"Un grave ataque terrorista" es como definen desde Pyongyang el asalto a la embajada norcoreana en Madrid. Un alto representante del Ministerio de Exteriores del régimen de Kim Jong-un se ha manifestado sobre el suceso y ha señalado sus sospechas de una actuación conjunta entre el FBI estadounidense y un grupo disidente de Corea del Norte.
"Una intrusión ilegal y una ocupación de una misión diplomática, así como el acto de extorsión, constituyen una grave violación de la soberanía del Estado y una flagrante violación del derecho internacional. Este tipo de actos nunca deben ser tolerado en el mundo", ha señalado el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano, en declaraciones recogidas por Reuters.
Según señaló el portavoz, las sospechas del régimen de Pyongyang recaen en una supuesta actuación conjunta del FBI con un grupo disidente norcoreano. Recordemos que un ciudadano mexicano con pasaporte estadounidense, Adrián Hong Chang, fue el líder del asalto, según las investigaciones de la Policía Nacional.
Medios estadounidenses apuntaron a una supuesta autoría del grupo Free Joseon, de origen norcoreano y contrario al régimen de Pyongyang. A los pocos días del asalto, el propio Adrián Hong Chang telefoneó al FBI y dio algunos detalles sobre el asalto.
Cheollima Civil Defense
El misterioso grupo Cheollima Civil Defense (CCD) se atribuyó el ataque la semana pasada a través de su página web, y posteriormente anunció que detendría sus actividades y que cambiaba su nombre a Free Joseon (Corea Libre).
La organización, que apareció en la red por primera vez en marzo de 2017, ha asegurado estar detrás del rescate de norcoreanos amenazados por el régimen y ha llegado a proclamar un gobierno en el exilio y a vender visados para entrar a Corea del Norte cuando "sea liberada".
El documento de la Audiencia Nacional publicado el martes identificaba a siete personas ligadas al ataque, incluidos el mexicano Adrian Hong Chang y el estadounidense Sam Ryu, para los que el juez encargado de la investigación ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde ambos se encuentran.
El auto apunta a que en el transcurso de esta operación -cuyo verdadero objetivo ni siquiera CCD ha dejado claro hasta ahora- el grupo habría incurrido en delitos de allanamiento de morada, detenciones ilegales, lesiones, falsificación documental, amenazas y robo, cometidos por organización criminal.