Es la noche del 15 de marzo de 2018 en la madrileña plaza de Nelson Mandela. El barrio de Lavapiés bulle en protestas por la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye. Hay quemas de contenedores, cargas y tensión. Un manifestante sufre heridas en una de las intervenciones policiales -la imagen salta a todos los informativos- y acusa a un agente, cuyas siglas corresponden a D.F.C., de lesiones y torturas. El procedimiento se ha extendido durante más de dos años, pero la Justicia ha optado por archivar la causa al no encontrar indicios suficientes contra el acusado.
Nos ubicamos en aquellas fechas. El mantero Mame Mbaye sufre un fallo cardíaco cuando huía de la Policía. Los intentos de los sanitarios por salvar su vida son inútiles y la muerte provoca una profunda conmoción en la capital, con las consiguientes intervenciones políticas y debates televisados. Todo en cuestión de horas.
El barrio de Lavapiés canaliza el descontento y esa misma tarde se anuncian movilizaciones. Cae la noche y las protestas dan lugar a escenas de tensión. Los manifestantes acusan a los policías que tienen enfrente de ser los compañeros de quienes habían acabado con Mbaye.
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Recordemos que a esas alturas todavía no había una autopsia y había quienes acusaban a la Policía de haber matado al mantero en la persecución.
Se registran varios incidentes en Lavapiés. La Policía despliega varias unidades, dando un especial protagonismo a la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios.
Un individuo de origen senegalés se lleva un fuerte golpe en una de las cargas en la plaza de Nelson Mandela y cae al suelo. Una ambulancia del SAMUR le traslada a un hospital, donde se le hace un parte de lesiones.
Al recuperarse, presenta una denuncia en dependencias policiales por lesiones y torturas. Es el comienzo de un largo recorrido judicial.
Señalan a D.F.C.
El denunciante no tenía datos suficientes para acusar a ningún agente en concreto, pero sí un vídeo en el que se veía la carga policial. Con intención de aclarar los hechos, se citó a declarar al jefe del dispositivo. Este señaló que, según recordaba, uno de sus hombres había vivido un incidente. Y dio su nombre: D.F.C.
El policía acusado de lesiones y torturas recurrió a los servicios jurídicos del sindicato Jupol y del abogado Pedro Chamorro. Según su testimonio, él no pudo ser el autor de la carga contra el manifestante herido por varios motivos.
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El policía que protagonizaba la carga iba equipado con un escudo antidisturbios. Según el acusado, él no llevaba este equipamiento, puesto que era jefe de equipo. También decía que no se reconocía en las imágenes aportadas por la acusación. Y ante las preguntas de por qué no llevaba el chaleco antitrauma con el número identificativo, señaló que "se lo pone cada uno cuando lo manda el superior", que no era el caso.
¿Y el incidente que habría vivido, a tenor de la declaración de su superior? El policía acusado admitió que había vivido un episodio destacado, pero que no tuvo lugar en la plaza Nelson Mandela, sino en la calle Oso, en las inmediaciones. Que un manifestante habría tratado de romper la barrera policial y que habrían protagonizado un forcejeo, pero que nada tuvo que ver con el episodio juzgado.
Con esos argumentos, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha decretado el sobreseimiento del caso. Considera que sí hay numerosas diligencias para acreditar un supuesto constitutivo de infracción penal pero que es imposible atribuirle los hechos a D.F.C.