La Generalitat ordenó entorpecer el acceso de Policía y Guardia Civil a sus edificios dos meses antes del 1-0

La Generalitat intentó entorpecer el acceso de Policía y Guardia Civil a los edificios públicos bajo su control si los agentes trataban de registrarlos por orden judicial para investigar los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Para ello, la consellería de Presidencia, con Jordi Turull al frente, remitió un correo con instrucciones concretas para que el personal de recepción de los edificios negara el acceso de los agentes pese a acreditarse como policía judicial.

En lugar de eso, los funcionarios debían avisar de forma inmediata a los servicios jurídicos dependientes directamente de Presidencia para que se personaran en el lugar.

Según dicta la Ley, en España toda persona física o jurídica tiene derecho a asistencia letrada y a estar presente cuando se produce un registro judicial en alguna de sus dependencias. Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, el correo que hoy reproduce EL ESPAÑOL fue remitido el 2 de agosto de 2017, pocos días antes de que el Tribunal Constitucional tumbara la Ley que articulaba la consulta independentista. Y no habla en el texto de domicilios particulares, que requerirían una protección mucho mayor, sino de oficinas autonómicas, de instituciones cuya documentación se ha generado siempre con dinero público y que debería estar al alcance del ciudadano por simples cuestiones de transparencia, salvo que esté afectada por la Ley de Protección de Datos.

Correo electrónico remitido desde Presidencia de la Generalitat.

El documento publicado por EL ESPAÑOL va dirigido directamente al exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, imputado por la organización del 1-O, expresidente del Consejo Asesor por la Transición Nacional y máximo responsable del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat en el momento en el que se remite el correo.

"Mejor tener todos las mismas instrucciones"

El documento explica textualmente que "si os encontráis ante una posible orden judicial de entrada y registro en las dependencias del Instituto, te doy unas breves indicaciones que te pido que tengáis en cuenta: el personal de recepción tiene que atender e la policía judicial en el vestíbulo del edificio y avisar a los servicios del gabinete jurídico. La comitiva judicial tiene que esperar a ser atendida por algún responsable del equipo jurídico o de la asesoría jurídica del departamento". 

La estrategia legal es similar, por ejemplo, a la que retrasó durante horas algunos de los registros planeados por la Fiscalía Anticorrupción en la sede de la antígua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y de su fundación en los primeros compases del caso 3%.

"No preveímos que suceda, pero conviene tener todos las mismas instrucciones para saber cómo actuar", explicaban desde Presidencia tras dar las instrucciones pertinentes. Cabe recordar que Carles Viver es un reconocido jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, al que se considera presuntamente uno de los arquitectos legales del proceso soberanista. Un papel que él ha calificado en sus comparecencias judiciales como "una leyenda"

Los coches de la Guardia Civil, asaltados en Barcelona. Efe

En cualqueir caso, la advertencia no era arbitraria. Una semana antes del correo, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona comenzó a solicitar diligencias tras una querella presentada por Vox contra el exsenador Santiago Vidal por desvelar en una conferencia que el Govern catalán estaba utilizando datos del censo de forma ilegal para su proceso soberanista. La querella se amplió poco después a Carles Viver Pi-Sunyer, remitente del correo.

En esas fechas, las pesquisas del juzgado eran ya tan conocidas que la propia CUP había intentado personarse en la causa una semana antes. Sin embargo fue el 20 de septiembre, casi dos meses después, cuando el mismo juez lanzó la operación que se saldó con 14 detenidos, varias dependencias de la Generalitat registradas y una comisión judicial retenida durante horas por una marea de manifestantes independentistas que destrozó varios coches de la Guardia Civil. 

Puesta en práctica de la estrategia

Ese día y según el sumario de la causa, Lluis Salvadó, uno de los principales investigados y número dos de la conselleria de Hacienda, puso en práctica la estrategia planeada desde el servicio jurídico. Y mientras la Guardia Civil esperaba abajo a ser atendida, le pidió a su secretaria que subiera a su despacho y tirara los papeles comprometidos por la ventana a un patio interior. " Ve a mi mesa, coge los papeles y tíralos por el patrio".

La grabación de la conversación, realizada por mandamiento judicial, no deja lugar a dudas. "Coge de encima de la mesa de reuniones todo el montón de papeles que hay y tíralos", dice el responsable de Hacienda. "He metido unos cuantos papeles bajo una caja de aguas", contesta su secretaria. "Sal fuera, al patio y arrójalos por el patio", le contesta su jefe. "¿Qué hacemos, pedimos orden de registro?" "Por supuesto". 

De forma coordinada, los agentes entraban también en la sede del instituto liderado por Viver, que no fue detenido. Tras recibir la llamada de su secretaria adviertiendo de la presencia de la Guardia Civil, en exmagistrado trata de contactar con los servicios jurídicos de Presidencia, saturados por los distintos registros.

Es entonces, tal y como avanzó La Vanguardia, cuando la secretaria de uno de los abogados le dice que por favor, ante la situación, llame a su propio abogado. "Ya me avisaron de que vuando viniesen (en referencia a la Policía o la Guardia Civil) llamase al gabinete", afirma Viver en clara referencia al correo desvelado hoy por EL ESPAÑOL. "Pero ya uso la otra vía".

Carles Viver, junto a Artur Mas. Efe

"No se habla con nadie. [...] No debes dar nunca un paso adelante si no lo dan ellos ¿tienen orden?  Cuando te enseñen la autorización (judicial) me la lees y yo te diré si pueden entrar o no". Tras los consejos de su abogado personal, el exmagistrado recibe por fin la llamada del letrado de la Generalitat. Le propone contactar con abogados de Esquerra Republicana ante la saturación de los juristas a sueldo de la Generalitat. "Si no te han detenido, ya te das por satisfecho", le comenta el letrado, antes de explicarle de nuevo que pida la orden judicial.