Actuación de unos 'castellers' en la manifestación independentista de la Diada de Cataluña de 2016. Efe
El intento de convertir la 'Diada' en un nuevo pulso al Estado pone en alerta al Gobierno
- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ven con recelo que el primero de octubre sea festivo para conmemorar el referéndum separatista.
- La medida no podrá aprobarse legalmente para 2018, pero sí para el año que viene si la aprueba el Parlament.
- Torra visita la cárcel Modelo para apoyar a los CDR
El 11 de septiembre está marcado en rojo como una de las citas más sensibles del calendario político en Cataluña. Por un lado, los independentistas celebrarán la primera Diada con varios de los miembros del anterior Gobierno autonómico en prisión preventiva, ya en cárceles catalanas y acusados de utilizar presuntamente fondos públicos para financiar el proceso soberanista.
Por otro, tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como los equipos de Inteligencia y las distintas instituciones públicas encargadas de vigilar el cumplimiento de la legalidad en Cataluña analizan el proceso con lupa, ante el riesgo de que la cita sirva para reactivar el proceso separatista.
Ahora, unos y otros deshojan el calendario y barajan distintas hipótesis. En principio, la Diada es la cita más importante ya que el aniversario de la consulta ilegal planteada por Carles Puigdemont el pasado 1 de octubre será un lunes, día laborable. Eso hace pensar que si el proceso se reactiva después del verano, la demostración de fuerza en las calles más importante se realice el 11 de Septiembre, que pese caer en martes, sí es una fiesta oficial en Cataluña.
El vídeo a favor de los políticos presos catalanes
Sin embargo, hay una propuesta en el aire: la de que el Parlamento catalán apruebe como festivo el 1 de octubre y la cita se convierta en una conmemoración mucho más simbólica del proceso separatista. La propuesta nació el pasado 13 de julio por boca de los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, que solicitaron al Ejecutivo de Quim Torra la aprobación de la medida. Ese mismo día el presidente catalán calificó la medida como “razonable”.
Pero hay un elemento discordante. El calendario laboral nacional se aprueba a principio de año en un decreto del BOE, y el autonómico funciona de la misma manera pero con el Diari Oficial de la Generalitat. Por eso, es legalmente complicado que ahora se pueda modificar ese decreto para que el 1-0 se convierta en una fiesta autonómica en 2018.
La presión sobre la cita es tal que el pasado martes, el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez presentó en el Tribunal Supremo en el que pedía la libertad de sus defendidos para no agravar la "tensión social" que se prevé en la Diada. Una petición a la que el juez Pablo Llarena todavía no ha contestado.
Huelga de País
Entre los grupos más radicales del mundo independentista, se valoran iniciativas como transformar la Diada en una "huelga de país", un paro general que se convierta en indefinido hasta que los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont en prisión preventiva sean puestos en libertad por el Supremo.
El destino del expresidente catalán es otra de las incógnitas sobre la mesa. El pasado lunes la Justicia alemana decidió que Puigdemont no pueda ser extraditado a España para ser juzgado por un presunto delito de rebelión. Eso, implica de forma directa que no pueda ser inhabilitado de forma cautelar para ocupar cargo público, por lo que si la Justicia española decide solicitar su entrega a España, es más que previsible que las filas independentistas arranquen un proceso en el Parlamento autonómico para investir a Puigdemont presidente y generar un nuevo escenario de conflicto.
Otra de las estrategias a seguir para los independentistas es la internacionalización del conflicto. Por ello, desde la plataforma Foreing Friends of Catalonia han lanzado una campaña para que los partidarios de la independencia acojan en su casa de forma voluntaria a extranjeros que viajen a Cataluña para apoyar el proceso soberanista durante la Diada.
En la misma línea, Noam Chomsky, Pep Guardiaola y otras figuras han solicitado este miércoles en un vídeo la libertad de los "nueve presos políticos catalanes" y han instado al Gobierno español a solucionar el conflicto "por la vía del diálogo", obviando que a ninguno de los exconsellers o líderes políticos catalanes se les imputa delito alguno relacionado con su disidencia política, sino con el presunto uso de dinero público para sufragar un referéndum declarado ilegal por los tribunales, entre otros cargos.
