Una semana antes de que se aplicase el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía y convocar elecciones al Parlament de Cataluña, un dirigente socialista catalán confesaba a este periódico que dudaba de que pudiera llegar a aplicarse. "Sería como Piolín en Vietnam", explicaba en referencia al barco con ese emblema en el que el Gobierno alojó a cientos de policías y guardias civiles en Barcelona.

Tal era la hostilidad de una Cataluña cuyos resortes de poder estaban bajo control de partidos independentistas que este dirigente creía que no sólo sería imposible de aplicar sino que podría suponer una humillación para el Gobierno, que podría verse en la piel de EEUU en el país del sudeste asiático. 

Poco más de un año después, falta una semana para que el Consejo de Ministros se reúna en Barcelona y no parece que el Gobierno vaya a sentirse como en casa. El Ministerio del Interior prevé desplegar, como mínimo, 1.100 agentes de la Policía y la Guardia Civil para garantizar la seguridad de la reunión, pero esa cifra podría aumentar sensiblemente.

Se espera que miles de personas se manifiesten en protestas apadrinadas o impulsadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) que motivaron una seria advertencia del Ejecutivo a la Generalitat por el orden público. Desde partidos independentistas se ha acusado al Gobierno de contribuir a "irritar" a la sociedad catalana (en palabras de Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT) por una reunión que, según ellos, no va a servir para solucionar la crisis institucional. 

Una reunión en el aire

La puesta en escena que el Gobierno anunció como un guiño a la sociedad catalana ha sido ensombrecida por las protestas, la posibilidad de que la seguridad no esté garantizada y, por último, por la reunión entre el president de la Generalitat, Quim Torra, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, que no acaba de concretarse. 

Moncloa y la Generalitat llevan semanas interpelándose en los medios a propósito de la reunión, que sólo este viernes fue propuesta a través de una carta formal por parte de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Sánchez siempre ha propuesto un encuentro similar al que ambos mantuvieron en julio en Moncloa: de ambos dirigentes, a solas, en un contexto de normalidad institucional. 

La Generalitat contraofertó con otro formato: una cumbre de los dos Gobiernos, de igual a igual, algo que para muchos significó el intento de diferenciar a Cataluña de España como si se tratasen de dos realidades separadas. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo central. 

Este viernes se sumaba una nueva hipótesis: una reunión de Sánchez y Torra acompañados de sus dos principales apoyos en sus respectivos Gobiernos: los vicepresidentes Calvo y Pere Aragonés, la ministra Meritxell Batet y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. La idea fue evocada por un artículo en La Vanguardia, aunque no citaba ninguna fuente. "Esto no es una cumbre", rechazó de nuevo el Gobierno, por boca de la portavoz, Isabel Celaá. 

Por último, la Generalitat condiciona la celebración de la reunión a que se hable de todo. Es decir, de independencia. "Estamos dispuestos a una reunión en la que se puedan buscar soluciones, no a reuniones cosméticas", en palabras de Artadi. "No hay nada cerrado en este momento, todavía estamos en la ambigüedad acerca de qué tipos de reuniones se pueden producir", dijo. Según ella, se debería "entrar en contenidos, hablar de por qué estamos donde estamos y sobre todo de cuáles son los mecanismos políticos y fuera de la justicia para poder canalizar esta situación". 

Sin respuesta de Torra

La partida de ping-pong o diálogo de besugos en público mantiene a Sánchez como el actor con la mano tendida mientras Torra le da largas, le propone formatos de reunión distintos o condiciona los contenidos. A última hora de la tarde del viernes, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, respondía a la carta de Carmen Calvo  del día anterior en la que proponía el encuentro de ambos presidentes. Aragonès no aclara en su respuesta si Torra acepta se reunrise con Sánchez.

Ante este panorama, el Gobierno ya rebaja al máximo sus expectativas sobre un encuentro al que había circunscrito a un ámbito meramente protocolario. "Espero que se produzca [la reunión con Torra], en política lo que no se puede hacer es perder las formas", dijo Sánchez desde Bruselas. minutos antes de conocerse el escrito de Aragonès.  

Para el Ejecutivo, lo importante es el Consejo de Ministros. A falta de conocer las medidas que se aprobarán, Sánchez ya ha avanzado que será en Barcelona donde se decretará una importante subida del salario mínimo, de 735 a 900 euros mensuales. Pero hasta ese anuncio, hecho el miércoles, pasó desapercibido en medio de las tensiones institucionales. 

Torra, "anfitrión" del Consejo de Ministros

El Gobierno quiere tener la fiesta en paz, pero Barcelona puede suponer una pesadilla. Frente a la placidez de Andalucía, donde en octubre celebró el primer Consejo de Ministros de Sánchez fuera de Madrid, la Ciudad Condal parece tierra ajena, por más que desde el Ejecutivo se repita que es una ciudad como cualquier otra. 

Este viernes, Celaá dijo hasta en dos ocasiones que, en Barcelona, el anfitrión es Torra. "Cuando un presidente del Gobierno que se traslada a una comunidad, el presidente de esa comunidad es el anfitrión y, por lo tanto, hay oportunidad de encontrarse. Ese es el formato, esa es la idea", dijo la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

"El formato es el que es: es una reunión del Consejo de Ministros de España en un lugar del territorio nacional. Es eso. Y por tanto, corresponde al anfitrión comportarse según los usos y costumbres", dijo por segunda vez.