El Partido Popular de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, extremó sus medidas de seguridad tras la operación Gürtel para seguir financiando sus campañas con dinero negro pese a las investigaciones judiciales. Por eso, según las conclusiones de un informe entregado por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, los agentes encontraron en casa del tesorero del partido, Beltrán Gutiérrez, información cuantiosa sobre la contabilidad B del partido en las campañas electorales antes del estallido del caso, pero mucho menor después de 2009.
"Debe recordarse que a finales del año 2009 se hizo pública una investigación judicial y policial sobre la financiación irregular del Partido Popular denominada Gürtel, lo que podría haber proporcionado el establecimiento de medidas de seguridad relativas a disminuir la constancia documental de los métodos de financiación de las campañas electorales, a sensu contrario de lo que a juicio policial hacía Beltrán Gutiérrez hasta entonces", explican los agentes de la UCO en su informe a la Audiencia Nacional, presentado el pasado 11 de enero.
Desde hace meses, la Justicia investiga en el marco de una pieza separada la presunta financiación ilegal del PP, con datos fusionados de causas como el caso Púnica, que tiene como principal investigado al exconsejero y responsable del comité electoral Francisco Granados, y el caso Lezo, que se centra en el presunto patrimonio oculto del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La causa se centra, entre otras fuentes probatorias, en la documentación obtenida en el registro del domicilio particular del tesorero autonómico, Beltrán Gutiérrez. Allí, los agentes localizaron archivos con una contabilidad paralela y "numerosos elementos probatorios que a juicio policial son reveladores de financiación ilegal". Sin embargo, la mayoría de la documentación se centraba en los comicios de los años 2007 y 2008.
Aun así, los agentes consiguieron localizar documentación que demuestra que en 2011, año en el que Esperanza Aguirre era cabeza de cartel para la presidencia de la Comunidad de Madrid, el partido duplicó de forma ilegal el tope de gasto marcado por
Facturas falsas
Así, según la documentación encontrada por la Guardia Civil, el PP de Madrid gastó en realidad 6,2 millones de euros en la campaña que aupó a Aguirre a la presidencia. Para falsear las cuentas, el partido utilizó una técnica sencilla: hizo facturar a sus proveedores con conceptos falsos, que parecían actos vinculados con el funcionamiento interno del partido. Así, el dinero podía salir de la cuenta de gastos corrientes del PP, y no del depósito que el Tribunal de Cuentas obliga a abrir a cada uno de los partidos para concentrar sus gastos electorales y que sea más sencillo fiscalizarlos.
Para seguir la pista de esta estrategia, los agentes de la UCO encontraron un documento concreto. Un archivo informático llamado día a día que estaba guardado en una de las memorias externas localizadas en casa del tesorero del PP de Madrid. El documento guardaba una contabilidad real de muchos de los actos de campaña del PP y la correspondencia con los actos que presuntamente se habían facturado. Una prueba inequívoca a juicio policial de la ilegalidad en la financiación de la campaña electoral.
Una de las facturas, por poner un ejemplo, tenía el concepto de "convención Sevilla". Sobre el papel, el pago parecía responder a los gastos de un acto interno del partido; una convención en la ciudad hispalense que nada tenía que ver con las elecciones en Madrid y que por tanto, no debía ser auditado por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en realidad el abono respondía a varios actos celebrados en el mes de abril en Madrid "y esos actos se habrían celebrado con posterioridad a la convocatoria de las elecciones autonómicas", refleja el informe policial.