A la calle y al hemiciclo llevarán PP y Ciudadanos la defensa del juez Llarena, instructor de la causa por el 1-O, al que el Gobierno Sánchez ha abandonado a su suerte ante la demanda civil en Bélgica de Puigdemont y cuatro de sus exconsellers y por la que tendrá que comparecer el 4 de septiembre. El magistrado, que había pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), petición que contaba con el aval de la Abogacía del Estado, recibió este jueves la negativa del Ministerio Justicia a su solicitud.
Sólo se protegerá "la inmunidad de jurisdicción" española pero no al juez por sus declaraciones, que son oficialmente el motivo de la querella, en concreto unas manifestaciones tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero.
El desamparo a Llarena es el último de una serie de guiños y cesiones del Ejecutivo Sánchez al soberanismo, que celebró el viernes la decisión como una victoria, pues hace tiempo que puso al juez en su punto de mira, como atestiguan los episodios de acoso en Cataluña que le ha tocado vivir en los últimos meses. Además, el Gobierno, con esa distinción entre "actos privados" y "defensa de la soberanía", deja abierta de par en par al separatismo la puerta de la credibilidad del Poder Judicial, un valioso comodín en vista del juicio contra los líderes del 1-O previsto para otoño.
"Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez", ha denunciado este sábado Teodoro García Egea, secretario general del PP, al anunciar que su partido promoverá acciones de apoyo al magistrado en el Congreso, en el Senado y en la calle.
"Si Pablo Casado hubiese estado en La Moncloa, Torra no hubiera entrado con el lazo amarillo, porque es un insulto a nuestra constitución y nuestras leyes. Ese lazo dice que hay presos políticos", ha apostillado.
El PP lamenta que el Ejecutivo no defienda a Llarena
Comparecencia en el Congreso
Una posición similar ha adoptado Ciudadanos, que acusa al Gobierno de "pagar el apoyo de los independentistas" y "abandonar a quienes defienden al Estado en Cataluña". "El alquiler de Moncloa es demasiado caro para España: un Gobierno interino claudicante ante los supremacistas que dieron un golpe de Estado", ha dicho Albert Rivera en su cuenta de Twitter.
La formación naranja pedirá una comparecencia "inmediata" del Ejecutivo en el Congreso para explicar esa decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de no personarse como defensa en la causa contra Llarena.
"Estamos muy decepcionados con el Gobierno. Se está abandonando a un defensor del Estado por petición de quienes dieron el golpe de Estado", ha lamentado este sábado la portavoz del partido naranja en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.
"Esto exige que pidamos una comparecencia inmediata del Gobierno para que de explicaciones al juez Llarena, a las cuatro asociaciones de jueces que han pedido su defensa y a todos los españoles de por qué se le está abandonando a su suerte y de esta manera por simplemente hacer", ha añadido.
Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo.
"Nos parece importante que se preste ese apoyo y nos decepciona la actitud que ha tomado el Gobierno, que claramente ha decidido abandonar a un defensor del Estado para atender las peticiones de quienes dieron el Golpe de Estado", ha insistido la portavoz de Cs en la capital.