La Fiscalía Anticorrupción cree que altos cargos del Partido Popular se beneficiaron de la ocultación de datos que se produjo supuestamente durante la operación Kitchen, el dispositivo secreto por el que agentes vinculados a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional captaron como confidente al conductor del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. 

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la tesis de la Fiscalía, que investiga en secreto la operación policial bajo la instrucción de la Audiencia Nacional, estriba en que "dirigentes del Partido Popular" se habrían servido "de miembros de la Policía Nacional para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones". 

"En dicho operativo parapolicial", prosigue la Fiscalía en uno de sus escritos, "los principales investigados en esta pieza dirigieron y ejecutaron el servicio encomendado, dirigido a la recuperación de los llamados Papeles de Bárcenas, documental en poder del extesorero del Partido Popular que comprometía la posición de diversos dirigentes de dicho partido político". 

La reforma en casa de Rajoy

Ya en 2015 este diario publicó que el dispositivo policial encubierto, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa, se hizo con documentación importante para la investigación que nunca se trasladó a los jueces. Datos como el presunto uso de dinero negro para abonar una posible reforma en la casa de Mariano Rajoy, líder del partido y entonces presidente del Gobierno. 

Desde que la Audiencia Nacional abrió en noviembre una pieza separada para investigar el operativo, son ya cinco los agentes y altos cargos policiales a los que el tribunal encargado del caso ha tomado declaración. Según ha podido conocer este diario, la tesis de los investigadores para por que los miembros del dispositivo consiguieron información relevante en poder de Luis Bárcenas que comprometía a otros miembros del partido.

Sin embargo, esos datos no habrían servido para complementar la investigación judicial que en ese momento tenía abierta la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Más bien al contrario: la investigación sirvió -según la tesis de los investigadores- como análisis de riesgo para distintas personalidades dentro del Partido Popular, y luego los datos acabaron soterrados y sin conocimiento judicial. 

De hecho y según avanzó el diario El Mundo, en las declaraciones ante el juez Manuel García-Castellón, los responsables policiales han podido escuchar varias grabaciones realizadas por el comisario José Villarejo. En ellas  se alude directamente a ayudar "al barbas", en referencia al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Eugenio Pino, el policía de mayor rango

Como principal responsable de la operación, la Audiencia Nacional citó a declarar como investigado a Eugenio Pino, máximo cargo operativo de la Policía Nacional en las fechas en las que se llevó a cabo la operación Kitchen. 

En su defensa, Pino mantuvo en todo momento que el operativo estuvo enmarcado dentro de la legalidad y que la prevaricación, uno de los delitos que se le imputan al autorizar este operativo, hubiera consistido en no llevarlo a cabo si existía la posibilidad de conocer datos de importancia para la investigación. 

Ante el juez, Pino argumentó que el dispositivo nunca fue secreto, ya que la llamada operación Kitchen se incluyó en la base de datos policial en la que, según la Ley, deben registrarse todos los casos. Como norma general y para evitar manipulaciones o duplicidades, todas las investigaciones desarrolladas por la Policía, culminen o no en diligencias judiciales, quedan reflejadas en un sistema informático llamado GATI (Grupo de Análisis y Tramitación de Información). 

El problema para Pino no es tanto que autorizara el operativo como que los documentos más importantes, según las investigaciones, nunca fueron trasladados a autoridad judicial alguna. Ante la Audiencia Nacional, el responsable del Ministerio del Interior y cargo de confianza del ministro Jorge Fernández Díaz defendió la legalidad de haber pagado mensualmente 2.000 euros de fondos reservados al conductor de Bárcenas para que actuara como confidente policial.

El máximo responsable de la DAO lo calificó como un procedimiento legal y aportó otros ejemplos donde la Policía Nacional actuó de la misma manera.