El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha reclamado en una resolución pactada por varios grupos políticos del hemiciclo la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo, como la fundación Francisco Franco.
Así se recoge en el texto consensuado por hasta cinco grupos políticos, incluidos populares y liberales, que pidieron para sumarse al mismo que no se hiciera mención a ninguna fundación concreta o episodio fascista nacional.
La Eurocámara muestra en la resolución su preocupación ante el aumento de la violencia neofascista en la Unión Europea tras agresiones de grupos ultras como la sufrida por la eurodiputada italiana Eleonora Forenza y su asistente por Casa Pound y con el objetivo de que la Comisión Europea ponga en marcha medidas concretas.
Los eurodiputados están preocupados por el auge de la normalización del fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y por la "impunidad" de los grupos que las defienden incluso con violencia.
Más allá, reclaman a los Veintiocho la creación de "unidades policiales contra el odio" y asegurarse de que dentro de sus cuerpos y fuerzas de seguridad no hay comportamientos de tipo racista o xenófobo. En ese sentido, también piden que la CE llame a las organizaciones cívicas a reportar sobre el estado del discurso de odio y los crímenes de odio en los países europeos.
También llaman a tener una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes fascistas del pasado, y se dicen "profundamente preocupados" de que las nuevas generaciones "estén cada vez menos concienciadas con la historia del fascismo, lo que representa un riesgo de ser indiferente ante nuevas amenazas".
Socialdemócratas, Ecologistas y la Izquierda Unitaria quisieron incluir menciones a agresiones concretas como las de "Hogar Social Madrid" o al Valle de los Caídos, pero finalmente quedaron fuera del texto y aunque se votarán como enmiendas no tienen probabilidades de prosperar, dijeron varias fuentes parlamentarias.
Una de las ponentes del texto es la eurodiputada del BNG Ana Miranda, quien durante las negociaciones intentó que la resolución recogiera como caso condenable la denuncia que la familia Franco presentó contra los activistas que ocuparon pacíficamente el Pazo de Meirás en agosto de 2017 para reclamar su devolución al pueblo gallego.
En una rueda de prensa previa al voto, Miranda destacó la importancia de la resolución para presionar a la ilegalización de la fundación Francisco Franco que -dijo- "es una anormalidad democrática en la UE, donde sería imposible que existiera en 2018 una fundación Hitler o Mussolini".