A Sánchez sólo le queda el PP: los que le invistieron exigen que no venda armas a Riad

A la vuelta del verano, estalló la polémica. Margarita Robles había ordenado la paralización de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí por 9 millones de euros como parte de la revisión de todos los contratos armamentísticos motivada por la llegada al Gobierno de los socialistas. La explicación eran los bombardeos sobre población yemení para los que podían ser utilizadas esas bombas. Inmediatamente, sin que trascendiese una amenaza explícita del país del Golfo Pérsico, el riesgo de que cancelase las cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros que construyen astilleros españoles llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a corregir a su ministra de Defensa. Los contratos siguen adelante. 

Muchos acusaron a Robles de frívola, de actuar al margen de la coordinación del Gobierno o de poco avispada, ya que sencillamente podría responsabilizar a la anterior ministra, María Dolores de Cospedal, y mirar para otro lado. 

Ese incidente, resuelto con un golpe de autoridad de Sánchez y división en el Gobierno, se ha convertido imprevisiblemente en la tenaza de la acción del Gobierno tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi a manos de Arabia Saudí, que ha provocado una gran ola de indignación internacional, con las principales potencias europeas al frente.

El Gobierno español está entre los que dentro de la Unión Europea ha dado una respuesta más tibia, expresando "consternación" y pidiendo una investigación "exhaustiva y transparente", según un comunicado emitido por Exteriores el pasado sábado. Otros países, como Alemania, han anunciado que no venderán más armas a Arabia Saudí y, junto al Reino Unido y Francia, emitieron el fin de semana un comunicado mucho más duro con los responsables del asesinato y a favor de la libertad de expresión, ni siquiera mencionada por el Gobierno español. 

Ahora, Sánchez está entre el realismo de las relaciones comerciales e internacionales y la beligerancia en favor de los derechos humanos. Pero también entre el PP y los socios que lo auparon a la presidencia del Gobierno. 

Este martes, la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados rechazó dejar de vender armas a Arabia Saudí. El PSOE votó, junto al PP, en contra de PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís, que reclamaban dejar de vender material bélico a Riad por los bombardeos en Yemen y la muerte de Khashoggi en el consulado de Estambul. 

El diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones apeló a la "prudencia" antes de precipitarse, pero los términos de la investigación pedida por el Gobierno son tan vagos que podría entenderse como una táctica dilatoria. "España es un país que cumple con sus compromisos internacionales, las decisiones que se tomen tendrán que ser colectivas en el seno de la Unión Europea", añadió Gutiérrez Limones. 

Los socialistas no ocultan que en su prudencia hay razones económicas, ya que en el debate, el diputado socialista aventuró que los socios de la moción de censura no insistirían tanto si los puestos de trabajo de los astilleros que construyen corbetas para Arabia Saudí no estuvieran en Andalucía y estuvieran en otras partes, como Cataluña. 

Este miércoles, el presidente del Gobierno dará explicaciones en el Congreso. Será en una comparecencia en la que confluirán dos asuntos distintos: la última cumbre de la UE y la venta de armas a Arabia Saudí, pero probablemente la atención de la oposición se centre en esto último y el caso Khashoggi. 

Los ministros de Sánchez, especialmente Robles y el de exteriores, Josep Borrell, guardan silencio desde hace días, remitiendo a la comparencia. En ella, Sánchez tendrá que mojarse y se aproximará o bien a sus socios, o bien al PP, con quien votó este martes. O bien a la línea dura de denuncia que marcan Alemania, Reino Unido y Francia, o bien al mínimo común denominador de la ONU.