El Gobierno ha entrado en modo electoral. Pedro Sánchez pasará la Navidad en el Palacio de la Moncloa, donde ya lucen varios árboles con su habitual decoración, pero no con la placidez que a él le hubiera gustado. En cinco meses, su Gobierno, presentado como un dream team que sorprendió para bien incluso a algunos rivales políticos, se ha deteriorado mucho por el cuestionamiento de algunos ministros. Dos de ellos se vieron obligados a dimitir por las dudas sobre su credibilidad personal.
Además, la fragilidad de sus apoyos y la toxicidad para sus intereses electorales que el diálogo con partidos independentistas provoca en sectores del PSOE ha debilitado mucho la posición del Ejecutivo. El resultado en Andalucía, aunque en Moncloa lo circunscriban a un fracaso particular de Susana Díaz, ha hecho que salten todas las alarmas.
Tan frágil es la posición del Gobierno que la pregunta ha vuelto con fuerza. ¿Cuándo convocará Sánchez las elecciones? Sin mucha convicción, sus ministros sacan "fuerzas de flaqueza". Aseguran que trabajan "como si fuera a agotar la legislatura" y alguno de ellos se propone estar al menos "seis años" en el cargo. Pero, al mismo tiempo, ninguno se atreve a descartar que enero acabe con una convocatoria electoral para marzo y hay varios que creen que ya deberían haberse celebrado en otoño de este año. "Ya vamos tarde", sostienen los que en el Ejecutivo defienden esta tesis.
La sensación de fin de etapa o, al menos, de provisionalidad, ha reformulado el Gobierno en un órgano más político, que busca su reválida y que está dispuesto a hacer de su gestión, muy limitada por la falta de Presupuestos, el mejor programa electoral. Para la oposición se trata de mero partidismo.
El uso de Moncloa de Celaá
Este viernes, Isabel Celaá dio buena prueba de ello. La ministra portavoz del Gobierno aprovechó su intervención inicial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer comentarios que extrañaron a propios y extraños. Es normal que el Gobierno defienda sus posiciones o arrime el ascua a la sardina del partido que le apoya. Y, para lo demás, las respuestas habituales: "Esto no se ha tratado en el Consejo de Ministros" o "el Gobierno no se pronuncia sobre asuntos que afectan a los partidos", una fórmula utilizada a menudo por la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando no quería responder... sobre el suyo propio.
Celaá aprovechó la mesa del Consejo de Ministros para comentar las elecciones andaluzas (fuera del ámbito del Gobierno) y asegurar que Susana Díaz está "legitimada" para volver a ser presidenta, a pesar de que es el Parlamento de Andalucía el que decide a quien escoger entre sus diputados, todos igualmente legitimados. Al Gobierno le "sorprende" que tanto PP como Ciudadanos "se arroguen el derecho a presidir la Junta de Andalucía" y advirtió de que con sus conductas pueden hacer de Andalucía "la cuna de la ultraderecha". No es que los miembros del Gobierno no hagan este tipo de comentarios, pero tradicionalmente los portavoces se han abstenido de hacerlos desde Moncloa y, especialmente, si no son preguntados al respecto.
"Este Gobierno no tiene ningún escrúpulo en usar medios públicos de forma partidista", respondió el PP por boca del diputado Jaime de Olano, que le recomendó a Celaá hacer sus ruedas de prensa directamente en Ferraz y no en Moncloa.
La deuda de esta semana con Díaz
Puede decirse que Sánchez tenía alguna deuda que saldar. La semana comenzó con el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, enseñando la puerta de salida a Díaz por sus resultados, algo que corrigió al día siguiente.
En cualquier caso, en el Gobierno creen que la etapa de poner la otra mejilla y aguantar se ha acabado y que deben jugar más fuerte si quieren seguir en el poder en cuanto se celebren nuevas elecciones.
Ese espíritu se traduce también en las medidas y anuncios. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Plan de Empleo Juvenil. La lucha contra la lacra del paro entre los más jóvenes ha llevado al Gobierno a anunciar una inversión de 2.000 millones. Sólo en 2019 se invertirán 670. El objetivo es bajar en 10 puntos la actual tasa, hasta el 23,5%, e incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas entre jóvenes.
Los esfuerzos, explicados con convicción por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no verán su fruto si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado y, en caso de que haya elecciones, completarlos dependerá de un nuevo Ejecutivo. En otras palabras: el loable objetivo de rebajar el paro juvenil con hasta 2.000 millones es algo que, de momento, no está en las manos del Ejecutivo.
Barcelona y salario mínimo
Pero diciembre depara más anuncios. El 21 de diciembre se celebrará un Consejo de Ministros en Barcelona que Sánchez espera que sea histórico, por su simbolismo y por sus medidas. El propio presidente avanzó, en conversación informal con los periodistas este jueves, que habrá medidas de calado para el conjunto de España y específicas para Cataluña.
Diciembre acabará con otra medida, esta sí con efectos inmediatos: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en el acuerdo con Podemos el Gobierno se comprometió a subir a 900 euros, un 22% de incremento. Se trata de la medida más importante, de impacto directo y de gran simbolismo con la que el PSOE espera ganarse más apoyos entre los ciudadanos.
En enero, probablemente justo después de Reyes, vendrá la letra pequeña de los Presupuestos, que el Gobierno pretende que sean un catálogo irresistible. O bien los compra el Congreso de los Diputados aprobándolos (con el voto de PDeCAT o ERC) o lo harán los ciudadanos en unas elecciones a las que se llegaría con una idea clara de lo que el PSOE quiere para España en forma de cuentas públicas del Gobierno.