El cuerpo de letrados del Congreso de los Diputados se inclina por rebajar el umbral de la mayoría absoluta en la Cámara de 176 parlamentarios a 174 tras la suspensión de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (PDeCAT).

Según fuentes parlamentarias consultadas por EL ESPAÑOL, gana fuerza la tesis de que, una vez suspendidos estos cuatro diputados de sus "derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios", según indica en el artículo 21 del Reglamento de la Cámara, su incapacidad para ejercer su cargo habilita a la Mesa del Congreso a tomar la decisión de alterar formalmente ese umbral.

Los letrados del Congreso, un grupo de juristas de prestigio nunca puesto en duda por los partidos, tienen el encargo de entregar un informe a la Mesa, el órgano de gobierno de la institución, que dirige la socialista Meritxell Batet y donde están representados PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. 

La mayoría absoluta se fija obteniendo la mitad más uno de los diputados de la Cámara y es imprescindible para investir al candidato a presidente en la primera votación. En la segunda es suficiente la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Pero la mayoría absoluta también es necesaria para aprobar o reformar leyes sobre "derechos fundamentales", "libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general", entre otras, según refleja la Constitución en su artículo 81. 

Las cuentas del nuevo Congreso

El Congreso actual está compuesto por 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta está en 176. Sin los cuatro diputados suspendidos se fijaría en 174. Incluso aunque Junqueras dimitiese para convertirse en eurodiputado, como ha anunciado que hará, la cifra seguiría siendo de 174.

La cifra es de una importancia capital. Si Sánchez fuese capaz de ahormar para su investidura los apoyos que recibió Batet como presidenta del Congreso, sería elegido presidente en la primera votación y con mayoría absoluta, además de no tener que depender de partidos independentistas. Se trataría de la suma de PSOE (123), Unidas Podemos (42), PNV (6), Coalición Canaria (2), Compromís (1) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, 1).

Sin embargo, PNV y Coalición Canaria ha advertido de que la elección de Batet y la de Sánchez son radicalmente distintas. Ana Oramas (CC) ha advertido de que su partido nunca apoyará ni por activa ni por pasiva (abstención) un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y tampoco uno programático. Los nacionalistas vascos, por su parte, se mantienen más prudentes, aunque la semana pasada Joseba Egibar condicionó el apoyo a Sánchez a que no deje gobernar en Navarra a la coalición de UPN, PP y Cs, Navarra Suma. 

La Mesa puede decidir cómo organizar los trabajos

El razonamiento que comienza a abrirse paso entre los letrados parece sencillo. En este momento, en el que aún no se han constituido las comisiones ni se han acordado los cupos de iniciativas por grupos parlamentarios, algo en lo que el número de diputados influye directamente, la Mesa puede tener en cuenta la composición efectiva o material de la Cámara para decidir sobre la organización de los trabajos.

Tanto Junqueras como Turull, Rull y Sànchez no pueden votar en ningún pleno ni comisión por decisión de la misma Mesa. En otras palabras: si la Mesa decide reducir de facto la composición de la Cámara suspendiendo a cuatro de sus diputados por su situación procesal, puede dar reflejo formal a esa suspensión a través de una rebaja en el umbral que determina la mayoría absoluta. Esa decisión podría ser reversible si cambiase su situación procesal (por ejemplo, si saliesen absueltos del Tribunal Supremo) o si dimitiesen para que otros diputados de su candidatura sin cuentas pendientes con la Justicia asumieran el acta. 

Hay precedentes, aunque el caso no sea estrictamente el mismo. En 1989, el Congreso rebajó la mayoría absoluta antes de que se procediese a la investidura del entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Felipe González. La decisión se tomó en un momento de la legislatura similar al de ahora, pero la situación de los diputados no era la misma.

Entonces, la Mesa decidió rebajar la composición de la Cámara a 332 diputados al haber 18, los correspondientes a Murcia, Pontevedra y Melilla, que no llegaron a formalizar su condición de parlamentarios por la impugnación de los resultados ante la Justicia entre acusaciones de fraude. Otros cuatro, de Herri Batasuna, acataron la Constitución por "imperativo legal" y fueron apartados hasta el punto de que en la sesión de investidura fueron considerados como ausentes. Nunca llegarían a ejercer aunque la Justicia acabó aceptando esa fórmula sui generis de acatamiento, sentando precedente. 

El PP, en contra de la rebaja

Fuentes parlamentarias advierten de que el trabajo de los letrados aún no ha terminado y el informe aún no se ha acabado de redactar, pero tendrá que estar listo para la próxima reunión de la Mesa, que podría tener lugar este mismo miércoles. 

Dirigentes del PP consultados por este diario auguran ya una enorme batalla en el órgano de gobierno, casi asumiendo de facto que los letrados darán cobertura jurídica a la rebaja de la mayoría absoluta. Ciudadanos podría unirse al PP en esa oposición. Pero ambos partidos están en minoría en la Mesa. Suman cuatro puestos (dos cada uno) frente a los cinco de PSOE (con tres) y Unidas Podemos (con dos). 

Políticamente, rebajar la mayoría absoluta ayuda a Sánchez. No tanto a ser investido, ya que manteniendo el umbral en 176 diputados podría ser elegido con el mismo número de apoyos en segunda votación, cuando sólo se necesita mayoría simple. Los efectos más relevantes vendrían con la aprobación de leyes donde se requiere sí o sí la mayoría absoluta, ya que descargaría a Sánchez de la necesidad de buscar apoyos en partidos independentistas, en la derecha o en Ciudadanos. 

Ahora mismo, PP, Ciudadanos, Vox, ERC, PDeCAT, Bildu y Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos) suman 175 escaños. PP, Ciudadanos y Vox están decididos a no apoyar al líder socialista mientras que los partidos independentistas piden concesiones en principio inasumibles, como un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Las dimisiones en JxCat, clave

Con los tres diputados de JxCat suspendidos, esa suma de bloqueo cae tres escaños, hasta los 172. A Sánchez le valdría con el voto a favor de Unidas Podemos, el PNV, Compromís y PRC tanto para ser investido como para aprobar leyes siempre que Coalición Canaria se abstuviese. Para las leyes orgánicas, Coalición Canaria seguiría siendo imprescindible. Pero con una mayoría absoluta rebajada, los independentistas no influirían. 

La dimisión de los tres diputados de JxCat alteraría de nuevo el escenario y sin duda obligaría a la Mesa a restablecer la mayoría absoluta en 176 diputados, complicando más las cosas para Sánchez. Por una parte, porque estos diputados podrían votar "no", algo para lo que ahora están incapacitados. Pero además, con una mayoría superior, Sánchez necesitaría el sí de diputados independentistas (ERC o PDeCAT) o Bildu para aprobar leyes orgánicas.