La Fiscalía Anticorrupción utilizará las grabaciones publicadas por EL ESPAÑOL entre el excomisario José Manuel Villarejo y la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein para valorar si el Rey Emérito pudo incurrir en delito sin estar protegido por su inviolabilidad.

Fuentes de esta fiscalía analizan estas grabaciones, en las que se afirma que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y cobró comisiones por intermediar en la licitación del proyecto del AVE a La Meca. Estos hechos podrían ser delictivos si no estuvieran prescritos y el exjefe del Estado los hubiera cometido sin amparo de su inviolabilidad.

El juez que investiga a Villarejo, Diego de Egea, ha incluido estas grabaciones en una pieza, la número 5, denominada Carol. Tal y como adelantó este periódico, De Egea abrió la semana pasada esta pieza a raíz de un informe de Asuntos Internos de la Policía. El excomisario Villarejo, en prisión desde noviembre, ha sido interrogado este jueves por el magistrado.

Según las fuentes citadas, se tendrá que determinar si los hechos contenidos en estas grabaciones son veraces, constitutivos de delito y no están prescritos.

En la pieza Carol se investigan, por un lado, las afirmaciones de Corinna sobre las comisiones que supuestamente habría cobrado el Rey Emérito por el AVE a La Meca y, por otro, sus cuentas en Suiza, que supuestamente podrían responder a delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales.

Estos hechos afectarían a Juan Carlos I, pero también a otras personas implicadas en las supuestas comisiones, y en el caso del Rey Emérito habría que analizar si las cobró siendo todavía monarca y gozando así de la protección judicial que le otorga la Constitución.

En el caso del posible delito de blanqueo, también habría que ver si el padre de Felipe VI pudo incurrir en él más allá de 2014, año en el que abdicó.

Según recoge Efe, otro de los aspectos que se investigarían en esta pieza es un encargo que Corinna le habría hecho a Villarejo durante la reunión que ambos mantuvieron en Londres con el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. La intermediaria habría contratado al comisario para echar una mano a Ben Goldsmith, un empresario británico con problemas con la Hacienda española.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL el pasado 15 de julio, a Corinna le interesaba tratar la situación de Goldsmith, con una inspección fiscal abierta en España por unas fincas familiares en Andalucía. Un procedimiento administrativo que se podía convertir en un escándalo político en Inglaterra.

Finalmente el escándalo ha estallado, pero no en Inglaterra sino en España. Ahora le corresponde al juez decidir hasta dónde llegan las responsabilidades.