Un 'topo' dentro de la empresa entregó a la Policía un pen-drive que hizo estallar la 'operación Enredadera'

La investigación arrancó en junio de 2016 como una pequeña pesquisa sobre una empresa de tráfico y su relación con el pequeño ayuntamiento barcelonés de Montgat de Mar. Y terminó tres años después con una gran operación policial que se saldó con 36 detenidos -16 de ellos alcaldes y concejales- y registros en 44 ayuntamientos de toda la geografía española. Entre medias, se produjeron meses de pesquisas y una fecha clave. El 27 de julio de 2016. El día en el que un informante, un topo dentro de la empresa, se presentó ante la Policía Nacional con un pen-drive de información interna y lo cambió todo. 

Tal y como revela el sumario del caso, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Barcelona investigaba ya desde hacía unos meses a siete personas del consistorio de Montgat por la compra de material para el control del tráfico De hecho, el juzgado autorizó incluso un registro en el ayuntamiento catalán y en la sede de la policía local del municipio. Eso fue el 6 de julio de 2016.

Tres semanas después, el Grupo 2 de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la UDEF de Barcelona ponía en conocimiento del juzgado que "un ciudadano" se había presentado en sus dependencias haciendo entrega de un "pen-drive con información relevante para la causa". Según los informes policiales, el dispositivo informático contenía información interna de la empresa Bilbomática. Papeles, pliegos y facturas que apuntaban a una red mucho más grande y a que la empresa repetía presuntamente sus prácticas corruptas en otros ayuntamientos, y no solo en el de Montgat. 

"Fruto del análisis de la información contenida en el pen-drive, además de la información dada oralmente por el informante", los agentes alertaron al juzgado de los presuntos manejos de la sociedad Bilbomática, y sobre todo de una filial denominada Aplicaciones Gespol, "estando al frente los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón".

Un servidor oculto dentro de la empresa

La información aportada por el confidente, trabajador de la empresa pero que con anterioridad había estado al frente de una policía local en Cataluña, reflejaba según el sumario del caso que los principales acusados manejaban cuentas de correo no oficiales y un "servidor oculto" protegido dentro de la empresa donde se trataban los temas realmente comprometedores para los investigados: "estudios previos a la licitación, redacción de los pliegos técnicos administrativos por parte de la propia sociedad, exigencia de fijar una cláusula para los licitadores de un estudio previo con un plazo anormalmente corto que privaría la concertación de otros licitadores idóneos... etc.".

Entre la documentación aportada por el colaborador policial se encontraba incluso una denuncia presentada contra la empresa frente al Sindic de Greuges de Catalunya, el defensor del pueblo autonómico. El 20 de septiembre de ese mismo año (2016) se tomó declaración judicial al confidente, que además de mantener sus afirmaciones ante la Policía, aportó al juzgados nuevos datos sobre las operaciones de sus compañeros en la empresa. De cómo los principales investigados "contactaban y llegaban a concilios con los responsables de los Ayuntamientos (alcaldes y concejales de Policía y Seguridad Ciudadana)".

Fue entonces cuando el trabajo policial se multiplicó. El juez autorizó nuevas diligencias, arrancaron los pinchazos telefónicos, y la policía decidió seguir a los hermanos Bueno Regodón. El 8 de febrero de 2017, solo cinco meses después, los agentes de la UDEF remiten al juzgado el primer informe que demuestra el auténtico calado de la presunta trama. Allí se identifica ya a un presunto conseguidor para la empresa en toda la provincia de Madrid, "y que tiene contactos con personas intermediarias en toda la zona de Castilla y León y Asturias, y a otros tres facilitadores en distintas zonas de España como Galicia, debido a sus contactos con personal de la administración. 

Registro de la Policía en el marco de la Operación Enredadera. EFE

Así, la pequeña investigación administrativa sobre un contrato en Montgat se convirtió en una presunta trama con ramificaciones en toda España. El día que el juzgado estalló la operación, más de 500 agentes de la Policía Nacional tuvieron que participar en el operativo de forma coordinada. Se produjeron 92 registros. 44 de ellos en Ayuntamientos, principalmente de Madrid y Castilla y León. Entre los detenidos, se encontraba también el empresario salpicado por la Gürtel José Luis Ulibarri y que según la documentación del caso, todavía abierto y sin sentencia judicial, sería uno de los principales facilitadores de los investigados a la hora de contactar con entidades públicas.