Las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes independentistas procesados tendrá pronto respuesta en las calles de Cataluña. De momento, el president de la Generalitat, Quim Torra, y los dirigentes de ERC y PDeCAT, han avanzado que cierran ya la puerta a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, lo que equivale a tumbar las cuentas públicas de Pedro Sánchez y su principal eje político en estos momentos. 

Pero en los partidos independentistas, divididos sobre la estrategia de fondo, los escritos de acusación han hecho que se imponga la sensación de que es necesaria una respuesta más contundente que la no aprobación de una ley dentro de cuatro o cinco meses. 

Fuentes independentistas explican a este periódico que ya se trabaja en la preparación de una nueva huelga general en Cataluña similar a la que se organizó tan solo dos días después del 1 de octubre del año pasado en respuesta a la violencia policial. Entonces, el 3 de octubre, las calles de buena parte de Cataluña se paralizaron en una respuesta unitaria y de base del independentismo.

Eso es, precisamente, lo que se persigue ahora con un doble objetivo: mostrar a las autoridades del Estado que, lejos de enfriarse, el independentismo sigue teniendo importantes apoyos y, por otra parte, servir como respuesta común, apartidista, que dé una imagen cohesionada tras semanas y meses de navajazos internos, fundamentalmente entre ERC y Junts per Catalunya, aunque también y a su vez dentro de cada formación. 

Pero hay otras voces que van más allá. En público, de momento, sólo se reducen a líderes de opinión, pero en privado se lo plantean unos y otros. Una de las opciones es la de abandonar el Congreso de los Diputados o, sencillamente, no acudir aunque se mantengan nominalmente los escaños. 

ERC tiene 9 diputados en el Congreso, mientras que el PDeCAT dispone de ocho. La CUP, que sí tiene representación en el Parlament (cuatro escaños, como el PP), no se presentó a las últimas elecciones. En algunos sectores de Junts per Catalunya y, en menor medida, de ERC, se comienza a considerar la posibilidad de un plante a las cámaras de representación del conjunto de España para mostrar su total desacuerdo con una democracia que permite que se persiga penalmente a líderes independentistas y también como materialización del fin de la colaboración con Sánchez. 

Los 17 diputados independentistas catalanes son imprescindibles para que el PSOE articule la mayoría de la moción de censura y gane votaciones a PP y Ciudadanos, que en la mayoría de votaciones, especialmente las de más calado, no van a conceder a Sánchez una abstención y mucho menos un "sí". 

La estrategia ha sido promovida en redes sociales por periodistas como Salvador Cardús o Pilar Rahola. "Hoy es un buen día para que los diputados independentistas en Madrid abandonen sus escaños. nada que pactar, nada que dialogar", tuiteó el primero. 

"No se debería ir [al Congreso]. Un gesto contundente de rechazo. Ir a votar no y hablar les importa muy poco. Después de hoy, nuestros diputados deben negarse a ir", en palabras de Pilar Rahola. 

La estrategia tiene también una derivada: evitar que diputados del PDeCAT que los elementos más radicales del independentismo ven como demasiado blandos no sigan en Madrid defendiendo el diálogo o el pacto con Sánchez. En ese sentido, un plante al Congreso los dejaría fuera de juego y daría más protagonismo a los que dirigen las estrategias desde Barcelona, menos pactistas. 

En ERC no comparten la estrategia. "Necesitamos todos los altavoces", explica un diputado republicano, para quien otros plantes en el pasado no sirvieron para más que una apertura de expediente por la ausencia. Pero beneficios políticos, ninguno.