Carmen Calvo presentó en 1987 su tesis doctoral, que lleva por título "El derecho de enmienda en la producción de la ley". Treinta y un años después, una enmienda en el Congreso, la que pretende reformar la ley de estabilidad presupuestaria, introducida en la tramitación de otra iniciativa legislativa, es el objeto de una enconada disputa parlamentaria de inciertas consecuencias. 

La vicepresidenta del Gobierno es licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, según consta en su currículum oficial. Hasta que fue llamada por Sánchez para el Gobierno, compaginó su puesto en el PSOE con el de profesora de Derecho Constitucional en la ciudad califal. 

Calvo ha dedicado buena parte de su vida a la política, pero también ha invertido muchas horas a la universidad, donde llegó a ser vicedecana de su facultad tres años después de convertirse en doctora. Según puede comprobarse en la ficha de su tesis (el documento íntegro no es accesible por internet), la hoy vicepresidenta analizó con detalle el creciente protagonismo del poder Ejecutivo en el Legislativo, formalmente separados en los países democráticos. 

"La tesis realiza el estudio histórico en el marco del derecho comparado de un instrumento parlamentario correspondiente a la función legisladora de las cámaras como es el derecho de enmendar la ley en su fase de tramitación parlamentaria", explica el resumen.

"Las conclusiones de la tesis giran en torno a la demostración a través del analizador elegido: las enmiendas de la paulatina pérdida de poder legislativo por parte de los parlamentos en favor de la esfera creciente del mismo atribuido a los gobiernos, en suma, al poder ejecutivo", se puede leer en el portal Teseo, la base de datos de tesis doctorales del Ministerio de Educación. 

Una tesis de actualidad

Las líneas de investigación exploradas por Calvo hace más de 30 años, cuando la hoy vicepresidenta estaba en la veintena, no podrían estar más de actualidad. La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha desencadenado una guerra sin cuartel entre el Gobierno, apoyado por el PSOE, por una parte, y el PP y Ciudadanos. La contienda llega incluso hasta el nivel de los letrados, de los que PSOE y PP esperan argumentos jurídicos a su favor para sacar adelante sus planes. Las acusaciones de prevaricación y amenazas de recurso ante el Tribunal Constitucional empiezan a estar sobre la mesa. 

El Congreso rechazó en julio la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, que incluye 6.000 millones de euros más que irían destinadas en parte a las comunidades autónomas, con 2.500. A Sánchez le fallaron sus propios socios, los que lo hicieron presidente, que se abstuvieron con el argumento de que el presidente no había hecho lo suficiente para convencerlos.

A Sánchez y a Calvo se le vino abajo en ese momento uno de los instrumentos para llevar a cabo sus políticas: algo más de dinero con el que ponerlas en práctica. Para colmo, la relajación en la reducción del déficit había sido ya autorizada por la Comisión Europea. Los objetivos de déficit y deuda son imprescindibles para elaborar el presupuesto. Los que están en vigor para 2019, herencia del Gobierno de Mariano Rajoy, están desfasados y son irreales a ojos de Bruselas. 

El Gobierno se fue de vacaciones con la intención no sólo de volver a presentar unos nuevos objetivos al Congreso sino de cambiar la ley para evitar que, una vez convencidos sus socios, no fuese el Senado el que los tumbase. La ley actual da a la Cámara Alta la posibilidad de vetarlos sin que, como ocurre con otras leyes, el Congreso pueda levantar el veto con una nueva votación. 

Pelea en el Congreso

La pelea se trasladó al Congreso. La Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PP y Ciudadanos, vetó una reforma de la Ley de Estabilidad por la vía de urgencia, algo para lo que no tiene competencias, según el Gobierno. La Mesa del Congreso, que es su órgano de Gobierno, no es una instancia política sino que sólo debe limitarse a comprobar que las iniciativas pueden tramitarse conforme al reglamento. 

El Gobierno decidió contestar la decisión de la Mesa con un recurso, pero en paralelo lo intentó por el procedimiento habitual. Este martes, por sorpresa, el Ejecutivo filtró a un medio de comunicación una bomba política inesperada: había presentado una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma se tramita en la comisión de Justicia del Congreso para hacer efectivo el pacto contra la violencia de género. 

De esta manera, el Gobierno cree poder saltarse a la Mesa del Congreso (a veces llamada Mesa grande), donde PP y Cs tienen mayoría, y tramitar la reforma desde la comisión de Justicia, donde PSOE y ERC tienen tres de los cinco votos. Así, el proceso estaría iniciado y el pleno del Congreso podría votar sin impedimentos la reforma de la ley, clave para los presupuestos. 

"Enmienda jinete"

Es lo que en el argot parlamentario se conoce como "enmienda jinete" y consiste en aprovechar cualquier otro procedimiento parlamentario para incluir una enmienda sobre un tema distinto. Como las mayorías parlamentarias que lo aprueban son las mismas (mayoría absoluta en este caso, por ser una ley orgánica), es una manera de ganar tiempo. El PSOE recuerda que todos los Gobiernos han utilizado el procedimiento, incluso el PP con mayoría absoluta, como una manera de agilizar el proceso. 

No están de acuerdo PP y Ciudadanos, que acusan al Gobierno de atropellar al Senado y, de paso, al reglamento del Congreso al saltarse los recelos, teóricamente fundados en argumentos jurídicos, de la Mesa del Congreso que controlan esos mismos partidos. 

"Estamos en el inicio de Venezuela en el Parlamento español", dijo esta semana Dolors Montserrat, portavoz del PP.

Quizás la Calvo de 1987 lo hubiera descrito como la "demostración" de la "paulatina pérdida de poder legislativo por parte de los parlamentos en favor de la esfera creciente del mismo atribuido a los gobiernos, en suma, al poder ejecutivo".