Calvo y la Generalitat escenifican una supuesta ruptura para intentar desactivar la manifestación

El miércoles, el pánico se adueñó del Palacio de la Moncloa. En tan solo 24 horas, el Gobierno había pasado de afrontar el mazazo de que ERC presentase una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, poco menos que sentenciándolos de muerte, a tener un problema incluso mayor que ese. Pedro Sánchez se enfrentaba a una rebelión en toda regla dentro del PSOE al tiempo que PP y Ciudadanos convocaban la primera gran manifestación contra el presidente en sus ocho meses de mandato.  

El Gobierno estaba perdiendo la batalla de la comunicación al proponer un "notario", "coordinador", "relator" o "facilitador" para Cataluña que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no era capaz de explicar con claridad pese a intentarlo extensamente. No la entendieron ni presidentes autonómicos ni amplios sectores del partido, Felipe González y Alfonso Guerra incluidos.

La deriva era potencialmente explosiva. Concentraba todos los riesgos: una multitudinaria manifestación que traslade la imagen de que situación de emergencia en las calles, un PSOE entre furioso y desmoralizado a tres meses de unas elecciones y unos Presupuestos a punto de morder el polvo. Todo ello, combinado, poco menos que permitiría activar la cuenta atrás hacia el final del mandato. Se imponía un cambio en el guión. 

Llegó este viernes, a tan solo dos días de la manifestación con la que PP y Ciudadanos quieren tomar el centro de Madrid. Calvo desplazó a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y protagonizó una rueda de prensa insólita. En ella, tras toda la semana negociando con la Generalitat una mesa de partidos para Cataluña y la figura del relator, la vicepresidenta salió a hacer su propuesta más detallada y ambiciosa de mesa de partidos al tiempo que la consideraba ya papel mojado. 

¿Cuál es la última propuesta del Gobierno?

Calvo llevaba tres días circunscribiendo al ámbito catalán la mesa de partidos, pero el viernes aceptó y por escrito lo que venía pidiendo la Generalitat: que tuviera apariencia de órgano de negociación estatal. La exigencia de la Generalitat se explica porque el independentismo reivindica que ya representa a la mayoría de la sociedad catalana, aunque ésta esté muy dividida. Su intención no es ampliar su consenso en Cataluña sino negociar con el Estado, al que una realidad diferente y ajena a Cataluña, ya sea de forma institucional o a través de los partidos.

El Gobierno aceptó, así, que en esa mesa sólo hubiera partidos del conjunto de España o catalanes siempre que tengan "capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales", según el texto. Ese diseño excluye a numerosas formaciones con representación en las Cortes: PNV, Compromís, UPN, Bildu, Coalición Canaria, Nueva Canarias o Foro Asturias. Como PP y Ciudadanos ya han anunciado que no estarían, la mesa estaría compuesta exclusivamente por ERC, PDeCAT, los socialistas y Podemos/En ComúnPodem. Es decir, que el Gobierno está, desde este viernes, dispuesto a negociar el futuro de Cataluña en una mesa estatal a la que no están invitadas todas las fuerzas del Congreso. Es más: los que no participarán, bien porque no están invitados o porque rechazan la creación de este órgano extraparlamentario, suman juntos y de sobra la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Tras tres días restando importancia a la figura del relator, la propuesta de Calvo la definió con gran detalle. No será un mero "notario" o alguien que convoque las reuniones, como hasta ahora defendía el Gobierno. El documento del Ejecutivo lo define como "una persona" que también "fije el orden del día", ayude "a crear las condiciones idóneas para el diálogo" y, cuando haya acuerdos, determine "el seguimiento de su aplicación". El Gobierno no le llama "mediador", ni siquiera "relator", pero es evidente que ejercería una tarea clásica de mediación entre partes enfrentadas que no son capaces de organizar su propia relación.

Reparto de culpas

El tono de Calvo era grave durante la rueda de prensa. Pese a presentar por escrito una propuesta "final", como la definió la vicepresidenta, se adelantó a la Generalitat y se apresuró a decir que "el campo independentista" la había rechazado. Repitió una y otra vez que el Gobierno jamás aceptará un referéndum de autodeterminación. 

¿Para qué detallar una propuesta que iba más allá de lo defendido tan solo unas horas antes y que la Generalitat había rechazado ya? ¿Por qué no hacer la propuesta y presionar a la Generalitat para que la aceptase públicamente? ¿Por qué insistir en rechazar el derecho a la autodeterminación cuando en el documento se explicita que en la mesa de partidos cada uno de los participantes podría plantear "sus propuestas de resolución y proyecto político con total libertad"?

Una multitud de medios de comunicación interpretaron la nueva propuesta como un golpe en la mesa del Gobierno ante los independentistas. En algunos periódicos, el Ejecutivo rompía la negociación con la Generalitat. Otras cabeceras explicaban incluso que el Ejecutivo rectificaba una semana de negociaciones al dar por concluidos los contactos sobre la mesa de partidos. Todo ellos sin que Calvo diese por roto el diálogo. Al contrario. "Como Gobierno no podemos romper nada", dijo. "En absoluto" el Gobierno dejará de dialogar, dijo en otro momento. 

La Generalitat, partidaria de seguir negociando

Una hora después comparecían en rueda de prensa el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consellera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi."Hemos pedido una reunión para esta tarde. A esta hora podríamos estar negociando pero estamos hablando con ustedes [los periodistas] porque han decidido romper la negociación", dijo Aragonés. "En las últimas 24 horas, el Gobierno español ha tenido presa por cerrar un acuerdo que estaba muy lejos de cerrarse", dijo Artadi. 

Durante la comparecencia, ambos reconocieron que no esperaban otra cosa que a un Gobierno y partidos constitucionalistas que no estuviesen de acuerdo con el derecho a la autodeterminación. "Nosotros seguimos en la mesa", dijo Aragonés. Según la Generalitat, al Gobierno le ha faltado concreción en el calendario de las reuniones, para que no se dilatasen "tres años", dijo Artadi, y sobre el mediador. 

Para Aragonés, Sánchez "no ha sido suficientemente valiente para resistir las presiones del nacionalismo español de derecha y de extrema derecha", tras convocarse la manifestación del domingo. 

Mientras, Sánchez tuiteaba un mensaje que algunos medios consideraban "contundente". 

Y, sin embargo, nada del contenido del tuit aparecía en el documento difundido a la prensa. Tampoco la palabra Estatut, la expresión "ordenamiento jurídico", la legalidad española o la Constitución. Sólo la expresión "seguridad jurídica". Y de pasada.