Luis Bárcenas y el empresario Javier Sánchez-Lázaro son amigos. Y esa relación no tendría la más mínima relevancia si no fuera por que el Gobierno de Mariano Rajoy trató de utilizarla para localizar los documentos y las cintas que el extesorero del partido escondía presuntamente en verano de 2013.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los hombres que formaron parte de la operación Kitchen, el dispositivo secreto creado en el Ministerio del Interior para hacerse con la información custodiada por le entorno de Bárcenas, investigaron al empresario Javier Sánchez-Lázaro, sus posibles vulnerabilidades e incluso el historial judicial de su familia. El objetivo era encontrar un elemento de presión contra él. Algo que le forzara a traicionar a su amigo y convertirse en informante, si es que realmente tenía los datos.
En aquellas fechas, los agentes tenían la tesis -nunca confirmada y que no parece sustentada por documento, testimonio o investigación judicial alguna- de que Sánchez-Lázaro era una de las personas que, por su cercanía a la familia, tenía conocimiento de la documentación escondida por Bárcenas antes de entrar en prisión.
Este diario ya reveló que las pesquisas secretas, investigadas ahora por partida doble en la Audiencia Nacional, alcanzaron incluso a los vecinos del edificio donde residía el hombre que durante años controló las finanzas del Partido Popular, a los compañeros en el estudio de arte de su mujer y a los viajes que la familia hacía a un paraje en la sierra de Burgos, donde los responsables policiales pensaban que el exsenador había ocultado información sensible.
Sánchez-Lázaro niega cualquier contacto
Sin embargo, Javier Sánchez-Lázaro fue siempre otro de los objetivos prioritarios, bien a controlar, o bien a captar como colaborador. Senador por Extremadura en dos legislaturas durante los años 80, el empresario amasó parte de su patrimonio con el negocio inmobiliario y tiene otro hermano vinculado con la política: fue en dos ocasiones diputado de la Asamblea de Madrid (1995 y 1999), también por el Partido Popular.
El dato es importante ya que en medio de la operación Kitchen, los miembros de Interior que participaron en el operativo se hicieron con la documentación judicial que afectaba a dos de los hermanos de Javier Sánchez-Lázaro. En aquellas fechas, ambos estaban imputados por un presunto delito de apropiación indebida. Un litigio entre accionistas de una mercantil llamada Zoco Center que había terminado en los juzgados por la vía pena.
Según fuentes conocedoras de la operación, el objetivo de obtener y analizar esta documentación era localizar un elemento de presión que sirviera para hacer que Javier Sanchez-Lázaro colaborara con el dispositivo secreto. La promesa para dar carpetazo a ese juicio podría servir para que el empresario se plegara a colaborar. Algo que nunca se produjo.
En conversaciones con este diario, el Sánchez-Lázaro ha negado que nadie se pusiera en contacto con él para hacerle propuesta alguna relacionada con Luis Bárcenas o con la operación Kitchen. Además, según fuentes relacionadas con la operación, la estrategia planeada por los miembros de Interior tenía un problema que la hizo inservible: relación entre el amigo de Bárcenas y los familiares afectados por ese juicio se habría deteriorado años antes.
Así que los operativos sobre el terreno buscaran otra vía para llegar a Bárcenas. Otro confidente que recibió el nombre en clave de "el cocinero" y que terminó siendo el conductor del propio Bárcenas.