Gobierno y Generalitat constatan la esterilidad de su diálogo pero deciden mantenerlo

Gobierno central y Generalitat están de acuerdo en que no están de acuerdo. Y pretenden prolongar su desacuerdo al menos hasta final de año en los asuntos que han dividido Cataluña y provocado una crisis institucional sin precedentes. Tanto Meritxell Batet como Ernest Maragall, ministra de Política Territorial y conseller de Relaciones Institucionales, hicieron este miércoles un verdadero esfuerzo de diplomacia al comparecer ante la prensa y tratar de transmitir sus mensajes, muy distintos, y explotarlos al máximo sin romper el marco de las relaciones entre ambos Gobiernos, que celebraron la primera reunión en siete años. En el Palau de la Generalitat. 

Batet explicó, exhibiendo rigurosidad administrativa, las comisiones y grupos de trabajo que se crearán para hablar de infraestructuras, traspaso de competencias, financiación, fiscalidad o litigios ante el Tribunal Constitucional. Son "las políticas que afectan a ciudadanos y ciudadanas". "El Gobierno de España tiene un proyecto para Cataluña" y ese es un cambio sustancial respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy, señaló. Es decir, que el Gobierno quiere hablar de todo lo que no son reivindicaciones fuera de la legalidad constitucional. Y seguir por esa vía todo lo que sea posible. 

Maragall empleó buena parte de su tiempo en lamentar el "no" del Gobierno de Pedro Sánchez a sus dos principales reivindicaciones: un cambio en el criterio de la Fiscalía para facilitar la salida de la cárcel de los políticos catalanes encausados por rebelión y malversación y un grupo de trabajo sobre un nuevo referéndum de autodeterminación.

No lo expresó con estas palabras. Maragall evitó referirse a "presos políticos", la expresión acuñada por el independentismo, sino que sólo habló de "encarcelados". También obvió la palabra referéndum sino que utilizó fórmulas vagas respecto a "posibilidad de que los catalanes puedan decidir sobre su futuro". "Tenemos conceptos de normalidad muy diferentes. En nuestro diccionario 'normalidad' no significa lo mismo" que en el de Batet y el Gobierno, se quejó. Y, pese a todo, Maragall cree que "el diálogo no sólo no tiene que interrumpirse sino que es urgente que continúe". Es decir, que la Generalitat se conforma, de momento, con no ver atendidas sus demandas principales aunque siga defendiéndolas mientras acepta hablar de otros asuntos. Y ahora, a preparar las próximas reuniones, que comenzarán en septiembre. 

Un desacuerdo obvio

El desacuerdo en cuanto a los políticos presos y la autodeterminación era obvio de antemano. Batet no ahorró en términos explícitos al ser preguntada si el Gobierno cerraba la puerta a un referéndum. "No existe el derecho de autodeterminación ni en el marco constitucional ni en la aplicación del derecho internacional". Por esa vía "no hay mucho que investigar" ironizó sino, en todo caso, reformar la Constitución por las vías legales y votar sobre ella después. "Mucho mejor generar consensos en este ámbito que no constatar discrepancias o divisiones", dijo. 

"Ellos han planteado el tema de los presos en el capítulo de derechos y libertades. Nosotros les hemos dicho, como en otras ocasiones, que todas aquellas cuestiones que están en vía judicial escapan de las competencias del Ejecutivo", dijo Batet con sencillez. Por mucho que la Generalitat hubiese alimentado expectativas, ahí no hay novedad.  

Pero el Gobierno tiró de las orejas a la Generalitat por tres asuntos: que el Parlament siga cerrado por las disputas entre Junts per Catalunya y ERC, que sostienen al Govern, que éste no sea neutral y que no asegure que el espacio público es asimismo neutral. Sin citarlos, Batet pidió al Govern que no ampare la colocación de cruces amarillas en plazas y playas o que el lazo amarillo, en favor de los políticos presos, figure en espacios públicos u oficiales.

"Ha dado la impresión de que se quería reducir a cero nuestro margen", lamentó Maragall. "El único marco" de "normalidad" del que quiere hablar el Gobierno es de la "competencial, económica y jurídica, como si quisieran expulsarnos del juego real", lamentó en referencia a sus otras demandas. "No nos van a expulsar ni a romper", advirtió a pesar de que salió de la reunión con las manos vacías en cuanto a sus prioridades independentistas.