Los presos dejan solos a Torra y Puigdemont por temor a que la violencia lleve a Sánchez a otro 155

Uno detrás de otro, dirigentes y referentes del independentismo se desmarcaron claramente del president de la Generalitat, Quim Torra, y de su antecesor, Carles Puigdemont, huido en Bélgica de la Justicia española.

Los dos han defendido la conocida como "vía eslovena", que llevó a ese país a la independencia pero con decenas de muertos y centenares de heridos. Torra, conocido por su carácter más de activista que de gestor, y Puigdemont, considerado el líder de la corriente que pide confrontación total con el conjunto de España, defendieron después ese modelo, pero sin muertos. Al actual jefe del Ejecutivo catalán todavía persigue su "apretad", brindado a los Comités de la Defensa de la República (CDR) el 1 de octubre, cuando ya llevaban a cabo acciones violentas. 

La retórica de Torra y Puigdemont ha encendido todas las alarmas. Pero, por primera vez, las críticas veladas no provienen sólo de ERC, partido con el que Junts per Catalunya, donde se inscribe el president y su predecesor, sino también de las propias filas. La celebración del Consejo de Ministros en Barcelona podría ser una ratonera si hay violencia. Pero no para el Gobierno central, fuertemente custodiado, sino precisamente para la Generalitat y su president y, a la postre, para el independentismo. 

Todos contra la violencia de los CDR

Una carta conjunta de los nueve independentistas en prisión se desmarcaba de los CDR a los que Torra apadrina, entre otros motivos porque, según él, hay miembros de su familia en estos comandos. "De la misma manera que podemos entender la necesidad de desahogarse por la impotencia, también tenemos que decir claramente que eso, lejos de favorecer nuestra causa, la perjudicaría, igual que perjudicaría los objetivos políticos del país que queremos", dicen los nueve reclusos en el texto, publicado por Avui.

Otras entrevistas y declaraciones, a título individual, apuntan a una teoría que hace días que se escucha en privado en ámbitos independentistas: la posibilidad de que el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona sea el detonante de la aplicación por segunda vez del artículo 155 de la Constitución en caso de que haya violencia en las movilizaciones que se están preparando. La situación podría ser agravada si los Mossos d'Esquadra no tienen órdenes suficientemente nítidas para reprimir a los manifestantes independentistas. 

De ocurrir eso, Pedro Sánchez podría no tener más remedio que tomar medidas y limitar, parcial o totalmente, el autogobierno de Cataluña con la aplicación de un 155 de amplio espectro como posibilidad más drástica. 

¿155 inevitable o deseado por Sánchez?

Algunos de los presos y dirigentes independentistas parecen incluso sugerir que Sánchez puede estar buscando una excusa para hacerlo. Así, el exconseller de Interior, Joaqum Forn, ahora en prisión, aseguró en una entrevista con RAC1 no entender "por qué hacen el Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre. No entiendo que se les pase por alto que hace un año de las elecciones que revalidaron la mayoría soberanista y que impidieron investir al presidente que habíamos votado", aseguró.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, pidió que las manifestaciones del viernes sean pacíficas para luchar contra "quienes quieren imponer un relato falso en Cataluña" y "quieren hablar de una falsa violencia". En ese sentido, Aragonés se refiere a la derecha, pero podría englobar también a Sánchez si este estuviera decidido a completar el giro de su política hacia el independentismo inaugurado tras el gran revés de las elecciones andaluzas. 

El número dos de Torra también se desmarcó de su jefe en el Ejecutivo catalán al defender que la independencia sólo podrá hacerse "por vías democráticas y pacíficas". Es decir, no a la eslovena. 

Pero las manifestaciones de los CDR no han sido pacíficas. Una contramanifestación de los comandos el 6 de diciembre dejó 15 Mossos heridos que se interpusieron entre los CDR y partidarios de Vox. Los CDR lanzaron piedras y acabaron quemando contenedores contra los agentes catalanes, según los sindicatos policiales. Dos días después, encapuchados, cortaron la AP-7 durante casi todo el día y ante la pasividad de los Mossos.

Entre medias, Torra se había puesto de lado de los CDR y dado un ultimátum a Torra para que purgase la policía autonómica que había cargado contra los comandos. La advertencia del president quedó en nada, pero fue una muestra evidente de la descoordinación del Govern y la permisividad de su president respecto a esas escenas violentas. 

"Lo perderemos todo"

"Hay que dejar claro que tenemos la obligación de ejercer la protesta no violentamente y que si perdemos el relato de la no-violencia lo perderemos todo", aseguró en otra entrevista, al diario Ara, Jordi Sànchez, diputado de Junts per Catalunya en prisión y que optó sin éxito a la presidencia que ahora ocupa Torra.

Otra voz más se sumó a todas estas, abonando la posibilidad de que los presos hayan decidido coordinadamente esta toma de posición, que además les viene bien de cara a un juicio ante el Supremo en el que quieren demostrar que no son partidarios de la violencia. Es la de Oriol Junqueras. 

Entre dardo y dardo a Puigdemont, con quien mantiene una gran rivalidad por el liderazgo y la ascendencia moral sobre el independentismo, se puede leer entre líneas su desaprobación de la estrategia más radical de la que es partícipe el actual president de la Generalitat. 

Junqueras: "Sobra la gesticulación"

"Sobra la gesticulación y falta eficacia y discreción", dice en una entrevista con El Periódico. "Con encapuchados ni ensancharemos la base ni construiremos la república", según él, que calca expresiones utilizadas por Jordi Sánchez, Joaquim Forn o hace días Roger Torrent, president del Parlament. "Siempre defiendo la acción pacífica y democrática", asegura al ser preguntado por los CDR. 

El gran dispositivo que prepara Pedro Sánchez para el 21-D es también fuente de preocupación en el independentismo. Hasta ahora se calcula que se enviarán a la ciudad condal al menos 1.100 efectivos, entre policías y guardias civiles. Es una muestra de que el Gobierno no se fía de que los Mossos puedan garantizar la seguridad de una reunión del Gobierno en Barcelona y, además, si no son suficientes, puede suponer un argumento más a la hora de tomar control de los 16.000 agentes de los Mossos para que no vuelva a haber episodios de violencia. 

"Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación o desde el conflicto y sí desde el diálogo sereno, moderado, sensato y dentro de la legalidad", advirtió Sánchez