Policías de San Sebastián denuncian supuestas irregularidades en el contrato de la residencia

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en San Sebastián han emitido un comunicado en el que denuncian supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos de la residencia que el cuerpo tiene en el Paseo de Urumea. Consideran que la prórroga del acuerdo con la empresa que presta los servicios se hizo de espaldas a la ley y solicitan que se devuelvan las cantidades abonadas a partir del 1 de septiembre de 2018 a los usuarios de la residencia.

El sindicato Jupol ha canalizado la queja, que ya han remitido por escrito al director de la Policía Nacional. Según sus explicaciones, en 2014 se licitaron los servicios a prestar en la residencia, en la que están alojados alrededor de 180 agentes. Desde entonces se han ido prorrogando los contratos para que la empresa adjudicada siguiera desempeñando los servicios en las dependencias policiales.

La polémica arrancó en verano de 2018. Desde Jupol señalan que la Policía debía haber sacado a concurso una nueva licitación para cumplir con la ley de contratación pública, recientemente implantada. El cuerpo -siempre siguiendo la versión del sindicato- optó por firmar una nueva prórroga que se hizo efectiva a partir del 1 de septiembre de 2018, aduciendo que no habían tenido tiempo para preparar una licitación pública.

La devolución del dinero

"Las prestaciones que configuran el objeto del contrato han sido acordadas sin respetar el procedimiento legalmente establecido para ello, sin habilitación legal, por quien no resulta competente para ello, incurriendo en graves irregularidades que constituyen causa de nulidad administrativa", detalla el comunicado.

A Jupol Guipúzcoa, que por entonces no era representativo, no se le permitió participar en las reuniones mantenidas entre la Policía y otros sindicatos en las que se abordó la prórroga del contrato en la residencia de San Sebastián.

Ahora, no obstante, pide a la Dirección de la Policía que se declaren nulos los actos administrativos de la residencia entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de enero de 2019 y que se devuelvan las cantidades abonadas a los agentes que hacen uso de este servicio. Por último, sostienen que ha habido una "pérdida de calidad de los servicios" en los últimos meses en estas dependencias.