Se llamaban a sí mismos La Hermandad y se coordinaban bajo una cuenta de correo de Hotmail atribuida al nombre ficticio de Nùria Bofill. Las prácticas del cártel de empresarios desarticulado por la Guardia Civil en Cataluña están completamente prohibidas: se coordinaban para inflar sus precios en licitaciones públicas y así evitaban precios a la baja, como adelantó EL ESPAÑOL en julio de 2017. Los hechos ocurrieron bajo el Gobierno de Artur Mas y se enmarcan dentro del caso de corrupción del 3%.
La Operación Colusorium explotada este martes por el Instituto Armado es el resultado de las pesquisas de las que informó este diario hace casi un año y medio. La trama de corrupción afecta a decenas de empresas -la Guardia Civil ha registrado ocho oficinas y 13 despachos profesionales- que durante años pactaron los precios de las licitaciones públicas a espaldas de la Administración. Actuaron de este modo, al menos, desde 2007, de acuerdo a los correos que enviaba La Hermandad bajo el sobrenombre de Nùria Bofill, un alias que no corresponde a ninguna identidad real.
En uno de ellos, por ejemplo, se informa a todos los miembros del cártel de que "el pacto" entre ellos sigue vigente. O lo que es lo mismo, que mantengan los precios inflados de cara a los concursos públicos convocados por la Generalitat. "Queridos señores. Ante las informaciones que hemos recibido planteando si el pacto se ha roto, hemos de comunicar que EL PACTO CONTINÚA VIGENTE para todos los grupos acordados".
DOCUMENTO Nº 21. Correo electrónico que reconoce la existencia y la vigencia de un pacto de precios entre las ingenierías catalanas.
En el correo se adjunta un archivo adjunto que detalla las condiciones pactadas por el cártel de empresarios. "A) En las ofertas económicas, dentro de los G1 y G2 a presentar, no se puede hacer una baja superior al 9% e inferior al 2% B) Nunca se puede hacer una baja con número entero (5%, 6%...) ni múltiplo exacto de 0,5%. [...] E) Solo una de cada cinco ofertas se puede ir a una baja de entre el 8.5% y el 9%".
Condiciones GISA
De este modo, La Hermandad actuaba al margen de la libre competencia y presentaba unos precios superiores para que la Generalitat tuviera que pagar de más en sus licitaciones. El cártel de empresarios estaba plenamente coordinado; también alteraban sus condiciones si firmas ajenas se presentaban a los concursos convocados desde las diferentes instituciones del Govern.
"Se ha decidido que para Pro-Eixample Equipaments, sólo la que se presenta el 19 de enero, vamos a cumplir el pacto (según lo que todo el mundo tenía previsto, dentro de los cuatro tramos), más seis puntos. Es decir; al que le tocaba al 7,50 puede ir hasta el 13,50 de bajada. Todo esto se ha decidido como consecuencia de la previsión de concurrencia en este concurso de muchas empresas que no conocemos", reza otro correo publicado por EL ESPAÑOL.
DOCUMENTO Nº 25. Correo en el que uno de los integrantes de la "hermandad" critica las decisiones sobre el pacto de precios acordadas para las licitaciones del Ayuntamiento de Barcelona.
Un cártel que también tenía sus tensiones internas, cuando los empresarios se reprochaban ante sí la actitud de alguno de ellos, bien porque presentase ofertas que se desviaban de los precios pactados, bien por sentirse excluidos de algunos de los amaños. "Aunque yo no pertenezco al grupo de íntimos de Núria [en referencia al nombre en clave del cártel] sabéis que siempre me he apuntado a todas las fiestas. Creo que algunos íntimos tuyos te manifestaron la semana pasada claramente el sentido de mantener el grupo. Por eso sigo sin entender a que obedece el cambio".
DOCUMENTO Nº 25. Correo en el que uno de los integrantes de la "hermandad" critica las decisiones sobre el pacto de precios acordadas para las licitaciones del Ayuntamiento de Barcelona.
La operación Colusorium
Todos estos movimientos no pasaron desapercibidos por la Guardia Civil, que este martes explotó la operación Colusorium, en el marco de unas diligencias previas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de los de la Audiencia Nacional. Los agentes registraron un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla.
Los correos electrónicos fueron la pista que siguió el Instituto Armado para explotar la operación, en la que hay 15 personas investigadas. Las pesquisas demostraron la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto.
Los agentes de la Guardia Civil procedieron al requerimiento judicial de 10 expedientes bajo investigación en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña. También entregaron un mandamiento judicial a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte toda la documentación sobre los concursos públicos investigados.