Este lunes se reanudaba tras el parón estival la vista oral por el mayor caso de presunta corrupción conocido en el País Vasco, que sienta en el banquillo a tres exdirigentes del PNV de Álava y a otros 23 imputados, vinculados en su mayoría al partido de Ortuzar. La expectación tendría que haber sido máxima porque después de ocho  meses de juicio, donde se ha ido desarrollando toda la prueba testifical, llegaba por fin la hora de tomar declaración a  los acusados, comenzando por el exnúmero dos del PNV alavés, Alfredo De Miguel, que da nombre al caso.

Sin embargo, la filtración conocida en los últimos días de que la defensa del principal imputado y la Fiscalía negociaban un acuerdo de conformidad hacía prever lo que finalmente ha sucedido. La vista oral ha quedado aplazada hasta el próximo 1 de octubre para que el conjunto de las partes implicadas pueda explorar la posibilidad de llegar a un pacto con la acusación pública.

La jornada número 44 del juicio que se sigue en la Audiencia de Álava apenas ha durado tres cuartos de hora. El fiscal jefe, Josu Izaguirre, ha anunciado  formalmente que su Fiscalía mantiene conversaciones con los letrados de los acusados para la búsqueda de un acuerdo y ha pedido quince días de tiempo para saber si es posible o no llegar a un pacto de conformidad. Dada  “la complejidad” del proceso, con doce ramificaciones diferentes, ha mencionado  también la posibilidad de que las negociaciones se prolonguen hasta un mes, tiempo permitido por la ley, por lo que no ha descartado la opción de pedir un segundo aplazamiento si en dos semanas no hay una decisión tomada.

Tanto el resto de acusaciones – Gobierno vasco y Diputación foral de Vizcaya- como cada uno de los abogados de los encausados ha apoyado su solicitud, aunque con distintos matices. Nadie se ha opuesto ante los “beneficios” que reporta en la gestión del “derecho a la defensa” de sus patrocinados, y pese a que la mayoría aún no ha entrado en negociaciones directas con la Fiscalía, todos son conscientes de los cambios de “calado” que la obtención de un pacto implicaría en las testificales de los acusados. Vista la unanimidad de las posiciones, la Sala, presidida por el magistrado Jaime Tapia, ha optado por suspender la vista después de un receso de 15 minutos.

Admisión de haber extorsionado a una empresaria 

La exploración de un pacto entre Fiscalía y acusados modifica sustancialmente la estrategia desarrollada hasta el momento por las defensas que, lideradas por el letrado Gonzalo Susaeta, representante de De Miguel, negaban las acusaciones. Por el contrario, abre la puerta a la aceptación de cargos de culpabilidad a cambio de una reducción en las elevadas peticiones de prisión solicitadas por el ministerio público.

La Fiscalía acusa al exdiputado foral de Álava de ser el cabecilla de una trama que se aprovechó de su influencia política para conseguir adjudicaciones públicas de forma irregular y cobrar comisiones ilegales por contratos otorgados a terceros. Sólo para él pide ya más de 54 años de cárcel por una veintena de delitos de corrupción.

Junto al exdiputado foral De Miguel son juzgados otros dos exdirigentes del PNV de Álava, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, promotores también de la supuesta red; así como sus esposas, acusadas de  actuar como testaferros; un viceconsejero y un director del Gobierno vasco  bajo el mandato del lehendakari Ibarretxe; una exalcaldesa y un exconcejal del PNV; un exauditor del Tribunal vasco de Cuentas; dos constructores y  un grupo de inversores catalanes. Los cargos difieren según los imputados pero afectan, entre otros tipos, a delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. El juicio está dividido en doce piezas, conectadas entre sí por De Miguel, y un cambio en las posiciones mantenidas hasta ahora  por los principales imputados tendría consecuencias para el resto de los acusados.

Los tres exdirigentes de la formación nacionalista fueron detenidos en 2010 a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Álava a partir de una denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi. La testigo se ratificó en el juicio en que el exdiputado foral le exigió el pago de una comisión de 100.00 euros por la adjudicación de un contrato del Parque Tecnológico de Miñano. “Me dijo que había que pasar por caja, que esto no era gratis”, mantuvo ante la Sala a preguntas de la Fiscalía el pasado 5 de marzo.

Dada la fuerza del testimonio de Alberdi, la testigo más sobresaliente de la causa, no se entendería un acuerdo que no pasara por que De Miguel acabe aceptando que extorsionó a la empresaria desde su despacho oficial en la  Diputación de Álava cuando era responsable de Urbanismo. La denuncia de Alberdi implica también de entrada a Aitor Telleria y al constructor Iñaki Etxaburu, por lo que la declaración de culpabilidad del exdiputado les afectaría sustancialmente. Esto es sólo un ejemplo de las consecuencias en cadena de una aceptación de culpabilidad por parte del  que es considerado cabecilla de la trama. Hasta ahora, De Miguel siempre ha negado la extorsión y ha señalado que el dinero que le venía reclamando a Alberdi obedecía al pago de una “deuda” contraída por su socio Echaburu.

De la aceptación de este y otros actos de corrupción se derivaría la modificación de las conclusiones de la Fiscalía, que de llegar a un acuerdo podría agrupar los delitos para rebajar la cuantía total de las penas de prisión solicitadas. Mientras, la defensa aspiraría a eludir con ello que su defendido tuviera que acabar entrando en prisión.

Junto a los años de cárcel, el Ministerio Público planteaba en su escrito de calificación y en función del alcance de las “mordidas” multas millonarias para algunos de los imputados, que en el caso de De Miguel se elevan a casi 14 millones de euros. Sería otro asunto a resolver en las negociaciones iniciadas.

Proclamación de inocencia y críticas a la Fiscalía

La aceptación de cierto grado de culpabilidad contrastaría con la postura mantenida a lo largo de los ocho años de instrucción por cada uno de los imputados, empezando por De Miguel. Este ha proclamado su inocencia y su letrado ha afirmado invariablemente que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito contra su cliente y que el relato del fiscal no se sostiene.

La misma pretendida falta de consistencia en las acusaciones ha sido objeto de crítica por parte del PNV, que aunque solicitó y obtuvo el carné de afiliado de los imputados, ha cuestionado reiteradamente la actuación del fiscal y del juez instructor, a quienes ha llegado a acusar de dañar la imagen del partido.

Controvertidas declaraciones del presidente del Tribunal 

Otro asunto colateral ha alterado este lunes el proceso conocido como caso De Miguel. Unas controvertidas declaraciones del presidente del Tribunal, Jaime Tapia, realizadas el pasado viernes, han provocado esta mañana la censura de la Fiscalía Superior del País Vasco, que considera que sus manifestaciones “pueden interpretarse como un cuestionamiento concreto” de la actuación del fiscal Izaguirre o del “sistema de conformidades” previsto en el ordenamiento jurídico.

Tras filtrarse las negociaciones en marcha sobre el caso De Miguel y para enojo de los fiscales, el magistrado Tapia señaló en una entrevista radiofónica que, normalmente, las acusaciones públicas “inflan” las peticiones de condena para luego llegar con más facilidad a un acuerdo entre las partes. Comparó lo que sucede con el “regateo en el mercado” y añadió que ese sistema deja a los jueces en “mala situación” porque les hace aparecer como “benévolos” con los condenados cuando son ellos los que “realmente se ajustan a la legalidad”.

La Fiscalía del País Vasco, dirigida por Carmen Adán, estima que con esas manifestaciones se traslada al ciudadano “la errónea impresión de que el cumplimiento de la legalidad o de proporcionalidad solo corresponde al tribunal sancionador”.  Y le recuerda que según el sistema procesal vigente  “es en el juicio oral donde se han de cambiar las conclusiones provisionales en definitivas o presentar conclusiones alternativas cuando los hechos se pueden encuadrar en varios delitos o ser procedentes de otra pena".