La juez imputa a tres compañeras de máster de Casado por prevaricación y cohecho

La juez Carmen Rodríguez Medel ha imputado a las tres compañeras de máster de Casado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por cohecho y prevaricación tras tomarles declaración este jueves.

La juez ha señalado que las tres alumnas obtuvieron el título de la misma forma que el líder del Partido Popular, con convalidaciones y sin ir a clase. 

Aunque la juez ya ha imputado a estas alumnas, no puede hacerlo con Casado por su condición de aforado. Por eso, ya ha dado algunos pasos previos para mandar la causa del presidente del PP al Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de investigar a los aforados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid también ha citado para este viernes al catedrático Pablo Chico de la Cámara, uno de los profesores del máster de Derecho Autonómico de 2012 que cursó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, y que pidió que se cambiara la nota de una de sus asignaturas dos años después.

Se trata de uno de los profesores (que está investigado en el caso) que compareció en rueda de prensa en la URJC el día 21 de marzo, junto al catedrático y director de estos estudios Enrique Álvarez Conde cuando saltó la noticia de presuntas irregularidades en estos estudios.

Otra alumna reconoce que no fue a clase

Otra compañera del máster del presidente del PP, Pablo Casado, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha reconocido este jueves ante la jueza que nunca fue a clase ni entregó ningún trabajo, lo que no le impidió obtener el título de posgrado.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la estudiante, María Dolores Cancio, se ha referido así durante su declaración como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel.

Cancio, que es profesora de la URJC y coautora de diversas publicaciones con el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, ha asegurado que no asistió jamás a clase y que no necesitaba entregar trabajos.

Ella se limitaba, según las fuentes, a preguntarle a Álvarez Conde, para quien trabajaba, lo que debía o no hacer durante el máster, a lo que éste le respondía que no se preocupara por nada, que no hacía falta que hiciera nada.

Además, ha explicado que fue Conde quien le dio indicaciones sobre cómo tenía que hacer para que le convalidaran 40 créditos -como hizo el líder del PP-, así como la devolución de las tasas por asignaturas convalidadas. Todo lo contrario de lo que han manifestado las otras dos investigadas, María Mateo Feito y Alida Mas Taberner.

Otras versiones

Feito, que tuvo dos cargos en Gobiernos de Mariano Rajoy en los ministerios de Empleo y Economía, ha dicho a la jueza que ella sí que asistió a algunas clases y que tuvo que hacer trabajos para aprobar, al tiempo que ha reconocido que, cuando solicitó las convalidaciones, estas ya habían sido concedidas con anterioridad.

Mientras que Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana durante el gobierno de Francisco Camps, ha señalado que ella hizo el máster a distancia al encontrarse en Valencia, como así acordó con Conde.

Al igual que Cancio, las dos han admitido que fue Conde la persona que les ofreció el máster, aunque no han precisado el porqué, ni si fue a cambio de alguna prebenda. Eso sí, tantos ellas como las otras tres estudiantes que han comparecido esta tarde han querido dejar claro que no hicieron ningún trabajo de fin de máster (TFM).

En su lugar, elaboraron un trabajo que han calificado como "itinerario", que supuestamente tenían que defender ante un tribunal, pero que, justo cuando se acercaba el día de comparecer ante el mismo, la dirección del Máster les aseguró que no hacía falta, porque ese trabajo final ya había sido calificado.

Tras su declaración, la jueza ha mantenido la imputación de Feito y Cancio por el delito de prevaricación administrativa, mientras que a Más Taberner le ha añadido, además, el de cohecho impropio al tratarse de un alto cargo del gobierno valenciano.