Pese al cierre del procedimiento sancionador por déficit excesivo que acaba de proponer Bruselas, la economía española sigue padeciendo importantes desequilibrios económicos que ponen en riesgo la recuperación. "El alto nivel de deuda interna y externa, tanto pública como privada, y el elevado paro en el contexto de un débil crecimiento de la productividad son todavía vulnerabilidades con relevancia transfronteriza", avisa la Comisión Europea en el preámbulo de las recomendaciones de política económica que ha dirigido este miércoles al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
La reducción de la deuda del sector privado progresa adecuadamente, pero las necesidades de desendeudamiento siguen siendo importantes. Pese a un crecimiento sólido y continuo, la tasa de deuda pública se mantiene elevada. El nivel de paro disminuye rápidamente pero sigue siendo muy elevado, mientras que el alto grado de segmentación del mercado laboral entre contratos temporales e indefinidos frena el aumento de la productividad.
El Ejecutivo comunitario se queja de que el 2018 volvió a ser otro año perdido en materia de reformas debido a la inestabilidad política. De hecho, el último impulso reformista se produjo entre 2012 y 2015, en la primera legislatura de Mariano Rajoy. Desde entonces, España apenas ha avanzado en las medidas que le recomienda Bruselas. El Gobierno de Sánchez debería aprovechar la actual bonanza económica para poner en marcha las reformas pendientes necesarias con el fin de hacer la economía española más resistente a nuevas crisis. Estas son las 7 tareas más urgentes:
1.- Un ajuste estructural de 7.800 millones
Bruselas le pide a la ministra de Economía, Nadia Calviño, un ajuste en 2020 del 0,65% del PIB, equivalente a 7.800 millones de euros. Un ajuste que ya no puede basarse en medidas puntuales, sino que debe ser estructural: es decir, con recortes o subidas de impuestos permanentes. Cualquier ingreso extraordinario tiene que usarse para acelerar la reducción de la tasa de deuda pública. La Comisión reclama además reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria para convertir en automáticas las sanciones contra las comunidades autónomas que no cumplan el déficit, así como aplicar de forma estricta la nueva ley de Contratos Públicos para combatir la corrupción. Sánchez ya ha prometido a Bruselas subidas de impuestos por valor de 5.600 millones para el año que viene, pero no serán suficientes para cumplir esta exigencia.
2.- "Medidas compensatorias" para las pensiones
Durante la crisis, el sistema de pensiones de España jugó un papel importante a la hora de mantener el nivel de vida de los jubilados, que sufrieron un menor riesgo de pobreza que el resto de la población. Bruselas cree que las reformas realizadas en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero y en 2013 por Mariano Rajoy "ayudaron a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia relativa de las pensiones a largo plazo". Por eso censura que estos cambios hayan sido revertidos y reclama alternativas para evitar la quiebra del sistema. "Volver a ligar los incrementos de las pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requieren medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo", avisa el documento del Ejecutivo comunitario. A juicio de Bruselas, la receta para garantizar prestaciones adecuadas pasa por reducir el paro y la temporalidad y aumentar la duración de las carreras laborales.
3.- Combatir la alta tasa de temporalidad laboral
España se mantiene como uno de los países de la UE con mayor tasa de contratos temporales, lo que frena el potencial de crecimiento y la cohesión social. Los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los inmigrantes son los más afectados. El resultado es un menor acceso a prestaciones sociales y más riesgo de pobreza. Los contratos temporales son a menudo muy cortos y no dan incentivos para invertir en formación, lo que hunde la productividad laboral. La transición de un contrato temporal a otro indefinido sigue siendo difícil: las subvenciones para apoyar la creación de empleo estable están teniendo "efectos limitados". Por todo ello, la Comisión recomienda a Sánchez medidas para "favorecer las transiciones hacia contratos indefinidos, entre ellas la simplificación de los incentivos a la contratación". También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo.
4.- Mejorar la eficacia de las prestaciones sociales
El Ejecutivo comunitario pide "mejorar el apoyo a las familias y abordar las lagunas de cobertura en la asistencia nacional a los parados y los sistemas regionales de renta mínima". Aunque disminuye, la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España sigue estando por encima de la media de la UE. Además, el impacto de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza es inferior al promedio comunitario. El gasto social en España para hogares con hijos es uno de los más bajos y no está bien orientado. Bruselas ve también deficiencias en las ayudas a la dependencia. Las subvenciones a los desempleados están fragmentadas, con múltiples programas que se dirigen a diferentes grupos. Además, los sistemas de renta mínima regionales presentan amplias disparidades en las condiciones de acceso, la cobertura y la suficiencia. "El resultado es que hay gente necesitada que no recibe ayuda". La Comisión apuesta por aumentar la inversión en políticas de inclusión y en vivienda social y reclama medidas para combatir la despoblación y el envejecimiento en las áreas rurales.
5.- Adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral
Bruselas lamenta que las negociaciones para lograr un pacto de Estado en materia educativa estén en punto muerto. España debe hacer más para reducir la tasa de abandono escolar, que sigue entre las más altas de la UE, y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales. El Ejecutivo comunitario recomienda aumentar la cooperación entre el sistema educativo y las empresas con el fin de adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral, en particular en tecnologías de la información y la comunicación.
6.- Aumentar la inversión en transporte ferroviario
El nuevo Gobierno debe concentrar las inversiones públicas en el impulso de la innovación y la mejora de las infraestructuras de transporte ferroviario, en particular las conexiones con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y hubs logísticos. También debe darse prioridad a la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de la UE y el refuerzo de la eficiencia energética. Bruselas resalta que algunas áreas de España están entre las más expuestas de Europa al cambio climático y a la sequía, lo que exige invertir en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, como depuradoras u obras para evitar fugas en las canalizaciones. El nuevo Gobierno de Sánchez deberá mejorar la eficacia de las subvenciones para I+D, cuyo presupuesto no se está ejecutando.
7.- Unificar las normas para las empresas
Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España, según el análisis de Bruselas. Aumentan los costes y limitan la movilidad geográfica de compañías y trabajadores. La Comisión recomienda aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado. También reclama suprimir las restricciones a profesiones reguladas como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales. "Una coordinación más fuerte y sostenida entre las autoridades nacionales y regionales podría hacer más eficaces las políticas en este área", dice el documento.