El Gobierno no cree que excluir la referencia a la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía, que los partidos independentistas trataron de sortear semanas antes del referéndum fallido del 1 de octubre de 2017, no es ninguna cesión.
El texto del comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat ha sido muy criticado por PP y Ciudadanos, que lo consideran la demostración de que Pedro Sánchez ya trata a Quim Torra de igual a igual y como el presidente de un país extranjero. En él se recoge la expresión "seguridad jurídica" como "marco" para el diálogo entre la Generalitat y el conjunto del Estado, pero no la Constitución.
"No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico", ha dicho la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, "empezando por la Constitución Española, los estatutos de autonomía y el resto de leyes". En ese sentido, la Constitución se sobreentiende cuando se habla de "seguridad jurídica", según ella.
Varios focos de protesta han rodeado la Llotja de Mar, donde este viernes se ha celebrado el Consejo de Ministros
"No hay seguridad jurídica sin respeto del ordenamiento jurídico, esto es, de la Constitución, del Estatuto de Cataluña", ha repetido.
El Gobierno también considera "muy positiva" la reunión entre Torra y Sánchez porque el Ejecutivo "siempre ha buscado espacios de diálogo", en palabras de la ministra portavoz, Isabel Celaá. "No existe ninguna otra receta" y, desde luego, "ni soflamas emocionales ni la aplicación perpetua del 155" pueden traer la solución al "conflicto de Cataluña". Según ella, es el diálogo "el que puede conducirnos al final del túnel".
En ese sentido, Batet ha hecho balance del proceso de acercamiento a la Generalitat iniciado desde que en junio Sánchez llegase al poder. "El diálogo y la apertura de este diálogo durante estos seis meses ha dado sus frutos".
El Consejo de Ministros ha tenido una fuerte carga simbólica. Ha cambiado el nombre al aeropuerto de Barcelona, situado en el Prat de Llobregat, para bautizarlo como Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat en el exilio y del Gobierno autonómico provisional en los albores de la democracia. Además, el Ejecutivo ha anulado el juicio a otro president de la Generalitat, Lluis Companys, fusilado en 1940 por la dictadura tras su huida a Francia.
El Gobierno también ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde los 735 euros a los 900 euros y la subida de al menos el 2,25% para todos los funcionarios, unas medidas que entrarán en vigor el 1 de enero y que se sitúan al margen de los Presupuestos Generales del Estado.
La reunión se ha mantenido en medio de enormes medidas de seguridad y mientras en las calles de Barcelona miles de personas se manifestaban contra su celebración. A mediodía de este viernes ya eran siete los detenidos en el marco de una operación que fue coordinada por los Mossos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, algo que agradeció la ministra portavoz.