El Gobierno, tras conocerse las 'Cintas de Corinna', recuerda que Juan Carlos I ya no es inviolable

El rey "tiene aforamiento, pero no inviolabilidad". La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido así en la tarde de este miércoles ante las preguntas de la prensa sobre si el rey Juan Carlos I podría ser enjuiciado tras la publicación en EL ESPAÑOL de las conocidas como Cintas de Corinna, grabaciones de conversaciones de la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que asegura que el monarca la utilizó como testaferro en el extranjero. 

Delgado recordó la legislación en vigor a la salida de una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, pero eludió responder sobre el fondo del asunto argumentando no tener "en este momento criterio sobre el tema". 

El artículo 56.3 de la Constitución indica que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" por cualquier acto, sea de la naturaleza que sea. Sin embargo, al abdicar la corona en junio de 2014, el monarca perdió esa protección, aplicable sólo a él en todo el Estado. 

Por ese motivo, el PP impulsó una reforma exprés de la Ley del Poder Judicial en la que se aforaba al monarca emérito, además de a la reina emérita, la princesa de Asturias y la reina, en tanto que esposa del rey en ejercicio (Felipe VI).

De esta manera, desde la promulgación de esa ley, menos de un mes después de la abdicación, al rey Juan Carlos pueden exigírsele responsabilidades por sus actos como emérito, pero sólo ante las salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo. En ese sentido, el rey emérito ha pasado a tener de por vida la protección de la que gozan ya los diputados y otros muchos cargos del Estado en el ejercicio de su cargo. 

La reforma de la ley se hizo entre críticas de la oposición, que lamentó que el Gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy, hiciese valer su mayoría absoluta para impulsar un proceso legislativo exprés, sin buscar el consenso y, según algunos grupos parlamentarios, vulnerando el reglamento del Congreso de los Diputados. La reforma sólo fue apoyada por el PP, Foro Asturias y UPN y contó con la abstención del Grupo Socialista. La ponente de la posición socialista era entonces la hoy ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. 

Según el preámbulo de la norma que cambió la Ley del Poder Judicial para proteger al rey una vez se convirtió en emérito: "Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial". 

El diputado del PDeCAT, Ferran Bel, preguntó en otra comisión parlamentaria a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si el Gobierno iba a perseguir hechos como los denunciados por Sayn-Wittgenstein en las grabaciones, pero la ministra no contestó en su turno de intervención.