El sector inmobiliario advierte a Sánchez de que intervenir el mercado del alquiler sólo alzará los precios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este jueves que "las empresas conocidas como de economía colaborativa" van a tener que apretarse el cinturón, porque son su nuevo objetivo. En la carrera iniciada desde la llegada del PSOE a la Moncloa por subir el gasto público el único combustible a mano es el de las subidas de impuestos, dada la ortodoxia presupuestaria que impone Bruselas. Y Montero ya tiene un nuevo sector al que apretar: empresas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb o Homeaway tendrán en breve "un tratamiento fiscal adecuado". Es decir, más presión tributaria.

La medida, evidentemente, redundaría en los precios finales de los servicios a los ciudadanos, pues los impuestos "siempre se repercuten en el usuario", afirman las fuentes del sector. De modo que un mercado en constante alza como el del alquiler se puede ver afectado por esta "nueva fiscalidad del siglo XXI" anunciada por Montero, y los expertos advierten de un efecto opuesto al que se busca: la bajada de los precios para los inquilinos.

Ya son seis las mesas de negociación presupuestaria  entre el Ejecutivo y el principal grupo que le da sustento en el Parlamento, el de Unidos Podemos: sanidad y educación; fiscalidad; políticas feministas; la del fin de la austeridad en las corporaciones locales; la de pensiones; y la de vivienda.

Ione Belarra, Pablo Echenique y Pablo Iglesias, en la presentación de su documento de Presupuestos. Efe

En esta última y a tenor del documento de trabajo de los de

"Podemos demuestra que desconoce del todo cómo funciona el mercado del alquiler", responde Encinar a EL ESPAÑOL, "y no se puede legislar con eslóganes, sino entrando en las casuísticas", porque según apunta este alto responsable del mayo portal inmobiliario online en España, intervenir el mercado provoca "efectos perniciosos" ya que "si esa ley no funciona, quedan sus efectos sobre el mercado, aunque la norma se retire".

Ejemplos en Francia y Alemania

Así ocurrió con las medidas adoptadas en París y Berlín en el año 2015. Ambas capitales europeas aprobaron normativas para limitar los precios tras sufrir alzas en los precios de mercado de hasta el 78%. Ambas leyes fracasaron: en el caso francés el texto -conocido como Ley Alur- fue declarado ilegal por los tribunales, pero sólo después de que más de 12.000 viviendas desaparecieran de inmediato del mercado. A pesar de esta experiencia fallida, el Gobierno de Emmanuel Macron prepara una legislación similar a nivel nacional.

Y eso que en el caso alemán la normativa también decayó "pero ya había creado un efecto inflacionario, porque los propietarios se defendieron de la regulación de precios máximos imponiendo una comisión previa de tres mensualidades no reembolsable", apunta el ejecutivo de Idealista.

Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, atiende a este periódico por teléfono, desmintiendo que las medidas que negocian Sánchez e Iglesias puedan beneficiar a la clase trabajadora: "Es una barbaridad que en pleno siglo XXI se propongan leyes intervencionistas, eso sólo va a provocar economía sumergida, volver a los contratos en servilletas e inseguridad jurídica para el inquilino".

Más impuestos y leyes más rígidas

La ofensiva de PSOE y Podemos contra la inflación en los precios del alquiler también contempla, como ha apuntado la titular de Hacienda, la subida de impuestos.

Fuentes de Airbnb consultadas rechazan comentar las palabras de la ministra Montero, pero han explicado a EL ESPAÑOL que evidentemente pagan todos los impuestos que les impone la ley en los lugares donde opera. Y que, es más, su modelo de negocio propicia que "entre el 85% y el 90% de cada operación ya tribute en el mercado local", dado que la compañía sólo cobra una comisión del 3% al arrendador y del 6% al arrendatario.

App de Airbnb.

Además, y ante la presión de las autoridades y los grupos políticos afirman que han demostrado su "compromiso con las obligaciones tributarias" firmando un

En España ha sido Baleares la que más recientemente ha aprobado una legislación similar a la que Unidos Podemos ha puesto sobre la mesa de negociación presupuestaria. Desde el pasado mes de junio, la Comunidad Autónoma presidida por la socialista Francina Armengol tiene potestad para obligar a los "grandes tenedores" de pisos a que los saquen al mercado. Y además, a un precio controlado, como propone la formación morada a nivel nacional, con el objetivo de que la renta nunca supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

"Pero es que yo no conozco a ningún inversor que compre casas para tenerlas vacías", sostiene Carroza. Entonces, ¿por qué el parque de vivienda vacía en España supera los 3,4 millones? "Bueno, eso alega Podemos, pero no es cierto", responde Encinar a EL ESPAÑOL desde su despacho de Idealista. "La inmensa mayoría son pisos en manos de bancos y Socimis que están a la venta. ¿Un piso en el mercado se puede considerar vacío? Yo creo que no".

Las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (Socimis) protagonizan otra de las iniciativas de los de Pablo Iglesias, que les ponen la proa exigiendo al Gobierno que la ley les obligue a pagar al menos el 20% de impuestos sobre sus beneficios, ya que ahora "pagan un 0%". Alquiler Seguro, empresa de intermediación en el mercado del arriendo de casas, participa de una de esas Socimis, de modo que preguntamos en Idealista.

Las cifras que manejan este portal de compra, venta y alquiler desmienten el efecto beneficioso que ve Podemos en subir la presión impositiva a estos vehículos de inversión. "Las Socimis son compañías obligadas por ley a repartir como dividendo cada año el 80% de sus beneficios, y son sus inversores los que pagan impuestos por ellos", a un tipo habitualmente mayor que ese 20% que reclama el partido de Iglesias. "Además, fueron esos fondos los que compraron los miles de pisos que nadie quería en 2012, evitando más cierres de inmobiliarias y promotoras, evitando mucho más paro".

Volver al contrato de cinco años

Pero no todo son críticas en el mercado inmobiliario a las medidas que plantea Podemos al Gobierno para "acabar con los alquileres abusivos". Tanto Carroza como Encinar dan por buena la propuesta de ampliar la duración mínima de los contratos de arriendo. Ambos expertos opinan que sería mejor una libertad absoluta entre el propietario y el arrendador, pero creen que "darle mayor tranquilidad al inquilino volviendo al contrato mínimo de cinco años nunca puede ser malo", y rechazan que esto pueda añadir rigideces que presionen los precios al alza.

"Donde están subiendo los pisos es en el centro de Madrid y de Barcelona, además de en Baleares", explica Carroza, "pero no es por lo de los pisos turísticos a los que ahora quiere apretar la ministra, sino por la alta demanda". El crecimiento económico ha generado mucho empleo y "los jóvenes han vuelto al centro revitalizando esos barrios". Claro, que a la desaceleración que ya ha confirmado el FMI se le anuncia un añadido de mayor presión fiscal. "Nosotros hablamos con Fomento y con las CCAA, ahora a ver si nos escuchan".