El Consejo de Ministros estudiará este viernes dar a la familia Franco un último plazo de 15 días para que proponga un nuevo lugar para inhumar los restos del dictador y, al término de este periodo, dará luz verde a la exhumación y decidirá el lugar de enterramiento, según han informado fuentes del Ejecutivo.
Las fuentes insisten en la "imposibilidad legal" de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena, como quería la familia, y recuerdan el informe de la Delegación de Gobierno que apunta a "evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad".
Así, alegan que el Gobierno ha dado "prioridad a la voluntad de la familia" para volver a inhumar el cadáver pero que, a menos que ésta señale un lugar compatible con la legalidad, el orden público y la seguridad ciudadana, la decisión corresponderá al Gobierno. Eso sí, añaden que la decisión contará con todos los avales jurídicos necesarios y que se hará con "máximo respeto" a la dignidad de la familia y al decoro necesario.
El Ejecutivo considera que la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia sino de un mandato legal.
Así, sostiene que, si bien una autorización familiar hubiera facilitado el proceso, no existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún en el caso de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno.
En cuanto a la autorización de la Iglesia, considera que se circunscribe a inviolabilidad de un templo, esto es al acceso a la basílica y que, si bien es precisa para entrar, no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal como es el caso.
En última instancia, añaden, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros.