La Policía de Rajoy investigó a cada candidato de Podemos en 2016 para vincularles al chavismo

La Policía política del Partido Popular intentó buscar trapos sucios en toda la lista electoral de Podemos sin orden judicial y un mes antes de las elecciones generales de junio de 2016. Para ello, presionó a la que fuera tesorera del gobierno bolivariano durante varios años, llamada Claudia Patricia Díaz y sobre la que la Audiencia Nacional denegó después su extradición a Venezuela.

Un mes antes de las elecciones generales y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional enviaron a Washington una copia completa de toda la candidatura de Podemos al Congreso, extraída directamente de la página web del partido. Su objetivo era que los nombres de todos los candidatos de la formación morada fueran cruzados con la información contable que los abogados de Claudia Patrícia Díaz custodiaban en su despacho de la capital estadounidense. "Y que sea antes de las elecciones", aleccionaron directamente los agentes según fuentes consultadas por este diario.

Tras su salida del gobierno bolivariano, la responsable de la Oficina Nacional del Tesoro entre 2011 y 2013 guardaba información importante sobre las cuentas del Ejecutivo chavista, sus contactos internacionales con países como Irán y sobre la financiación de distintas estructuras del Estado. El objetivo de la cúpula policial era que todos los que aparecían en la lista de Podemos al Congreso fueran cruzados con esa documentación en busca de pagos venezolanos. No lo consiguieron.

Los abogados de la política venezolana, conocida por ser además la enfermera de Chávez durante años, cruzaron solo los cinco primeros nombres de esa lista, con Pablo Iglesias e Iñigo Errejón a la cabeza, con la documentación que custodiaban. Cinco nombres propios y la palabra clave del partido: Podemos. Los resultados fueron negativos y así se lo trasladaron a la Policía española. Era de esperar ya que Podemos se inscribió como partido en 2014 y Díaz Guillén salió del gobierno bolivariano en 2013. En cualquier caso, los abogados de la tesorera venezolana nunca aclararon que la búsqueda fue reducida solo a cinco personas. Simplemente avisaron de que era infructuosa.

Un disco duro con datos comprometidos

La muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 supuso la salida del Gobierno de Claudia Patrícia Díaz Guillén, una de sus personas de máxima confianza. La presidencia de Nicolás Maduro arrancó una purga silenciosa de muchos de los cargos de confianza del antiguo presidente y la enfermera y su marido, Adrián Velasquez, salieron del país y se instalaron en República Dominicana. Allí, la pareja residió durante tres años, hasta que en la investigación periodística de Los Papeles de Panamá reveló que el matrimonio controlaba un importante patrimonio desde las islas Seycheles, por medio de una sociedad llamada Bleckner Associates Limited.

El gobierno de Maduro aprovechó esa información para pedir a la Justicia dominicana que registraran la casa de la pareja, acusada por sus contrarios políticos de presunto blanqueo de dinero y de retirar presuntamente una fortuna de las arcas públicas venezonalas. El problema fue que el registro pilló al matrimonio hospedado en el hotel Orfila de Madrid, donde la extesorera venezolana se recuperaba de una intervención médica. Era abril de 2016 y España se preparaba para unas nuevas elecciones generales tras las de diciembre de 2015, que dejaron un escenario político huérfano de presidente tras la entrada en el Congreso de Podemos y Ciudadanos y la imposibilidad de alcanzar mayorías que respaldaran a ningún candidato.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, hasta la capital española se desplazaron entonces dos asesores con sede en Washington. El primero era el abogado Manuel Varela, y el segundo, un lobista llamado Martín Rodil, que negó a este diario cualquier intervención para mediar entre el matrimonio y la Policía española, pero al que el resto de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL colocan en la capital española esos días. 

En cualquier caso, fue entonces cuando Claudia Patrícia Díaz le entregó a su abogado Varela una copia de la documentación contable que guardaba en su portátil y que afectaba directamente al Gobierno venezolano. Los datos quedaron guardados en un disco duro que el letrado trasladó directamente a su despacho en EEUU, donde permanece custodiado. A partir de aquí, comenzaron los planes de la cúpula policial española para acceder a esos datos. 

Una reunión en Madrid

Tal y como adelantó la periodista Marisa Recuero en el diario El Mundo, dos días después de la marcha del abogado, un policía español se presentó en el hotel donde se hospedaba el matrimonio exigiendo hablar con la extesorera venezolana para tomarle declaración. Con posterioridad, la política venezolana lo reconocería como Bonifacio Díaz, uno de los responsables de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. 

Fue entonces cuando la enfermera de Hugo Chávez, según las versiones recabadas por este diario, llamó por teléfono a su letrado en EEUU para que hablara directamente con el agente de Policía. Fue entonces cuando este le habría comunicado que conocían la existencia de un disco duro con información sobre el Gobierno de Venezuela y que acceder a él o al menos consultarlo, era de especial interés para la policía española. 

Tras varias conversaciones telefónicas, se produjo una reunión entre Manuel Varela y los enviados de la Policía española. Fue en Madrid, en la planta baja del hotel Miguel Angel, a escasos treinta números de la sede de la Dirección Adjunta Operativa  de la Policía Nacional, que entonces lideraba el comisario Eugenio Pino. Allí, los agentes le volvieron a apremiar para tener acceso a la información financiera venezolana. Sin embargo, los datos seguían en EEUU. En ese encuentro, los agentes españoles aseguraron que su interés no era político, sino meramente policial. Algo que se desveló contrario a sus peticiones de poco después. 

Tras este encuentro y según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, miembros de la Policía Nacional remitieron a la oficina de los letrados en Washington un listado de nombres. Una copia extraída de la propia web de Podemos donde figuraban según esta versión, todos los candidatos que la formación morada presentaba a las elecciones que se iban a celebrar en España solo un mes después. Además, los agentes habrían enviado el mensaje de que los datos, para ser útiles, debían llegar antes de la celebración de los comicios. Algo que nunca sucedió. 

Una vivienda de lujo en Madrid

Finalmente, la Policía española detuvo a Claudia Patricia Díaz y a su marido en abril de 2018, dos años después de estos contactos. En España, la Justicia investiga si el matrimonio utilizó dinero opaco o procedente de la corrupción para comprar una vivienda de 1,8 millones de euros en el centro de Madrid. Una inversión con la que, según marca la legislación española, consiguieron la residencia.

Pero su detención arrancó además un proceso de extradición a Venezuela, donde la Justicia local les investiga por presuntos delitos de malversación, asociación ilícita y blanqueo. En un primer momento, la Audiencia Nacional se inclinó por favorecer su entrega pero tras el recurso de los afectados, el 22 de febrero de este año el pleno de la Sala de lo Penal la rechazó. El auto tras la deliberación de los 21 magistrados que la conforman considera que el matrimonio tiene riesgo de no contar con un juicio justo en su país, controlado por sus detractores políticos.