"¡Espabile, señor Sánchez, y proteja a los demócratas! Debemos recuperar la presencia del Estado en Cataluña!". Albert Rivera apeló directamente al presidente del Gobierno para revelar una realidad perfectamente ejemplificada en la figura del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuya casa en Das (Gerona) aún conserva las pintadas 'indepes' que se realizaron meses atrás. "Te esperamos", "Prevaricador”, “Los Països Catalans serán tu infierno”. Pintadas todas ellas con la firma de Arran, la organización vinculada a la CUP, que demuestran el acoso al que también se ven sometidos los jueces en Cataluña y por el que, cada vez más, los magistrados emigran de esa comunidad autónoma.

Ciudadanos llevará este martes al pleno del Congreso una proposición no de ley para que la Cámara Baja condene el "señalamiento y persecución" de los independentistas a jueces y fiscales en la que se exprese "reconocimiento y apoyo" a los miembros de la carrera judicial y fiscal "ante el acoso" que llevan sufriendo en los últimos tiempos.

La iniciativa, con claros tintes políticos, no está exenta, sin embargo, de un golpe de realidad al que Cataluña podría enfrentarse en cualquier orden judicial si la situación prosigue por el camino emprendido en los últimos meses. Si bien aún no puede hablarse de diáspora, sí que existe un goteo de jueces destinados en Cataluña que apuestan por continuar su carrera en otra comunidad autónoma ante un ambiente enrarecido por el "procés" y, coinciden en el sector, "incómodo" para un poder del Estado vilipendiado en reiteradas ocasiones por los separatistas.

La escasez de jueces que eligen Cataluña como destino es un problema endémico que se explica en buena medida por la tradicional baja cifra de opositores a la función pública en esa comunidad, pero los datos oficiales muestran también un aumento en el número de magistrados que han decidido salir de la comunidad en los últimos concursos.

Datos 2018 del CGPJ

Si en 2017 en los concursos convocados para magistrados ocho salieron de Cataluña y cinco eligieron esa comunidad como destino, en lo que llevamos de año han abandonado Cataluña ya 15 magistrados y sólo uno ha sido asignado a ese territorio, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"El número de traslados tomando en consideración la planta judicial en la comunidad -en torno a 800 plazas- no nos sitúa en proporciones alarmantes", señala el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, quien, no obstante, reconoce que la situación es "muy incómoda".

Insiste, sin embargo, en lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la profesionalidad de los magistrados en Cataluña: "Es comprensible que pueda haber jueces que se sientan incómodos con los ataques que ha venido sufriendo en los últimos tiempos el poder judicial, una situación que nunca resulta agradable", pero "nadie puede albergar la menor duda acerca del efectivo ejercicio del poder judicial en Cataluña como en el resto del Estado".

"Y nadie puede tener ninguna esperanza de que los ataques que se dirijan contra los jueces tendrán la menor eficacia", añade el magistrado.

"Incomodidad, anormalidad"

En la misma línea, el portavoz en Cataluña de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jesús Gómez Esteban, recalca que siguen haciendo su trabajo "al margen de cualquier circunstancia", pero recuerda que además de jueces son ciudadanos y, coincide, "es incómodo". "No vivimos en una sociedad en la que estemos perseguidos, pero hay un sustrato de incomodidad, de anormalidad, en el que no posicionarme ya es un posicionamiento", relata Gómez Esteban, que llegó a Vic (Barcelona) hace 17 años.

Asegura que ha sido y es muy feliz en Cataluña, pero no oculta que, como muchos compañeros, se ha planteado marcharse para vivir "tranquilo y con los problemas de un ciudadanos normal", sin escuchar, por ejemplo, como el poder político les acusa de no respetar los derechos o la libertad de expresión de la ciudadanía.

Al margen de los magistrados que han cambiado de destinos en lo que va de año, apunta a otro dato como sintomático: en el último concurso general, publicado en el BOE el pasado lunes, han salido 30 plazas vacantes por traslado en Cataluña, frente a las 14 de Madrid, las 13 de Andalucía o las 7 de la Comunidad Valenciana. Desde el CGPJ se reconoce la existencia de vacantes estructurales en una comunidad en la que hay muchos juzgados y pocos opositores.

En las últimas 21 promociones de la Escuela Judicial ha habido 239 jueces en prácticas con residencia en Cataluña, frente a 565 de Andalucía, 544 de Madrid, 310 de la Comunidad Valenciana o 295 de Castilla y León. Son el 8 % del total, cuando la población de Cataluña supone el 16 % del total nacional. Y Cataluña nunca está así entre los primeros destinos elegidos por los jueces.

"El problema no es de venir a Cataluña, que ha sido endémico, sino que no nos vayamos", insiste Gómez Esteban.

La APM solicitó el año pasado que se estudiara retribuir a los jueces y magistrados en Cataluña con un "complemento de destino en atención a circunstancias especiales", como el establecido en la ley para los profesionales que trabajan en el País Vasco y Navarra, Canarias, Baleares o Ceuta y Melilla. Su propuesta fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y trasladada al CGPJ, que tomó conocimiento del asunto. El asunto no ha llegado a la mesa del Ministerio de Justicia.