De Ciudadanos depende que resulte un gobierno de cambio constitucionalista junto al PSOE y el PP u otro nacionalista con Coalición Canaria, partido que lleva décadas en el poder envuelto en escándalos de corrupción, con líderes en la cárcel y su actual presidente en funciones, Fernando Clavijo, imputado por malversación y prevaricación.

La crisis declarada en Cs se originó este sábado tras apoyar sus dos concejales, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, a la socialista Patricia Hernández, de 39 años y diplomada en Relaciones Laborales, que se convirtió en la primera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, desbancando al nacionalista José Manuel Bermúdez, cuyo partido, CC, se aproxima a los 40 años en el poder. Zambudio fue acusada junto a su compañero de ‘tamayazo’, el mismo sábado, por parte de su propia secretaria de Comunicación y candidata a la presidencia de Canarias por Cs, Vidina Espino. 

La abogada y concejal Matilde Zambudio dio ayer 24 horas de plazo a Espino para retractarse de la acusación sobre la posible compra de los votos de ambos concejales, o, en cambio, anunció estar decidida a querellarse contra ella. El enfrentamiento interno es de tal calibre que cerca de un centenar de militantes del partido barajan la idea de una fuga en bloque del partido, del que estarían dispuestos a darse de baja en las próximas horas. Espino y la secretaria de Acción Institucional de Cs, Teresa Berastegui, reprochan a Zambudio y Lazcano que no se hubieran votado a sí mismos para de ese modo permitir que siguiera de alcalde el de CC, pese a llevar este partido nacionalista casi 40 años en el poder municipal. “Tengo muchísimas pruebas para acreditar que no hemos incumplido los principios del partido”, se defendió Zambudio, que en su discurso fue tajante contra la corrupción: “Ha llegado el momento de acabar con el clientelismo, con los chiringuitos políticos. Uno de nuestros principios es la tolerancia cero con la corrupción que tanto ha marcado a la ciudad”. 

Un discurso en el que se reveló como una aguerrida portavoz, en sintonía con el perfil de Inés Arrimadas, y en el que invocó medidas drásticas de terapia contra la corrupción: “Vamos a limpiar y a regenerar las instituciones públicas”, para lo que anunció “cuántas auditorías sean necesarias”. La concejal cuestionada por la dirección local de su partido enarboló la bandera de Rivera por la transparencia: “Llega la hora de las instituciones limpias y cristalinas, la de la regeneración democrática del municipio”. Tuvo que recordar a sus propios dirigentes en las Islas, incómodos con el sentido de su voto, que “las líneas del partido son muy claras: no se puede pactar con nacionalistas ni imputados”. Zambudio dejó en sus primeras declaraciones toda una hoja de intenciones: “Llegó la hora de abrir las ventanas y levantar las alfombras, porque la democracia es así”.

Sin embargo, el estilo y la postura a favor del cambio de esta concejal revelación y de su compañero de partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no gustaron a sus dirigentes locales, en mitad de un desconcierto general. La candidata a la Presidencia, Vidina Espino, ahora emplazada por Zambudio a rectificar o verse en los tribunales, señaló a otros compañeros de partido en declaraciones a la prensa afín a CC, concretamente al secretario de Organización de Cs, Juan Amigó, de haber concertado el apoyo de los dos concejales a la candidata del PSOE a cambio de áreas de influencia en el ayuntamiento. Esta imputación ha sido desmentida por fuentes del partido, que ubican a Amigó justamente en dirección contraria, como hombre próximo a los nacionalistas.

Los enredos en que se debate en la actualidad Ciudadanos en Canarias se producen en mitad de la negociación de un nuevo pacto de Gobierno, que se determinará esta semana. En manos del partido de Rivera, que es la llave, está la posibilidad de apoyar el cambio con un pacto constitucionalista entre PSOE, PP y Cs o, por el contrario, apuntalar a los nacionalistas, que podrían seguir gobernando después de décadas con el lastre de la corrupción y pese a tener dirigentes en la cárcel y al actual líder, Fernando Clavijo, imputado por malversación y prevaricación.

En una reunión convocada el viernes por Clavijo para cerrar el pacto de centroderecha nacionalista, en su palacete presidencial de Ciudad Jardín, en Las Palmas de Gran Canaria, Cs se mantuvo inflexible en vetarle para cualquier cargo en un futuro gobierno por su condición de imputado, en virtud del decálogo ético de Cs. Clavijo, presidente en funciones de un gobierno de Coalición Canaria que ha sido cuestionado por toda la oposición por una gestión deficiente, con un 40 por ciento de riesgo de exclusión y pobreza y un 20 por ciento de paro, rompió las negociaciones al no permitirle Cs ser vicepresidente en un contubernio en el que la presidencia la ostentaría Asier Antona, líder del PP. Antona pidió garantías y Clavijo lo ninguneó, lo que animó a Cs a vetarle sin más rodeos.

Ahora, tras la accidentada composición de los ayuntamientos, Clavijo trata de retomar las negociaciones, tras el descalabro de su partido, que ha perdido este sábado sus dos principales feudos municipales, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, y se ha quedado sin los cabildos de El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Si pierde también el gobierno, su partido, Coalición Canaria, quedaría reducido a la mínima expresión tras 40 años de su irrupción y hegemonía envuelto en escándalos de corrupción hasta ahora mismo, en la investigación de los sobornos de OHL en la Audiencia Nacional, tras ver entrar en prisión meses atrás a sus dirigentes condenados en el caso Teresitas y asistir a la investigación de su máximo cartel electoral, Fernando Clavijo, imputado en el denominado caso Grúas.

Rivera tiene esta semana dos tareas en Canarias: pacificar a su partido, y alentar el cambio político con un gobierno constitucionalista o dar continuidad a un virtual gabinete liderado por el mismo nacionalismo corrupto de los últimos decenios.