Las zonas comunes del edificio en el que reside el magistrado instructor del juicio al 'procés', Pablo Llarena, han vuelto a amanecer pintadas. Esta vez con un gran lazo alusivo a la petición de libertad para los cabecillas del 1 de octubre y la abreviatura "FDP" - "fill de puta/hijo de puta" acompañada del nombre del juez escrito con los colores de la señera.
No es la primera vez que algo así ocurre. El Consejo General del Poder Judicial ya se había visto obligado a advertir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que reclamaría la intervención de la Guardia Civil si los Mossos d'Esquadra eran incapaces de frenar los ataques de los separatistas a las sedes judiciales de Cataluña y a los jueces y magistrados implicados en los juicios que rodean al 1-O.
A la espera de que el CGPJ se pronuncie sobre los hechos, es previsible que los líderes de los denominados "partidos constitucionalistas" exijan explicaciones al Govern por ser incapaz de evitar el acoso al que está sometido Llarena.
El año pasado el magistrado ya había sido blanco de la furia independentista después de que varios encapuchados lanzaran pintura amarilla contra el portal su edificio. A ello hay que añadir las múltiples amenazas y el escrache del que fue protagonista en noviembre de 2018.
La comisión de aquellos hechos se saldó sin ningún detenido - a pesar de que Arran, las juventudes de la CUP, reconoció su implicación - y con múltiples críticas al ministerio del Interior por no garantizar la seguridad del magistrado y su familia. Ciudadanos y la Asociación Profesional de la Magistratura denunciaron los ataques y el partido de Albert Rivera llegó a presentar una querella ante la Fiscalía por un presunto delito de odio.
Las pintadas fueron realizadas en su casa de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y en otra residencia que el magistrado tiene en la localidad gerundense de Das. Este último lugar, de poco más de 200 habitantes, amaneció el pasado año cubierto de carteles con la cara de Llarena boca abajo.