Hace tres meses, Podemos anunció una proposición de ley en el Congreso para regular el mercado del cannabis. Un proyecto ambicioso que se empezó a diseñar con un modelo llamativo: crear un monopolio público para cultivar, producir y comercializar derivados de esta planta con fines de investigación, pero también sanitarios y -esto es lo más llamativo- lúdicos. Es decir, una regulación integral.
El partido de Pablo Iglesias se basaba en el modelo uruguayo, importando a España la regulación que impulsó el expresidente Pepe Mujica, antes de cambiar de plan. Ahora, como explica a este periódico Miguel Vila, diputado de Unidos Podemos, el planteamiento es regular "los diferentes mercados" de un un sector "en enorme crecimiento" en el mundo.
Quiere la formación morada aprovechar el "consenso científico" de que las políticas prohibicionistas "son un fracaso en lo social y en lo económico" y también las condiciones naturales de España, "un país lleno de luz, que es lo único que necesita este cultivo". Creen en Podemos que podrá aflorar así un mercado hoy ilegal que reportaría entre 1.300 y 3.000 millones de euros de ingresos al Estado vía impuestos y cotizaciones.
Pablo Iglesias defiende la legalización del cannabis en el Congreso.
El ejemplo más interesante que propone el partido morado es el del Estado de Colorado, en EEUU, donde se recaudaron vía impuestos casi 250 millones de dólares en 2017 tras gravar el consumo al 2,9%, las ventas al 10% y la producción (la venta del cultivador a empresas retail) al 15%. "En todos los sitios donde se ha regularizado, los ingresos públicos son mayores que las expectativas", apunta Vila. Y añade: "El consumo no crece, los problemas sociales decrecen y, además, se ahorran recursos materiales y humanos en la persecución de una actividad que deja de ser ilegal".
Precio multiplicado por 10
El oscurantismo y la maraña legal que se cierne sobre el negocio del cannabis en España provoca que hoy no se sepa qué empresas tienen autorización para cultivarlo o comercializarlo. Ni qué requisitos hay que cumplir para pedir autorización. Ni qué semillas se pueden autocultivar para poder acceder a variedades elaboradas para su uso sanitario.
"Esto multiplica por más de 10 el precio de los tratamientos" para pacientes de esclerosis múltiple o cáncer, explica un portavoz del Observatorio del Cannabis. Hoy en día, un tratamiento con aceites elaborados por empresas farmacéuticas cuesta entre 30.000 y 40.000 euros al año; sin embargo, "por la vía del autocultivo los precios oscilarían entre los 2.000 y los 3.000 euros".
20.000 estadios de fútbol plantados de 'maría'
Porque España, en realidad, no es un territorio libre de cannabis legal. De hecho, el Gobierno ha autorizado hace menos de un año la plantación de hasta 20.000 hectáreas de este cultivo... y, lo más sorprendente, cuando gobernaba el PP. Pero, ¿a quién se autorizó? ¿Bajo qué procedimientos? ¿Hacen falta 20.000 estadios de fútbol que en lugar de césped tengan hierba para investigar los efectos y productos que se pueden extraer de la planta del cáñamo? ¿Puede cualquier empresa interesada acceder a estas licencias?
Un dispensario de cannabis medicinal en Denver, Colorado (EEUU).
En sólo un año, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado de manera oficial hasta cinco listados diferentes y contradictorios entre sí para explicar qué empresas y entidades tienen licencias para cultivo, producción, comercialización o investigación relacionadas con el cannabis. Una es la información que publica su propia página web [léala aquí], y las otras cuatro son respuestas parlamentarias del Gobierno -el de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez- entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.
Miguel Vila, diputado de Unidos Podemos.
Ninguno de los listados coinciden, ni en la cantidad de licencias concedidas ni en los nombres de las empresas beneficiarias. Es más, el oscurantismo -o la falta de registros oficiales reglados- abunda en que dos de las respuestas parlamentarias ni siquiera están publicadas en la web del Congreso. Quien pedía la información en esos casos era el mismo parlamentario de Unidos Podemos, Miguel Vila.
La ley integral de la formación morada no ha llegado a presentarse a causa del adelanto electoral, "pero el borrador ya está redondo", afirma Vila. El trabajo legislativo y las cifras de ingresos públicos que reportaría este mercado se extraen de sendos estudios realizados por la Universidad Autónoma de Barcelona y el propio grupo parlamentario de Unidos Podemos.
El informe de la Unidad de Políticas de Drogas del Servicio de Psicología y Logopedia de la Facultad de Psicología de la UAB fue publicado en la revista Cáñamo [léalo aquí], lo cual resta algo de objetividad académica a los 3.300 millones que calcula como retorno al Estado en un mercado legal y regulado.
Leyes de hace medio siglo
Pero, más allá de la confusión en la información pública. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poner en marcha un cultivo para obtener productos medicinales derivados del cannabis, por ejemplo? Tampoco está claro. En este punto, la AEMPS se remite a un listado de semillas lícitas que no existe en ninguna publicación oficial. Lo más cercano se puede encontrar en una respuesta de fecha 15 de febrero de 2018 al diputado Vila.
En ese documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL [léalo aquí], el Ejecutivo hace como que explica "los motivos más comunes para la denegación" de las 167 de las 179 autorizaciones solicitadas desde el año 2011. Y alega que "la finalidad del cultivo" no está en los supuestos previstos, que no hay "fabricante autorizado" registrado, o que "no se acredita el origen lícito de las semillas".
Álvaro Zamora, portavoz del Observatorio del Cannabis, ante la plantación de Monsanto en Cartagena.
Lo curioso es que para establecer la finalidad del cultivo hay que remitirse a unas leyes tan desactualizadas como que son de las Cortes franquistas de 1963. Y que el listado de "semillas lícitas" no existe. A lo más que se acerca la AEMPS es a remitir a la Resolución 52/5 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas [consúltela aquí]. "Pero ese documento, en realidad, no dice nada de qué semillas se autorizan", alega el portavoz del Observatorio sobre el Cannabis, "simplemente pide a los Gobiernos que den fondos para perseguir el tráfico de semillas ilícitas".
"Prácticas de monopolio"
El Observatorio Europeo del Cannabis denuncia, por todas estas razones, "falta de transparencia y prácticas de monopolio" en la concesión de licencias del sector. Y reclama una normativa actualizada, la creación de un instituto público que centralice la gestión de licencias e información accesible.
"No estamos contra ninguna empresa, ni pedimos otra cosa que no sea transparencia", explican a este periódico, si bien sí que sospechan que "la cercanía al poder de algunas farmacéuticas" esté provocando que España pierda el tren, pues algunas de esas empresas -como el fondo británico GHO, dueño del 60% de la licencia que Linneo Health heredó de Alcaliber- opera en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
Gente con cannabis durante una comida para celebrar que Canadá legalizaba la marihuana recreativa
Además, "muchas de las variedades que se comercializan desde Chile, Canadá o Uruguay son españolas, pero se las han robado a los cultivadores españoles" que, a falta de patentes, "no se pueden defender legalmente porque aquí no se han podido registrar".
En su opinión, tanto oscurantismo podría estar amparando intereses para que grandes empresas farmacéuticas se queden con un mercado que está creciendo. Y esto está provocando, alegan, que los pacientes que precisan cannabis terapéutico no puedan tener acceso al producto a buen precio sin que, por otro lado, se quede nada de rendimiento laboral o económico en España.