Está a punto de agotar el plazo, pero el Gobierno está convencido de que llegará a tiempo. El ministerio para la Transición Ecológica trabaja a contrarreloj para presentar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que le pide Bruselas; el límite, el 31 de diciembre.
No obstante, desde la cartera que dirige Teresa Ribera prevén tener listo el borrador que remitirá a Bruselas en las próximas dos semanas, para enviarlo antes de las vacaciones navideñas. "Lo tenemos que tener y lo vamos a tener antes de fin de año", aseguraba este martes el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, durante una jornada organizada por el Club Español de la Energía y Sedigas.
Un proyecto que, insisten desde el ministerio, estaba "casi a cero" cuando Sánchez llegó a la Moncloa, a pesar de que la exigencia de Bruselas es anterior. "Nos encontramos en una situación un poco conservadora, en el sentido de que parecía que el cambio climático estaba pero estábamos viviendo como si no estuviera", insiste Domínguez.
Por eso, el primer medio año de vida de este ministerio se ha centrado en este Plan, por un lado, y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por otro. Por mandato europeo, y para cumplir con los acuerdos de París, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima abarca el periodo 2021-2030, y trata de asegurar el logro de los objetivos y las metas de la Unión Europea para ese último año.
En este sentido, este plan concreta las medidas necesarias para aproximarse lo máximo posible a las directrices en la estrategia de descarbonización. Una vez se envíe el borrador, Bruselas tendrá un año para revisarlo punto por punto. No obstante, el Ejecutivo ha adelantado algunas medidas del Plan durante estos meses. Entre ellas, destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un 20% con respecto a 1990, que supone, en realidad, un 37% de reducción, porque estamos un 17% por encima de los niveles de ese año. "Cuando uno se pone a hacer los números no es especialmente fácil", explica Domínguez. También está sobre la mesa el impulso de la movilidad eléctrica o la instalación del orden de 5.000 MW al año de energías renovables hasta 2030, para cumplir el objetivo de que, al menos el 35% de la energía final sea renovable entonces.
"Hay un futuro fascinante delante de nosotros y una obligación de afrontarlo con seriedad. Es un futuro muy demandante de esfuerzo pero que ofrece una gran cantidad de oportunidades", indica Domínguez. Pero, ¿qué pasa con la ley española?
"Es coherente"
El trabajo se acumula en el ministerio que, a la vez que ata los detalles de este Plan, trata de sacar adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en estado muy avanzado. Este mismo miércoles, el Grupo Español de Crecimiento Verde, asociación que agrupa a una treintena de las principales empresas españolas -Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, CaixaBank, Ecoalf, Endesa, Enagás, Eulen, Ferrovial, Iberdrola, Logista, Naturgy, OHL, Red Eléctrica de España, Sacyr, Santander o Telefónica- valoraba el anteproyecto como una "base sólida" para establecer un marco "predecible y estable" que permita lograr lo acordado en París en 2015.
Desde el ministerio insisten en que esta ley "es coherente" con lo detallado en el Plan que se enviará a Bruselas. De hecho, indican, están interrelacionados, aunque será la Ley la que establezca los instrumentos y los modos en los que cada sector contribuya al cumplimiento de los compromisos contra el cambio climático. "El reto está en avanzar hacia modelos bajos en emisiones en nuestros principales sectores productivos y modelos de racionalización del consumo energético, lo que al tiempo supone una oportunidad para el impulso del crecimiento económico y la generación de empleo", explican desde el ministerio.