El órdago lanzado por el presidente Sánchez al nacionalismo advirtiendo de elecciones generales en mayo si no hay Presupuestos, formaría parte de la estrategia del Gobierno por convencer, negociar y buscar los apoyos necesarios para mantener la Legislatura.
Uno de los gestos encaminados a persuadir al independentismo catalán se ha producido durante la visita que el presidente Sánchez realiza esta semana a México.
La ministra de Justicia, Dolores Salgado, ha hecho entrega en la residencia del embajador español en Ciudad de México a María Lluïsa Gally Companys, nieta del que fuera president de la Generalitat Lluis Companys (1934 -1940) de la declaración de reparación y reconocimiento personal a su abuelo expedida por el Ministerio de Justicia y aprobada en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre.
Un acto de restitución, mas simbólico que jurídico que persigue restablecer, políticamente, la plena dignidad del president Companys.
El documento entregado a la nieta recoge el rechazo y la condena del Gobierno de España al consejo de guerra sumarísimo por el que fue condenado a muerte y proclama pública y solemnemente el reconocimiento y la restitución de su plena dignidad a pesar, de que esta "supuesta" ilegitimidad exigida desde el independentismo estaba plenamente resuelta desde el 2010.
Ese año la Junta de Fiscales de Sala dictaminó que: "las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona de diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales de octubre de 1940, relativas al Presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys i Jover, son inexistentes y nulas de pleno derecho, sin que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad o validez de las mismas, al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico".
Esta sentencia está respaldada por la Ley de Memoria Histórica 52/2007 que contemplaba la ilegitimidad "por vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo". Sin olvidar que ya en 2009 se realizó la entrega a la nieta de un documento similar durante el Gobierno de Zapatero y desde entonces lo que se ha pretendido es un declaración formal de nulidad del juicio; lo que hoy entendía la nieta era lo que había sucedido en el acto organizado en México.
"Este es un acto más completo que el de 2009 –nos dijo la ministra Dolores Salgado –porque lo que hemos hecho desde la Dirección General de la Memoria Histórica es una recopilación de la biografía de Luis Companys incorporando la declaración del Congreso de 2017 pidiendo la nulidad de aquellos juicios que condenaros a muchas personas por sus ideas políticas. Lo que ahora se pide es la nulidad de aquel juicio", explicaba Lluïsa Gally Companys.
Un juicio que debería ser resuelto por un tribunal. "Esto es tan solo una declaración formal de reconocimiento desde el Ministerio donde no tenemos competencias para ello".
Una figura reivindicada
La figura de Companys ha formado parte de las constantes reivindicaciones de la Generalitat y de María Lluïsa Gally Companys, que ahora dice sentirse satisfecha: "Mi abuelo fue secuestrado y ejecutado. Cuando hay un episodio de una crueldad tan grande con una conducta tan valiente y honorable como la suya nunca será nada suficiente. Yo vi sufrir mucho a mi madre y eso no puedo olvidarlo. El acto de hoy me parece muy bien y es reconocer que fue asesinado, aunque el juicio no esté anulado, pero de alguna manera con todo esto se está desvirtuando su legalidad. Recuperar la memoria siempre es bueno y hay alguien que tiene que salir del Valle de los Caídos”.
Sobre el ahora restituido Companys pesará siempre la sombra de las penas de muerte firmadas durante su mandato como president de la Generalitat, un periodo violento en el que se produjeron 8.129 asesinatos políticos que no se recogen en la biografía relatada hoy por la ministra de Justicia.
Civiles, empresarios o clérigos afiliados o sospechosos de simpatizar con la derecha para los que no hubo juicio justo ni garantías y, por los que finalmente Companys fue juzgado en rebeldía por un tribunal franquista al terminar la guerra civil.
Lluis Companys es, sin duda alguna, uno de los padres del separatismo catalán; incluso a su pesar. El 6 de Octubre de 1934 fue el artífice de proclamar desde el balcón de la plaza de Sant Jaume el Estado Catalán, buscando por un lado el beneplácito del independentismo que, hasta sus últimos días, cuestionó su tibio nacionalismo.
"Ara ja no direu que no sóc prou catalanista", –dijo aquel 6 de octubre– y, por otro lado, tender la mano al Gobierno central proponiendo un Estado Catalán dentro de la República Española.
La proclamación propició la intervención de ejercito en Barcelona. El general Batet siguiendo órdenes de Alejandro Lerrroux. presidente del Consejo de Ministros, declaró el Estado de Guerra en Cataluña.
Companys fue detenido tras su rendición y condenado por rebelión a 30 años de cárcel en el penal del Puerto de Santa María (Cádiz). El incipiente Estado Catalán apenas duró diez horas pero ocasionó la muerte de 46 personas: 38 civiles y 8 militares. Las Cortes de aquel entonces, ante la gravedad de los hechos, no dudaron en suspender el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 fue amnistiado por Azaña recuperando la presidencia de la Generalitat hasta su huida a Francia el 23 de Enero de 1939 ante el imparable avance de las tropas nacionales.
Tras la caída de París a manos del ejercito alemán fue detenido por la Gestapo y devuelto a España tras la solicitud de extradición del Gobierno franquista el 29 de agosto de 1940 cuando fue juzgado y finalmente y condenado a muerte.
"FALLAMOS, que debemos condenar y condenamos al ex-Presidente del disuelto Gobierno de la Generalidad catalana, Luis Companys Jover, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar, a la pena de Muerte con accesorios legales caso de indulto y expresa reserva de la acción civil o responsabilidad de igual clase en cuantía indeterminada. Lo que por esta nuestra sentencia juzgando, pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel González, Federico García Rivera, Fernando Giménez Sáenz, Rafael Latorre, Gonzalo Calvo, José Irigoyen y Adriano Velázquez".
En la mañana del 15 de Octubre se cumplió la sentencia tras recibirse el “enterado” del Generalísimo. Fue fusilado en el castillo de Montjuic (Barcelona) y, cuenta la historia, que tras negarse a que le taparan los ojos, sus últimas palabras fueron "Per Catalunya!".