Villarejo pedirá que se desclasifiquen sus visitas al CNI para acreditar su versión sobre el 11-M

El excomisario José Villarejo pedirá al Gobierno que desclasifique la información sobre sus visitas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sus conversaciones con agentes del servicio secreto y los expedientes en los que participó tras el 11-M para acreditar en sede judicial su versión sobre la investigación de los atentados. 

Ante la Audiencia Nacional, Villarejo mantuvo el pasado lunes que participó en la investigación a miembros del Gobierno encargada por el BBVA en diciembre de 2004 con conocimiento del servicio secreto español. El exagente aseguró que al CNI le interesaba presuntamente su presencia para conocer datos concretos sobre una derivada de la investigación sobre el 11-M. Una información que habría aparecido en las escuchas ilegales realizadas a miembros del Gobierno en la investigación para el banco. 

Para acreditar esta versión, Villarejo trató de aportar la identidad de varios agentes operativos con los que supuestamente se reunió en aquellas fechas y que fueron quienes habrían conocido la información obtenida en ese operativo por el agente encubierto.

Sin embargo la identidad de estos agentes quedó sin revelar ya que la Ley de Secretos Oficiales hace que los nombres y datos de los miembros del servicios secreto español sean considerados materia reservada y por lo tanto, secretss. El único caso en el que un funcionario público como el comisario Villarejo puede revelarlos es con un consentimiento expreso del Consejo de Ministros. Algo que el excomisario en prisión preventiva desde hace más de 15 meses pedirá para acreditar su versión.

La segunda vez que el Gobierno debe pronunciarse

Es la segunda vez en este caso que el Consejo de Ministros debe pronunciarse sobre una información clasificada. En la ocasión anterior, fue el comisario Enrique García Castaño quien solicitó a la Audiencia Nacional que le fuera levantado el veto. En su caso, el magistrado encargado de la causa pidió al Consejo de Ministros que García Castaño pudiera declarar sobre secretos oficiales. El 13 de noviembre del pasado año, el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó. 

En ese caso, el comisario García Castaño quería aportar datos concretos, sin ser sancionado, sobre la llamada operación kitchen, el dispositivo secreto montado por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos e información confidencial que estaba presuntamente en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas. 

Ahora, el procedimiento legal dicta que deber ser Villarejo quien solicite al juez esta salvaguarda, y que el magistrado encargado del caso lo ponga en conocimiento del Consejo de Ministros, siempre que considere que esa información es relevante para los hechos que está investigando o, como ha esgrimido el excomisario en varias comunicaciones públicas, para el ejercicio de su legítima defensa.