La asociación Hablamos Español ha ganado en el Tribunal Supremo su demanda contra la Ordenanza del Uso del Gallego en la Administración Municipal de Lugo. El Alto tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la capital gallega contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que había anulado varios artículos de la citada norma.

Este procedimiento se inició en 2012, cuando Galicia Bilingüe recurrió dicha ordenanza. Después de litigar durante cuatro años, la Sala de los Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló total o parcialmente 12 artículos en 2016 por ser contrarios a derecho.

Pero el Consistorio, "empeñado en seguir imponiendo el gallego" y excluyendo el castellano, según una nota informativa de la asociación, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. La sala no sólo ha dado la razón a la asociación pro libertad de elección de lengua, sino que condena al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio.

Galicia Bilingüe se integró recientemente en la asociación nacional Hablamos Español, también presidida por la viguesa Gloria Lago.

La Ordenanza cuyos artículos han quedado anulados en sentencia firme fue aprobada por unanimidad por el gobierno de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, cuyo conselleiro de Educación la puso como modelo de excelencia.

"Desde Hablamos Español nos felicitamos por este primer triunfo en los tribunales de la libertad contra la imposición y que se haya sentado jurisprudencia", afirma la nota de la asociación. Apunta el texto que esta jurisprudencia operará en Galicia y "en otros lugares de España donde el español también está siendo excluido del ámbito oficial".

Así, tras esta sentencia, quedan sin efecto las medidas que permitían declarar el idioma gallego lengua oficial de un organismo público sin citar expresamente al castellano. En los plenos y reuniones no se podrá prohibir el español en los Ruegos y Preguntas. Además, la sentencia indica que la rotulación de dependencias y despachos municipales tiene que incluir el español.

Decreta, asimismo, el tribunal que no se podrá prohibir el uso del español a contratistas y proveedores de los ayuntamientos, y éstos no estarán obligados a usar el gallego para relacionarse con el Consistorio, ni en la rotulación de sus bienes y servicios, ni con los usuarios. La ordenanza establecía, y ha quedado anulado, que debía figurar en el pliego de condiciones un compromiso de uso, y que el Gabinete de Normalización Lingüística podía incluso revisar su calidad lingüística. 

Así, según destaca el mismo comunicado, "los ciudadanos podrán recibir documentos también en castellano sin tener que pedirlos formalmente", y aquellos que surtan efecto fuera de Galicia "tendrán que ser enviados en español, sin hacer constar que son una traducción del gallego".

Los funcionarios no estarán obligados a hablar siempre en gallego con los ciudadanos. Los cargos electos podrán usar el español en sus intervenciones públicas. En las revistas municipales, campañas publicitarias, etc., habrá de usarse también el castellano. Finalmente, los rótulos y señalización de la red viaria municipal han de ser bilingües.

Otra de las medidas que destaca Hablamos español como una victoria es que las actividades deportivas, culturales, juveniles, o de cualquier otro tipo no tendrán que ser obligatoriamente en gallego para recibir subvenciones del Ayuntamiento.