El Gobierno, en contra del adelanto electoral para no gestionar en funciones el juicio al procés

En unas semanas comenzará en el Tribunal Supremo el juicio a los líderes independentistas en prisión provisional desde hace más de un año. Según fuentes del alto tribunal, lo más probable es que empiece a finales de enero o principios de febrero y, a razón de tres jornadas por semana, se prolongue durante varios meses. Si no hay contratiempos, podría concluir antes de agosto, cuando el sistema judicial se va de vacaciones.

El Gobierno no es ajeno a este calendario. Según ha sabido EL ESPAÑOL, en el Ejecutivo hay varios ministros de peso que rechazan la convocatoria electoral mientras dure el conocido como juicio al procés y antes también de que se conozca la sentencia. Descartan así la convocatoria electoral para marzo o para el 26 de mayo, fecha esta última en la que se celebran elecciones europeas, municipales y autonómicas en 13 comunidades.

La explicación es sencilla pero contundente. Varios miembros del Ejecutivo quieren evitar a toda costa que el Gobierno tenga que gestionar en funciones cualquier escenario de tensión en Cataluña. La política catalana está cortocircuitada por el juicio y tanto Junts per Catalunya como ERC, los dos partidos que integran la Generalitat, asumen en público que seguirá así hasta conocer la sentencia, que según ellos sólo puede ser absolutoria.

Una reacción independentista impredecible

Hasta entonces, y apoyándose en el descontento que provoca en parte de la sociedad catalana que haya dirigentes políticos en prisión, los partidos independentistas vienen anunciando medidas de presión contra el Estado, incluyendo la movilización ciudadana. Los precedentes de 2017, la descomposición estructural del independentismo y la influencia de unas bases cada vez más enfadadas hacen imprevisible la reacción política a un juicio o sentencia contundentes en su reproche a los procesados.

Un Gobierno en funciones tiene limitadas sus capacidades. Además, no podría contar con las Cortes como apoyo porque estarían disueltas. La imagen de fragilidad del Ejecutivo sería total. En caso de necesitar la aprobación de medidas contundentes en el Congreso o el Senado, éstas tendrían que ser aprobadas por la Diputación Permanente de cada institución, órganos que ejercen como una especie de miniparlamentos de guardia mientras el Gobierno está en funciones. Ejemplo práctico: una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, que debe ser refrendado por el Senado. 

Adiós a la pretendida normalidad institucional

Pero, además, los que sostienen este análisis creen que unas elecciones generales en pleno juicio al proceso independentista sepultarían la normalidad que el Ejecutivo quiere darle a las actuaciones del Poder Judicial.

Las fuentes consultadas creen que sería muy perjudicial que se mezclaran el plano judicial y político, más aún en período electoral. Que absolutamente todo es política y, por lo tanto, maleable a conveniencia, es a lo que han jugado los partidos independentistas al pedir al Gobierno que marcara el camino a los jueces o incluso decretara la libertad de los políticos presos. 

La imagen internacional de España también podría verse gravemente afectada si la campaña electoral coincide con una situación que genera atención mediática fuera de España por lo que en el Gobierno consideran muchos años de influencia y lobby efectivo a cargo de la Generalitat. Podría darse la circunstancia de que, en plenos mítines y debates de campaña, ante el Tribunal Supremo estaría declarando Oriol Junqueras o Jordi Sánchez mientras en las calles de Cataluña los partidos independentistas convocan manifestaciones masivas. 

Un argumento más para la línea oficial

Quienes así piensan aportan un argumento nuevo a la estrategia oficial de Sánchez, que lleva semanas insistiendo en que pretende agotar la legislatura tras mensajes muy cambiantes por su parte y, en especial, de su entorno en el Gobierno y en el PSOE. 

En el Gobierno y, en especial, en el partido, no todos están de acuerdo con retrasar al máximo las elecciones. Para no pocos los comicios llegarán tarde, lleguen ya cuando lleguen.

La tesis oficial es la de apostar por los Presupuestos, que se presentarán el viernes y que, si nada se tuerce, requerirán unos dos meses de tramitación. Si son aprobados gracias al voto de los partidos independentistas, el Ejecutivo verá reforzada su estrategia de diálogo y contará con un útil instrumento para hacer política. Si no, Sánchez ya ha avanzado que gobernará por decreto y tendrá la justificación perfecta a la pregunta de por qué no ha hecho más.

Pero sectores del PSOE temen un descalabro en mayo por la política de Sánchez hacia Cataluña, la movilización de la derecha y la irrupción de Vox. Entre los críticos con el líder socialista los hay que creen que las elecciones deberían ser en marzo o en otoño para deslindarlas del debate más autonómico y local, en el que podrían entrar otros elementos como la propia gestión institucional de estos años.

También hay quien apuesta por un super domingo electoral y hacer coincidir todas las elecciones el 26 de mayo, pero no está nada claro que sea una buena apuesta y, en cualquier caso, el círculo del presidente la descarta en privado y en público. Al menos por ahora.