algunas de las ofertas que hará Sánchez. Desde el punto de vista dialéctico, anunció que ofertarán y pedirán "reciprocidad y lealtad" al Govern.
"Relación bilateral"
Pero el término clave es "bilateralidad". Porque Batet ya dijo que entre los planes del Gobierno está recuperar las "relaciones bilaterales" entre el Estado y las comunidades. Y agregó que esas relaciones serán especialmente importantes en el caso de Cataluña. Uno de los gestos que sugirió Batet es respaldar la "presencia de los presidentes autonómicos en las reuniones con países vecinos". Por ejemplo, Torra podría acudir a una reunión entre Sánchez y Macron.
"Poder judicial catalán"
La ministra de Política Territorial también ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de que el Gobierno recupere, mediante cambios en leyes orgánicas, algunos de los artículos del Estatut de 2006 que el Tribunal Constitucional reinterpretó o anuló en su famosa sentencia de 2010.
En su famosa Declaración de Barcelona, publicada ahora hace un año, en julio de 2017, el PSOE ya adelantaba que, en esta materia de recuperar artículos del Estatut, su prioridad es "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial". En otras palabras, un Poder Judicial catalán, así como otras concreciones que Sánchez pueda detallar a Torra.
Desbloquear los conflictos Estado-Cataluña
Batet también descubrió parte de la estrategia del Gobierno al afirmar que revisarán los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que ahora están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional. La mayoría de esos conflictos, hasta 31, enfrentan a Cataluña y el Estado. Así, parece obvio que una de las ofertas de Sánchez a Torra será desbloquear esos 31 conflictos jurídicos.
Plan de inversiones en puertos y ferrocarril
Diversas fuentes parlamentarias dan por hecho desde hace semanas que una de las ofertas estrella de Sánchez a Torra será cambiar la política de inversión en Cataluña. Es decir, el Gobierno planteará a la Generalitat un plan de inversiones. ¿En qué materias? En su ya citada Declaración de Barcelona, el PSOE ya abogaba por "recuperar la inversión del Estado en Cataluña" en función de su aportación al PIB, "finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo", "facilitar las conexiones de los puertos de Catalunya" o "mejorar la red de cercanías de ferrocarril".
Política lingüística
Sánchez también moverá ficha en un aspecto tan simbólico como es la política lingüística. La vía es doble. Por un lado, reactivar el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, creado en 2007 por el Gobierno de Zapatero con la idea de impulsar el uso de las lenguas oficiales en las comunidades. Por otro, el Ejecutivo estudia una ley de reconocimiento de la pluralidad de lenguas.
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