La URJC cerrará a partir del próximo curso el Instituto del máster de Cifuentes

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) extinguirá de cara al próximo curso académico el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, investigado en el caso máster, una vez concluyan las auditorías económicas y administrativas encargadas por la institución.

Así lo han señalado fuentes de la universidad consultadas por Europa Press para subrayar que la decisión de terminar con la actividad de este instituto asociado a la universidad es "firme" y "no tiene marcha atrás".

Las mismas fuentes han explicado que el profesor Pablo Acosta, delegado del rector para dirigir provisionalmente el instituto tras la destitución de Álvarez Conde por los indicios de irregularidades detectados en el caso máster, presentó el pasado 30 de junio un informe documento para solicitar el cese del Número de Identificación Fiscal (NIF) de esta entidad.

Aparte, ya está finalizada una auditoría académica sobre este centro adscrito y los alumnos del curso que aún se impartía, curso de 'Detective Privado', y que ya han terminado sus enseñanzas, obtendrán su titulación con toda normalidad.

En el caso de los estudiantes de primero y segundo curso, se les trasladará sus expedientes académicos a centros autorizados para que continúen con sus estudios.

Las mismas fuentes de la universidad señalan que la extinción del polémico Instituto de Derecho Público es una medida más que ha emprendido la URJC para restaurar el "buen nombre" de la institución y "poner en valor" la profesionalidad de sus docentes.

Actualmente, el centro no tiene ningún tipo de actividad académica aunque se mantiene abierto a efectos de poder acceder a toda la documentación recogida en el instituto de cara a colaborar con todas aquellas solicitudes que requiera la Justicia.

EL RECTOR DENUNCIÓ POSIBLE MALVERSACIÓN EN LA GESTIÓN DEL INSTITUTO

El rector de la URJC presentó en mayo de este año una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.

Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

A su vez, exponía que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP "destapa" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial".

"Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", recogía el informe.

También detectaba la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que hay "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros".

"El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", exponía el documento.

DINERO INVERTIDO EN FONDOS DE ALTO RIESGO

Por otro lado, el informe recogía que el Instituto de Derecho Público "tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión".

"En este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo.

La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público", recoge el documento elaborado por Acosta.

A su vez, argumentaba que el instituto funcionó desde su creación "con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC". Por otro lado, se ha constatado que "no existía ninguna contabilidad oficial".

OFRECÍA CURSOS QUE NO TENÍAN RELACIÓN CON EL DERECHO

La investigación de la universidad añadía que "una gran parte de la actividad académica del Instituto distaba de ser la que correspondería a un organismo vinculado a la investigación y al conocimiento del derecho público".

Según el informe, "el espíritu de la regulación es que los institutos puedan impartir docencia en materias derivadas de sus actividades de investigación".

"Sin embargo, la mayoría de la docencia que se ofrece desde el IDP nada tiene que ver con su actividad investigadora, y ni siquiera tiene que ver con el ámbito de actuación del Instituto, que es el Derecho Público", zanjaba el escrito del director provisional del instituto.

De hecho, detalla que algunos de los cursos que gestionaba el Instituto de Derecho Público abordaban campos como, por ejemplo, 'Experto en Producción y Montaje de Exposiciones', 'Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano' o el 'Especialista en Detección de Sustancias Explosivas con Perros'.

"Muchas de estas titulaciones se refieren al campo de la seguridad privada, al deporte o al ámbito sanitario, sin ninguna relación con la finalidad del Instituto", recalcaba la universidad.