"Falta de confianza" es el argumento que ha utilizado el Ministerio de Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, para destituir a Manuel Sánchez Corbí. Hablamos del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el departamento que airea los principales casos de corrupción; el que resuelve los principales casos de personas desaparecidas -Diana Quer y el pequeño Gabriel-. El coronel asumió los galones de la UCO en 2013 tras una dilatada experiencia en la lucha contra el terrorismo: bajo su mando se liberó a José Antonio Ortega Lara tras 532 días de cautiverio y se desarticularon algunos de los comandos más sanguinarios de ETA. Su destitución llega tras salir a la luz un documento en el que la UCO advertía de la suspensión de las actividades tras quedarse sin fondos reservados.
Manuel Sánchez Corbí nació en Valladolid en 1963. Hijo y nieto de guardias civiles, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza y en 1987 fue destinado como teniente al Servicio de Información de Vizcaya. Años de plomo, en los que ETA golpeaba con más dureza. Años en los que los terroristas golpeaban con dureza contra la Guardia Civil.
En su hoja de servicios, además de la desarticulación de incontables comandos de la banda, está escrita una de las mayores victorias contra el terror: la liberación de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que llevaba 532 días en un agujero insalubre. Las pesquisas no fueron sencillas: el Servicio de Información de la Guardia Civil descubrió en una de sus intervenciones un documento con unas letras inconexas. A partir de ahí arrancó una investigación que les condujo hasta aquella nave industrial de Mondragón en la que estaba el cautivo.
"Aquí hay vida, está aquí seguro, esto no es normal", apuró Sánchez Corbí, entonces capitán. El registro de la nave estaba siendo infructuoso y no encontraban rastro de Ortega Lara. El juez presente, Baltasar Garzón, estaba a punto de abandonar el recinto cuando el guardia civil se obstinó: "Seguimos convencidos de que está aquí". Así fue. El empecinamiento condujo a un final por todos conocidos, con Ortega Lara asomando su existencia por un zulo maltrecho.
El salto a la UCO
25 años en la lucha contra ETA en los que la banda quedó asfixiada, en sus últimos estertores. Los terroristas no eran más que una sombra en 2013, cuando Sánchez Corbí recicló sus capacidades y se incorporó a la UCO que terminaría dirigiendo. Desde entonces afrontó algunas de las investigaciones más complejas que ha dirigido la Guardia Civil en los últimos años.
Los principales escándalos de corrupción que han sacudido la política española han sido descubiertos desde estas dependencias. Entre los más recientes, los casos Taula, Púnica y Lezo que ponen en entredicho los movimientos financieros del Partido Popular. Corbí fue citado el pasado mes de noviembre en el Congreso por los partidos para dar explicaciones sobre estas investigaciones, pero el guardia civil se ciñó al guión previsto: no pudo hablar en abierto sobre algo que se encuentra bajo secreto de sumario.
Además de estos casos, la UCO abandera algunas de las investigaciones criminales más complejas. En las páginas de sucesos hay dos nombres que han sacudido el panorama en los último años: Diana Quer y el pequeño Gabriel Cruz, ambos desaparecidos de forma misteriosa.
Donde no había hilos donde tirar, la unidad de la Guardia Civil rastreó todos los frentes hasta la extenuación hasta dar con los criminales. José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, mató a la primera; Ana Julia Quezada, al segundo. Ambos casos fueron resueltos por los agentes de la UCO.
Sin fondos para investigaciones
Éxitos en la UCO a base de esfuerzos y, en ocasiones, pese a la escasez de medios. La semana pasada se conoció un documento interno de esta unidad de la Guardia Civil en el que se anunciaba que no había fondos reservados para llevar a cabo sus investigaciones. El cese de Sánchez Corbí llega tras conocerse esta carta.
"Nos gustaría que el Ministro del Interior aclare de manera urgente, en base a su reiterada promesa de transparencia, cómo y por qué no se libraron los fondos en el momento oportuno para que no se viera afectada la actividad de la UCO y, especialmente que hay detrás de este cese", ha señalado la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en un comunicado en el que critican la decisión de Marlaska.