En junio de 1960 en la estación del tren de Amara en San Sebastián murió víctima de atentado una niña de 20 meses llamada Begoña Urroz. Durante años permaneció en el olvido y cuando su memoria fue rescatada la autoría del crimen se atribuyó a ETA. Nada más lejos de la verdad.
A la pequeña la asesinó un grupo terrorista, DRIL, que apenas operó cuatro años en la década de los sesenta y que hoy en día es prácticamente desconocido entre la opinión pública. Su acrónimo respondía a este nombre: Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.
Tras dos años de exhaustiva búsqueda de fuentes y material inédito, el historiador Gaizka Fernández Soldevilla y el documentalista de RTVE Manuel Aguilar Gutiérrez, están seguros de sus conclusiones, trasladadas a una publicación soportada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en la que el primero trabaja como responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación.
Su informe, "Muerte en Amara, la violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz", presentado esta mañana en San Sebastián, aclara un atentado terrorista relevante, con una importante trascendencia posterior, pero mal contextualizado por la mayoría de instituciones y medios. Sólo unos pocos señalaron y siguieron pistas en otra dirección aunque sin aportar pruebas concluyentes.
Confusiones e hipótesis plausibles no sometidas a comprobación obraron en contra de la realidad, según sus autores. “¿Su informe es definitivo?”, pregunta EL ESPAÑOL. “Sí, al cien por cien. Todos los documentos coetáneos, todas las investigaciones policiales apuntan al DRIL, que lo reivindicó. No hay mención a ETA ni a ningún otro grupo”, responde Fernández Soldevilla.
Muerte en Amara
¿Quién sabe quién fue Begoña Urroz? Apenas tenía año y medio cuando murió abrasada por la explosión de una bomba, pero la fecha del atentado, 27 de junio, fue elegida por el Congreso de los Diputados para la celebración anual del día de recuerdo y homenaje a las víctimas del Terrorismo. Se estableció en 2010 bajo la presidencia de la Cámara del socialista José Bono, después de que la aportación del exministro Ernest Lluch en 2000 e informaciones periodísticas posteriores acusando a ETA pusieran el foco en el crimen de la estación de Amara.
Un año después, en 2011, la muerte de Begoña obró a favor de la nueva Ley de Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del Terrorismo, que sustituyó a la de 1999. Ésta reconocía como primera víctima al guardia civil José Pardines, tiroteado por el miembro de ETA Txabi Etxebarrieta en un control de carretera en junio de 1968.
La inclusión de la niña guipuzcoana como primera asesinada por la banda vasca supuso adelantar ocho años los efectos de la ley. “Se cambia por una equivocación pero gracias a ello se corrige un error histórico, el olvido de Begoña Urroz y la de otras dos personas heridas en acciones terroristas cometidas antes del 68”, explica Fernández Soldevilla.
La niña murió un día después del atentado, el 28 de junio de 1960, en la clínica del Perpetuo Socorro de San Sebastián. Allí fue ingresada después de que un mozo de la estación, Emeterio Ríos Gómez, la rescatara de las llamas en una valiente acción aplaudida públicamente.
Su madre, Jesusa Ibarrola Telletxea, recordaba la tragedia en un amplio reportaje firmado por Jesús Duva en El País en febrero de 2010: “Una tía mía, Soledad Arruti Etxegoyen, trabajaba en la consigna de la estación de Amara, en san Sebastián. Yo solía ir a ayudarla para ganarme unas pesetillas. Aquel día dejé a mi niña con ella mientras yo iba a un comercio cercano a comprarle unos zapatitos para ir a Navarra. Cuando volvía había un lío tremendo. ¡Había estallado una bomba! Mi hija estaba abrasada y otras personas, entre ellas mi tía, heridas. Fue horrible”.
En aquel artículo, en el que la familia de Begoña rompía 50 años de silencio, salieron a relucir además el olvido y la soledad, otros efectos menos visibles de la maleta incendiaria de la consigna de Amara. Consecuencias que se resumen bien en la frase pronunciada por los hermanos de la pequeña: “En aquellos años nadie hablaba de esas cosas y nosotros decidimos llevar nuestro drama en la intimidad”.
Sus sentidas declaraciones se produjeron en la víspera del que iba a ser el primero de los reconocimientos tributados a Begoña Urroz; un acto de homenaje en Lasarte a las víctimas de ETA del municipio. Antes ninguna institución se había acercado a la familia, que no había recibido más respaldo que el breve acompañamiento de las autoridades del momento a los actos fúnebres. Es más, los hijos sintieron que para sus padres, ahora ya fallecidos, la muerte de su hermana era “como un secreto, como una herida, como si encima ellos fueran culpables”.
Otro recuerdo familiar de la misma procedencia da idea de la intensidad del drama: “Aquellos días eran las fiestas del pueblo. Mi madre nos ha contado muchas veces que el día del entierro de la niña salieron de casa con la cajita blanca mientras la gente cantaba y bailaba por las calles”.
Error y confusión
Fernández Soldevilla y Aguilar Gutiérrez consideran que el reportaje de El País “contribuyó de manera crucial a la popularización de la teoría de la implicación de ETA”. En él se citaban distintos antecedentes que, según los autores, ayudan a comprender el error sobre la autoría del atentado por el que Begoña Urroz desplazó al guardia civil Pardines del encabezamiento de la siniestra lista etarra.
En 1992 el entonces vicario general de la diócesis de Guipúzcoa, José Antonio Pagola, incluyó a pie de página de un libro sobre ética para la paz la posibilidad de que la primera víctima de ETA fuera Begoña Urroz. Como él mismo insistió luego su nota no expresaba certidumbre ni indagación alguna, sino que se limitaba a recoger la existencia del atentado tras la aportación de una catequista vecina de los Urroz.
Ese mismo año la Policía detuvo en Bidart a la cúpula de ETA y en el ordenador de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, se halló una cronología general sobre distintos acontecimientos españoles y vascos en la que se incluía la bomba que mató a Begoña Urroz sin aludir a su autoría. A través de este documento y otro similar reproducido en el Anuario de Egin, dos periodistas de ABC atribuyeron a ETA el asesinato de la niña en 1995 y dos años después esta hipótesis fue asumida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Un artículo del exministro socialista Ernest Lluch en dos diarios, El Correo y La Vanguardia, en septiembre y octubre de 2000, insistía en imputar a ETA el asesinato, basándose en la fuente del vicario Pagola, en “informaciones comprobatorias y adicionales” y en que la familia “recibió versión oficial de la autoría de ETA y en su entorno vecinal no hay duda de ello”.
"Lluch se equivocaba", afirman ahora rotundos los autores del informe. "Por un lado, la banda jamás reivindicó el atentado, ni siquiera lo asumió en su documentación interna. Por otro, las autoridades no relacionaron a los etarras con el crimen. Por último, tampoco lo hizo la prensa del régimen, ni las publicaciones antifranquistas, ni los corresponsales extranjeros", señalan.
Las notas emitidas por el Ministerio de la Gobernación y el Gobierno civil de Vizcaya tras la oleada de bombas en la que se inscribió el atentado, se perdían en la ambigüedad de culpar a “enemigos del orden” y a “comunistas y separatistas” alentados por “elementos extranjeros”. Sin embargo, pocos días después, el 29 de junio, el DRIL reivindicó la autoría desde Venezuela a través de un comunicado.
Falta de investigación
Entonces, ¿por qué se culpó a ETA? “El DRIL duró muy pocos años, apenas cuatro, entre 1960 y 1964, y nadie reivindicó su memoria, que desapareció pasada una década”, apunta el historiador del Memorial. “Nos olvidamos del DRIL y aparece justo en el mismo sitio, en el País Vasco, un grupo activo [ETA], mucho más potente, que lo ocupa todo y del que sabemos que ya existía en la época mencionada”, continúa.
Explicando los antecedentes de Pagola, Txelis y Lluch citados, Fernández Soldevilla encuentra “bastante comprensible” el error cometido entre los 90 y los 2000. “ETA atentaba en San Sebastián de manera habitual y se dio por sentado que había sido ella. Influyeron la falta de estudios sobre la primera ETA; el peso académico, político y moral de Lluch, asesinado después; la verosimilitud de que hubiera sido la banda vasca, que acumulaba un sangriento historial de muertes, incluyendo a niños ; y el hecho de que nadie investigara de forma seria y rigurosa”.
Todo ello hizo que se adoptara como cierta una hipótesis posible pero no probada y que se obviaran las voces que señalaban en otra dirección. Entre ellas las de Alejandro Muñoz Alonso, Xabier Montanyà o Santiago de Pablo. A partir de 2011 las pistas en contra de la teoría mayoritaria arreciaron. En el periódico Berria los fundadores de ETA negaron su participación en la bomba de Amara y en 2013 el periodista Montanyà reveló un extracto de un boletín de la Brigada de Investigación Soicial en la que responsabilizaba al Directorio.
Los autores del trabajo niegan que la tesis de atribución a ETA que se impuso obedeciera a criterios de ocultación o manipulación de la verdad. “La ley de Protección de datos impidió hasta 2010 acceder a mucha documentación y cuando se pudo ver nadie lo hizo. Estaba ahí, pero no se vio. Tampoco había entonces un centro de referencia como el Memorial que se encargara de este tipo de investigaciones”.
Fernández Soldevilla admite, no obstante, cierta desidia colectiva por este asunto. “Los fundadores de ETA no eran una fuente creíble, pero aunque el informe de la Brigada social no era una prueba concluyente sí constituía una pista importante para reflexionar e investigar la versión que se había dado por buena”. En cambio, sólo algunos historiadores y medios, afines en su mayoría a la izquierda abertzale, insistían en cuestionarla.
El trabajo sustentado por el Memorial no deja ahora lugar a dudas. Sus autores afirman haber analizado todas las fuentes disponibles y estiman concluyentes los datos obtenidos. Sobresalen los aportados por los archivos oficiales portugueses, que contienen información de la Policía secreta de Salazar y diplomática de su Gobierno, y los suministrados en España por el Archivo Histórico de Defensa y el Archivo General de la Administración, con informes de los embajadores en Cuba, Brasil, Lisboa y Bélgica.
Composición y atentados del DRIL
Pero, ¿qué era el DRIL? Buscando la definición corta que ofrece el trabajo reseñado, se trataba de un grupo terrorista hispano-luso, es decir integrado por españoles y portugueses, que luchaba contra las dictaduras de Salazar y Franco con el horizonte de crear dos repúblicas hermanas que pudieran federarse entre sí en la península ibérica.
Su composición fue muy heterogénea. Anarquistas, comunistas, liberales, republicanos, nacionalistas gallegos… se unieron al calor de la revolución cubana y la ayuda prestada por el país caribeño para combatir los regímenes dictatoriales en España y Portugal. Sólo los aglutinaba su oposición a las dos dictaduras y su apuesta estratégica por la violencia. La falta de cohesión ideológica provocó fuertes conflictos internos casi desde el principio de su irrupción en 1960 hasta su total desaparición tras una escisión en 1964.
Sus dirigentes más relevantes fueron Abderramán Muley , José Velo Mosquera y José Fernández Vázquez, por el lado español; y dos miembros procedentes del ejército salazarista, el general Delgado y el capital Galvao, por la parte portuguesa.
Se desconoce cuál de los integrantes del DRIL envió la maleta que estalló en la estación de Amara. La Ley de Amnistía de 1977 borró la responsabilidad del crimen , que nunca fue juzgado y quedó impune.
En su corta vida el Directorio causó dos muertes y siete heridos. Su segunda víctima mortal fue el piloto Joao José do Nascimento Costa, de 25 años, oficial de guardia en el puente de mando del trasatlántico portugués Santa María, asaltado por un comando del grupo terrorista en enero de 1961. En aquel ataque otros dos miembros de la tripulación resultaron alcanzados por las balas, mientras que la bomba que mató a la niña en San Sebastián dejó además cinco heridos.
El secuestro frustrado del Santa María fue su acción con más proyección internacional. El barco fue localizado por la Armada de Estados Unidos y su plan de atracar en Angola quedó abortado.
Sus primeras operaciones tampoco tuvieron mayor éxito. A principios de 1960 firmaron su primera oleada de bombas con la colocación en Madrid de cuatro explosivos que causaron daños materiales y la muerte de un terrorista, José Ramón Pérez Jurado, en una de las explosiones. La Policía detuvo a Antonio Abad Donoso y a Justiniano Álvarez Montero; el primero fue fusilado tras un juicio sin garantías y el segundo, condenado a 30 años de cárcel.
Tras el fiasco de su primera campaña, el DRIL acometió otra en junio de ese mismo año con una nueva operativa. En vez de exponer a sus miembros, envió maletas bomba por tren y cuatro artefactos estallaron el 27 en las consignas de las estaciones de ferrocarril de Barcelona, San Sebastián y Madrid. La víspera había ardido un furgón del tren que cubría el trayecto Madrid- Barcelona y al día siguiente explotó otra maleta en el almacén de mercancías de la estación de Atxuri en Bilbao.
Sólo la explosión de Amara, producida a las 19.10 horas, originó víctimas. Begoña Urroz sufrió quemaduras en todas sus extremidades, heridas contusas en pierna y pie izquierdos y quemaduras en la cara. Sus padres, trabajadores navarros emigrados a Lasarte, velaron toda la noche a su primogénita, que murió a las once de la noche del día siguiente.
Su madre, según desveló ella misma a El País, suplió a su tía en la consigna de Amara hasta que esta se repuso de las heridas y desde su puesto nunca dejó que nadie depositara una maleta sin revisar previamente su contenido.