El traslado de los presos a Cataluña y otros cinco charcos de Marlaska

Con el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior, Pedro Sánchez quiso lanzar un mensaje a los cuerpos policiales: un exjuez de reconocida trayectoria asumía el mando en una cartera que, en los últimos años, había sufrido un severo desgaste por el complejo "cáncer" -palabras del propio Marlaska- que sufrían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hablaba de la corrupción, de los excomisarios cuyas trayectorias han ido a parar a los banquillos de los tribunales.

Ocurrió el pasado 7 de junio. Juan Ignacio Zoido entregó a Marlaska la cartera de Interior. El nuevo ministro dijo "sí" a Sánchez "sin pensárselo dos veces". Probablemente ya tenía dibujadas un par de líneas maestras de lo que serían sus políticas al frente del Ministerio: "Trabajar con la Policía y la Guardia Civil y venir a esta casa es un honor y un orgullo", definió Marlaska, profundo conocedor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras una década en la Audiencia Nacional, juzgando a los terroristas de ETA.

Han pasado dos meses desde entonces. Tiempo más que suficiente para que Marlaska se haya lanzado a las trincheras de seis guerras, que se han encontrado con la oposición de otros partidos políticos o de asociaciones y sindicatos policiales. Del traslado de los presos separatistas a cárceles catalanas a la reestructuración en estructuras ministeriales.

1.Los presos catalanes

Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, gestionó el acercamiento de los políticos catalanes encarcelados por su implicación en el proceso secesionista, una decisión criticada desde los partidos de la oposición. Las prisiones de Lledoners y Figueres acogen desde principios de julio a los reos, que reciben las visitas de numerosos líderes políticos: Ada Colau e Íñigo Urkullu, los últimos en visitar a Oriol Junqueras.

2.Sin concertinas ni antidisturbios

Una semana después de asumir el cargo, Marlaska admitió ante los micrófonos de la COPE que entre sus prioridades figuraba retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Por contra, estudiaría cómo "ayudar a los países de origen" para evitar que se produjeran más saltos masivos. "Hay que adoptar otras medidas", indicó Marlaska.

Fuentes policiales han señalado a EL ESPAÑOL el escepticismo con el que fueron asumidas estas declaraciones. Las intenciones del ministro del Interior se dibujan sobre el medio o largo plazo, en una situación que ha llamado este verano a las puertas de las ciudades autónomas: el 26 de julio, cerca de 700 personas trataron de saltar la valla de Melilla. 22 guardias civiles resultaron heridos en el episodio.

Pocos días después, Marlaska se reafirmó en cambiar las políticas de seguridad en esta materia, pero también añadió otra decisión: desestimar el uso de material antidisturbios, como le habían solicitado desde agrupaciones policiales.

3."Politización" en Interior

El pasado 24 de julio, la Asociación Pro Guardia Civil emitió un comunicado en el que denunciaba la "discriminación" de Marlaska en los nuevos nombramientos que había llevado a cabo en las estructuras de Interior. De acuerdo a su juicio, el Instituto Armado se ve en una posición de desventaja respecto a la Policía en puestos clave de responsabilidad y en la proyección internacional del Cuerpo.

La asociación presentó la misiva en dependencias del Ministerio, con copia para el propio Marlaska, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y el director general de la Guardia Civil, Félix Azón. "Deben primarse los criterios técnicos de profesionalidad frente a cualquier tentación de politizar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", resumía el documento.

4.Acercamiento de presos

No se trata de un cambio en la política penitenciaria, sino de la aplicación de unas normas ya existentes. Los etarras Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, miembros del comando Bizkaia, fueron trasladados el pasado 7 de agosto desde el centro penitenciario de Villabona (Asturias) hasta el de la localidad vizcaína de Basauri. El movimiento implica el protagonismo de dos ministerios, el de Justicia y el de Interior.

La mayoría de las asociaciones de víctimas se ha mantenido al margen del traslado de los dos presos: "Es absolutamente legal", resumía Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite). "Se han arrepentido, han pedido perdón, han asumido las responsabilidades civiles y se han comprometido a colaborar con la Justicia", señaló Ordóñez.

Pero tampoco faltaron las voces críticas. El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz envió una carta a Marlaska en la que lamentaba la decisión, aseverando que los dos presos trasladados facilitaron la información para intentar atentar contra él: "[Esto representa] el debilitamiento de la lucha contra ETA que inició Zapatero de premiar a los verdugos", afirmó. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ya ha pedido la comparecencia del ministro del Interior para explicar si el caso de Olga Sanz y Javier Moreno se trata de "una política individualizada o una política generalizada".

5.La destitución del jefe de la UCO

La noticia sorprendió a los altos cargos de la Guardia Civil. El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, fue destituido de su cargo el pasado 2 de agosto. Desde el Ministerio del Interior se alegaba "falta de confianza" ante un hombre que había liderado las investigaciones de algunos de los principales casos de corrupción de la última década. El cese se produjo días después de que se filtrase una carta en la que se comunicaba a los agentes de la UCO que se había agotado la caja de fondos reservados, dejando en suspenso buena parte de sus pesquisas.

"Nos gustaría que el Ministro del Interior aclare de manera urgente, en base a su reiterada promesa de transparencia, cómo y por qué no se libraron los fondos en el momento oportuno para que no se viera afectada la actividad de la UCO y, especialmente qué hay detrás de este cese", lamentaron desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). La asociación calificó la noticia de "sorprendente" y aseveró que "muchos ciudadanos lo habrán recibido como una muy mala noticia".

Los investigadores de la UCO despidieron a su jefe con un emotivo vídeo:

6.La ley vasca de abusos

La ley vasca de abusos policiales viene de largo. En 2016, el Gobierno vasco promovió la puesta en marcha de la ley vasca de abusos policiales. En ella se contemplaba la creación de una comisión de "expertos" que dirimiese quién había sido víctima de estos abusos en el País Vasco en las últimas décadas; decisiones que no se atendrían a sentencias judiciales, sino al criterio propio de la comisión.

El Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra esta ley, paralizando el texto. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez -que llegó a la Moncloa con el apoyo indispensable de PNV- anunció que retiraría el recurso, dejando vía libre a su puesta en marcha.

La mayoría de los sindicatos de Policía, asociaciones de la Guardia Civil y organizaciones de víctimas del terrorismo protestaron por la decisión a través de un documento conjunto en el que lamentaban que la ley ayudaba al "blanqueamiento" de la historia de ETA y potenciaba el relato del "conflicto vasco". Hicieron llegar sus quejas al ministro de Justicia, al de Interior y a la Fiscalía: "La retirada del recurso de inconstitucionalidad es una decisión inaceptable, porque al resultar posiblemente afectados principios constitucionales de la mayor relevancia y derechos fundamentales de los ciudadanos, debe ser el debate técnico en esa instancia, y no una negociación política, el escenario en el que se resuelva la cuestión".