El testimonio de un menor de 14 años servirá para una condena sin tener que comparecer a juicio

El Gobierno aprobó este viernes un ambicioso anteproyecto de ley para la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia que modificará un total de 11 leyes, incluyendo el Código Penal. Entre las principales medidas estará la ampliación en 12 años del plazo potencial de prescripción de delitos violentos, sexuales o de maltrato, ya que comenzará a contar desde los 30 años y no desde los 18, coincidiendo con mayoría de edad.

La medida tiene como objetivo permitir la denuncia una vez que los menores son adultos y aunque hayan pasado muchos años desde el delito. De esta manera, se contempla que, en ocasiones, la víctima tarde muchos años en lograr la fortaleza para buscar justicia, enfrentarse a su propio pasado y al agresor. Los delitos incluidos en la ampliación de la prescripción son los de "tentativa de homicidio, delitos sexuales, las lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre personas menores de edad", según explica el Ministerio de Sanidad en un comunicado. 

"Es un anteproyecto que incorpora la edad con un agravante genérica, se amplía el tiempo de prescripción de los delitos más graves, se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios", anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa este viernes. 

Otra de las medidas destacadas es la protección del menor hasta el punto de que una primera declaración podrá eximirle de volver a comparecer en la fase de instrucción o juicio.

La nueva ley "obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida (la que no tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento) cuando el perjudicado tenga menos de 14 años. El juez o tribunal que se encargue después del juicio está obligado con carácter general a no llamar a los menores para que declaren en la vista salvo en situaciones excepcionales", explica la información facilitada por el Ministerio de Sanidad, que este viernes declinó distribuir el texto del anteproyecto de ley que pasará ahora a ser tramitado por las Cortes.

Un reto para el sistema judicial

La medida puede encaminarse a proteger al menor de los efectos que sobre él pueda tener verse expuesto a un procedimiento judicial tras situaciones traumáticas como las de una agresión sexual, un intento de asesinato, maltrato o inducción al suicidio. Se separaría así al máximo a la víctima del agresor, impidiendo que coincidieran en un mismo juicio. 

Pero, al mismo tiempo, la prueba preconstituida puede suponer un reto para la instrucción o el juicio ya que es previa a ambas fases, en las que pueden aparecer nuevos elementos relevantes. Por otra parte, los cambios de versión no son infrecuentes, más en menores de edad, por multitud de motivos. 

Menos beneficios penitenciarios

Entre las demás medidas están el endurecimiento de los beneficios penitenciarios para los autores de delitos contra los menores, ya que "no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena", según el Ministerio. 

La otra gran medida es la que tiene que ver con las nuevas tecnologías, a las que los menores acceden con naturalidad. Para ellas, el Gobierno quiere crear un "nuevo catálogo de delitos" como la "incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios". De ver la luz, la propuesta legal permitirá a un juez ordenar la retirada de contenido inicio de manera cautelar. 

El anteproyecto de ley también incluye novedades en el ámbito educativo, con más protocoles y supervisión, la sanidad, servicios sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.