La Policía gastaba 90.000 euros al mes de fondos reservados en la etapa de Pino y Fernández Díaz

El momento clave del mes en la Dirección General del la Policía llegaba cuando se repartían los fondos reservados. Ese día, cuentas quienes lo vivieron en primera persona,había hasta cola en la puerta  del despacho que el comisario Eugenio Pino tenía en la calle Miguel Angel de Madrid. Allí, la Dirección Adjunta Operativa era la encargada de repartir el dinero de los fondos reservados que la Secretaría de Estado de Seguridad destinaba con anterioridad para las operaciones en curso. En total, la cifra ascendía a 90.000 euros al mes según fuentes del propio cuerpo. 

Ahora, la Audiencia Nacional investiga si parte de ese dinero, de uso secreto y discrecional, fue a parar a las cuentas personales de mandos policiales imputados en las distintas piezas de la operación Tándem, que tiene como principal investigado al comisario José Villarejo, en prisión preventiva desde hace 15 meses. 

Según la Ley española, el uso de los fondos reservados es considerado secreto. Pero eso no significa que su uso no deba ser justificado. Cada mes, la partida de fondos reservados es preparada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que en las fechas investigadas estaba ocupada por el popular Francisco Martínez. Sin embargo, hacen falta dos firmas mancomunadas para que el dinero se entregue a los agentes encargados de repartirlo. De hecho, Interior no es el único ministerio que disfruta de este tipo de fondos, empleados también por Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Así, los fondos reservados tienen se controlan con una doble contabilidad. Por un lado está registrada la entidad, cuerpo o departamento que lo solicita, y por otro, hay una segunda línea que aglutina los fondos reservados que se asignan a cada una de las investigaciones en curso, independientemente de quién lo solicite. Por ello, será posible que la Audiencia Nacional conozca el dinero invertido en la llamada operación Kitchen para conseguir la documentación que presuntamente guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. Para ello, el Consejo de Ministros tuvo que levantar con una autorización oficial el velo que sobre ese operativo colocaba la Ley de Secretos Oficiales. 

Una práctica prohibida

La legislación vigente prevé el uso de fondos reservados para el pago de confidentes, el mantenimiento de agentes encubiertos y cualquier otro tipo de gasto que requiera de una especial protección o sigilo en las operaciones en curso. Sin embargo, no contempla en modo alguno el uso de este tipo de fondos para abonar o gratificar el trabajo de los agentes, que ya tienen su propio sueldo procedente del Estado. 

Fuentes de la dirección policial han negado a este diario que sea común que los fondos reservados se utilicen de forma habitual para recompensar a los agentes por su servicio en determinadas operaciones. Pero fuentes sindicales contrastan estos datos y mantienen que ese tipo de uso, fuera de la normativa, era más frecuente de lo que formalmente se reconoce. 

"Por poner un ejemplo, en una ocasión varios agentes tuvieron que vigilar una casa de campo durante varios días porque allí estaba uno de los líderes de ETA. Ese servicio no les permitió pasar las fiestas navideñas en sus casas, por lo que fueron recompensados con una pequeña cantidad que salió de los fondos reservados", explica una de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. 

En el caso de la operación Tándem, la Audiencia Nacional ha acreditado ya el uso de 2.000 euros mensuales de fondos reservados para abonar los servicios como confidente de Sergio Ríos, conductor y asesor personal de Luis Bárcenas. En las escuchas del caso del pequeño Nicolás, el financiero Javier de la Rosa aparecía confesando que el comisario Villarejo le pagó 200.000 euros de fondos reservados para conseguir que colaborara con los agentes en la investigación sobre las finanzas del clan Pujol. 

En la historia judicial española hay un importante precedente por condenas en el uso de fondos reservados. En 2004 el Supremo confirmó la condena para Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad, y para varios de sus colaboradores por detraer hasta 3,8 millones de euros de fondos reservados para su uso personal. 

Ahora, es la Audiencia Nacional la que debe fiscalizar de nuevo el gasto de estos fondos y confirmar y desmentir si alguno de los investigados se sirvió de un supuesto secreto de Estado para enriquecerse personalmente.