El Gobierno tramita la reforma de la Constitución para reducir los aforamientos

El Consejo de Ministros tramita este viernes el anteproyecto de ley de reforma de la Constitución para eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo en caso de delitos cometidos fuera del ejercicio de su cargo.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este mismo mes que antes de que acabara noviembre esta reforma sería aprobada por el Consejo de Ministros, una vez recibido el correspondiente informe del Consejo de Estado.

Sánchez no presidirá la reunión del Gobierno que dará luz verde al anteproyecto ya que se encuentra en Buenos Aires participando en a cumbre del G20.

Por tanto, será la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien presida la sesión semanal del Ejecutivo y a la que tampoco asistirán la ministra de Economía, Nadia Calviño (quien acude también al G20), el titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el de Ciencia, Pedro Duque.

Borrell acompaña en México al Rey con motivo de los actos de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país, y Duque asiste en Bruselas al Consejo de Competitividad de la UE.

La propuesta de reforma constitucional que aprobará el Consejo fue anunciada por Sánchez al cumplir cien días como presidente y se encargó un informe al Consejo de Estado que respalda que diputados, senadores y miembros del Gobierno sólo sigan aforados ante el Tribunal Supremo si cometen delitos "en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

La reforma que plantea el Gobierno afectará a los artículos 71 y 102 de la Constitución y requiere del apoyo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.

El Consejo de Ministros también aprueba el plan de reindustrialización Reindus, dotado con 400 millones de euros para distribuir préstamos que generen un entorno favorable a la actividad empresarial y a la creación de empleo.

Según avanzó la ministra de Industria, Reyes Maroto, al anunciar la aprobación de este plan en Consejo de Ministros, la iniciativa busca elevar el peso de la industria al 20% del PIB.

De la misma forma, el Gobierno aprueba la eliminación de determinadas enfermedades de exclusión médica para empleo público. En concreto, se plantea eliminar el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis como causas de exclusión para el acceso al empleo público.