El Gobierno decidirá dónde se entierran los restos del dictador Francisco Franco, "asegurando una digna sepultura", si la familia no manifiesta su voluntad sobre su destino final "en tiempo y forma". Así lo contempla el decreto ley que ha aprobado el Ejecutivo, a cuyo contenido ha tenido acceso Efe.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que la familia Franco "podrá ser escuchada" y dispondrá de 15 días, a partir del 31 de agosto, para hacerse cargo de los restos y decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos. Para ello, la familia deberá aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.
No obstante, Calvo ha precisado que el Gobierno plantea en el decreto "todos los escenarios posibles, en los que la familia será escuchada" pero en el caso de que ésta "no se pronuncie o discrepe del lugar" será el Gobierno quien decida a qué lugar "digno y respetuoso se trasladen los restos".
Franco saldrá del Valle de los Caídos
Calvo ha explicado que el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación y realizar el resto de actuaciones que procedan. La vicepresidenta ha explicado que, como no puede ser de otra manera, el Gobierno está obligado "en un Estado garantista" a buscar un lugar digno.
A partir de ese momento, Calvo ha comentado el Valle de los Caídos cumplirá una primera función, recogida en la Ley de Memoria Histórica, el "respeto de las víctimas que están de ambos bandos y naturalmente la paz, algo que no es posible estando los restos del dictador en el mismo lugar".
El real decreto ley aprobado introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que consagra el Valle de los Caídos como "un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil", disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto.
"En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda", rezará el texto.
El Gobierno asegura que el procedimiento diseñado prevé expresamente "las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares", que podrán disponer sobre su destino "si lo desean".